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El vicepresidente anuncia que la controversia con OAS por la ruta por el TIPNIS se resolverá en tribunales bolivianos

Alvaro García Linera asegura que la IX marcha por el TIPNIS es antidemocrática porque va contra la consulta previa y que la anulación de los contratos de construcción de la carretera con la empresa OAS desvirtúa la principal demanda de los indígenas y convierte a la caminata en política.

La Razón Digital / Eduardo Chávez y ABI / La Paz

12:19 / 11 de abril de 2012

El vicepresidente Álvaro García Linera aclaró esta mañana que el contrato con la empresa brasileña OAS, que el Gobierno anulará por incumpliendo de obras en la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, establece que las controversias judiciales deben ser resueltas en tribunales bolivianos.

En conferencia de prensa, el gobernante salió al paso con esa aclaración ante consultas de la prensa sobres versiones de la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, respecto a que OAS podría acudir a tribunales brasileños para iniciar un juicio contra Bolivia por la resolución del contrato.

"Sobre el tema de juicios, el artículo 21 del contrato establece que en caso de surgir controversias entre el contratante y el contratista, que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial bajo la jurisdicción coactiva fiscal, eso es Bolivia", manifestó.

Agregó que "queda aclarado y despejado ese temor infundido de manera errónea y maliciosamente falsa de parte de una abogada mirista (del Movimiento de Izquierda Revolucionaria) que hablo de tribunales brasileños".

Explicó que el Gobierno boliviano tomó la determinación de anular el contrato con OAS en el marco de una "decisión soberana" debido a numerosos incumplimientos de la empresa brasileña, que debía construir los tramos I y III de la carretera entre Cochabamba y Beni.

A criterio del Vicepresidente, Bolivia no incurrió en ninguna falta para rescindir el contrato, porque el documento establece que una de las causas atribuibles es el incumplimiento en la ejecución de la obra, de acuerdo al cronograma.

Recordó que el 9 de abril, el Gobierno boliviano dio aviso por escrito a OAS sobre su intención de resolver el contrato, en el marco de las estipulaciones del documento, que otorga 15 días hábiles para que la empresa enmiende las fallas.

Detalló que los incumplimientos en los que incurrió OAS son: la desmovilización y el despido de personal; el retiro de maquinaria del lugar de construcción; el rechazo a aceptar metodología de medición del avance de obra y de los pagos respectivos y el retraso en el avance de obra que a la fecha registra el 5%, cuando debería estar en 20%.

"Nosotros estamos seguros en la parte técnica y jurídica que esos retrasos y esos incumplimientos al contrato son estructurales, no son algo que pueden ser corregidos mañana, sin embargo el contrato le da a la empresa 15 días para ver si puede resolver", afirmó.

En cuanto a la movilizavión convocada por la Cidob, el Vicepresidente aseguró los indígenas del TIPNIS que realizarán la IX marcha tienen todo el derecho de hacerlo, pero que su medida ya es totalmente antidemocrática porque va en contra de la consulta previa.

La autoridad explicó que la decisión del presidente Evo Morales de iniciar el proceso de anulación de contratos con la empresa OAS –para la construcción de los tramos I y III de la carreta que unirá Villa Tunari con San Ignacio de Moxos– elimina la demanda central de la IX marcha convocada para el 25 de abril.

"Pueden marchar tienen su derecho y respetamos su derecho democrático a marchar, pero ya no tiene que ver con la carretera ni el Parque, si marchan tiene que ver con otros tipo de temas que yo considero que son de carácter político... Ahora si marchan contra la consulta sería la primera marcha en la historia de Bolivia contra la democracia", dijo la segunda autoridad del país.

La construcción de los tres tramos que unirán las poblaciones de Villa Tunari y San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) provocó la XIII marcha de la Cidob –de septiembre a diciembre de 2011– y la aprobación de la denominada Ley Corta que prohíbe la construcción del tramo II por el corazón de la reserva y la Ley de Consulta Previa.

Además de esas normas surgieron observaciones al trabajo de la empresa brasileña OAS, contratada mediante un crédito otorgado por el banco de desarrollo de ese país. Esas críticas motivaron al presidente Evo Morales a anunciar la anulación de contratos y la posibilidad de que este proyecto caminero vuelva a punto cero.

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