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En medio de huelgas, hoy se define destino de Orellana

Un juez de Cochabamba definirá hoy si el candidato opositor se queda en el penal de San Sebastián o continúa la campaña en libertad. Los Sin Miedo mantienen las protestas

Aspirantes. Del Granado y Gil ingresan a la cárcel de San Sebastián.

Aspirantes. Del Granado y Gil ingresan a la cárcel de San Sebastián. Fernando Cartagena.

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez, Angélica Melgarejo / La Paz, Cochabamba

03:56 / 05 de septiembre de 2014

Desde las 09.00 de hoy una audiencia decidirá el destino de Mario Orellana, candidato del Movimiento Sin Miedo (MSM), quien fue recluido hace ocho días por un caso que le inició la Gobernación de Cochabamba en 2011. La tienda opositora calificó este juicio como “persecución política”.

El postulante solicitó la cesación de la detención preventiva, la misma que será considerada por el Juzgado 4° de Instrucción Penal Cautelar.

El fiscal de distrito de Cochabamba Freddy Torrico, a cargo del caso, indicó que existen requisitos formales que “el procedimiento exige para acogerse a la libertad”; éstos son tener familia, vivienda y trabajo que sean respaldados con documentos probatorios. “No soy un vago, trabajo en este departamento. El ser candidato es un trabajo, es una actividad lícita, es elemento arraigador. Soy candidato y quiero ser senador por este departamento y, reitero, ese no fue el tema (para el encarcelamiento)”, respondió Orellana, en el penal de San Sebastián.

La audiencia se desarrollará en medio de una treintena de piquetes de huelga en todo el país que suman al menos unos 400 militantes del MSM y algunos del Partido Verde de Bolivia (PVB), como Alejandro Almaraz, que ingresaron en huelga de hambre como protesta por la detención del Sin Miedo. 

Preocupación. El encarcelamiento de Orellana provocó preocupación en el representante de la oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Racicot. “Nos preocupa que sea un caso abierto desde hace algunos años y que se produzca su detención en el marco de la contienda electoral”, enfatizó.

Por su parte, Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en Bolivia, se solidarizó con el apresado y criticó al Gobierno por no dar “las mínimas garantías” de protección del detenido.

Juan del Granado, líder y candidato a la presidencia por el MSM, crítico el hecho de que el postulante haya sido tratado como un delincuente. Orellana presume que su detención tiene “vinculación del juez con el Movimiento Al Socialismo (MAS) y una orden de detención que provino del gobernador Edmundo Novillo”.

Según Torrico, no existe injerencia política en las actuaciones de las autoridades judiciales en este caso. La denuncia interpuesta fue reactivada el mes pasado cuando un juez determinó su detención por “peligro de fuga” y luego que Orellana divulgara un audio con declaraciones del presidente Evo Morales.

MSM pide a Morales que investigue al ‘judas’

Rubén Ariñez

El opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) pidió al presidente Evo Morales investigar a los militantes de su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), con el fin de identificar al “judas” que grabó la conversación en la que afirma que la cumbre del G77 fue electoral.

“Que Evo Morales busque al ‘judas’ en su entorno, que busque a quien dicen que le ha traicionado con esta grabación”, señaló ayer el vocero del MSM y candidato a diputado por esta tienda en La Paz, Edwin Herrera, quien además negó que la supuesta infiltración fuera una iniciativa de su partido.

La semana pasada, el candidato de los Sin Miedo a la primera senaduría por Cochabamba, Mario Orellana, hizo público un registro de audio protagonizado por el mandatario Morales en ocasión de una reunión con sus militantes.

Campaña. Herrera indicó que Morales, quien también es candidato a la presidencia por el MAS, “debería estar preocupado en saber cómo es que le están grabando. No le tienen confianza”. Y cuestionó: ¿las cosas que se dicen ahí tiene otro tipo de implicaciones?

Por efecto de esta “denuncia”, según directivos del MSM, la Gobernación cochabambina habría reactivado un caso que se le interpuso a Orellana en 2011 por inscribirse a las elecciones en ese departamento de forma irregular, con documentos inválidos.

Las amenazas al voto libre llegan a la Justicia

Rubén Ariñez

Las amenazas contra el voto libre que profirieron el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Damián Condori, y el diputado del Movimiento Al Socialismo Luis Gallego llegaron ayer al Ministerio Público para establecer si son pasibles de una sanción penal.

“Estoy presentando esta demanda penal contra el ejecutivo de la CSUTCB, para que sea investigado por su amenaza de que en el área rural deben votar en línea por Evo Morales y el candidato uninominal”, señaló ayer el postulante a la quinta diputación por La Paz de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, en la Fiscalía de La Paz.

El dirigente Condori indicó que en el último ampliado sindical de su sector se estableció un voto en línea el 12 de octubre, día de los comicios presidenciales. “Es un control orgánico; en el área rural es muy familiarizado. Está prohibido votar cruzado”, señaló.

Quispe enfatizó que esta acción es considerada un “delito” puesto que está tipificada como “coacción electoral”. Este criterio fue ratificado por el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Ramiro Paredes, quien aclaró que esta contravención tiene “pena privativa de libertad de uno a tres años”, según reseña el artículo 238 de la Ley 026 de Régimen Electoral.

Diputado. Hace algunos días, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Luis Gallego dijo que en el Norte de Potosí se determinó sancionar con “chicotazos” a quienes no sufraguen por el partido oficialista o voten “cruzado”.

La vocal Dina Chuquimia informó que la instancia electoral decidió remitir este caso al Ministerio Público para su consideración. “Estaríamos hablando de un delito electoral, por tanto, la sanción será definida por las autoridades judiciales”, explicó a La Razón la vocal del TSE.

La norma electoral, para este caso, específica que si el infractor es servidor público quedará inhabilitado dos años para ejercer la función pública. De acuerdo con el candidato a diputado uninominal por el Movimiento Sin Miedo (MSM), Fabián Yaksic, “no es la primera vez que dirigentes del MAS de manera cínica estén amenazando. Que amenace de chicotazos a los bolivianos si no votamos por el MAS es un delito electoral flagrante”, dijo.

Gallego aclaró que sus declaraciones estaban circunscritas a una directiva partidaria. Con anterioridad, el jefe de bancada del MAS en el Senado, Julio Salazar, calificó este tipo de declaraciones como “una metida de pata” puesto que puede considerarse “fraude” electoral.

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