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Juez uruguaya autoriza la extradición de Alejandro Melgar, acusado en el caso Rózsa

Melgar, ex árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje en Asuntos y Procesos de la Cámara de Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco), es acusado de haber financiado en 2009 la compra de pasajes y armamento para los acusados de formar parte de la célula terrorista conformada por el boliviano-húngaro Eduardo Rozsa.

Alejandro Melgar Pereira

Alejandro Melgar Pereira durante una entrevista en TV

La Razón Digital / B. Montero / La Paz

12:39 / 14 de abril de 2015

A tres años de su captura, una juez uruguaya autorizó la extradición del ciudadano boliviano Alejandro Melgar Pereira, acusado en el país de conspiración y financiamiento de grupos terroristas en el caso “Rózsa” o “Terrorismo I”.

La solicitud del gobierno boliviano fue aprobada por la jueza Adriana De los Santos, según publica hoy el diario El País de Uruguay.

Melgar, ex árbitro del Centro de Conciliación y Arbitraje en Asuntos y Procesos de la Cámara de Comercio y Servicios de Santa Cruz (Cainco), es acusado de haber financiado en 2009 la compra de pasajes y armamento para los acusados de formar parte de la célula terrorista conformada por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa.

El boliviano de 45 años, hijo de madre uruguaya, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Carrasco el 24 de abril de 2012 y luego recluido en Cárcel Central de Montevideo bajo arresto administrativo a la espera de que se resuelva el pedido de extradición.

El caso fue tomado por la jueza Santos, quien ya en diciembre, según publica El País, se pronunció a favor de autorizar la extradición.

La abogada de Melgar, Silvana Echeveste, adelantó al medio uruguayo que apelará la sentencia y también anunció su disposición a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia con un recurso de casación.

La defensa alega que la detención de Melgar fue "arbitraria" ya que "carecía de norma habilitante" porque la orden de aprehensión boliviana era "inválida" dado que el juez que la firmó fue declarado incompetente 31 meses antes de la captura.

"Melgar ha sido víctima de persecución política, se le han vulnerado sus derechos humanos, situación que ha debido ser prevenida por Uruguay y no agravarla, brindando protección efectiva a un conciudadano en vez de encarcelarlo por más de 30 meses", sostiene un escrito presentado por su defensa ante la Justicia y que hoy es reproducido por El País.

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