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El Estatuto potosino estimulará explotación de materias primas

Opositores afirman que la norma relega algunos aspectos estratégicos

La norma fundamental de Potosí

La norma fundamental de Potosí

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez / La Paz

00:00 / 30 de agosto de 2015

El Estatuto Autonómico de Potosí, que se someterá a consulta ciudadana el 20 de septiembre, promoverá la creación de empresas relacionadas con la minería y los  recursos evaporíticos como el litio. Cívicos y opositores cuestionan el contenido de la normativa.

El artículo 65 de la propuesta de norma estipula que la Gobernación debe “gestionar” la participación como “socio” en empresas públicas, que desarrollen actividades en la cadena productiva de este tipo de materias primas.

“Uno de los aspectos trascendentales y estructurales que recoge el Estatuto es el aprovechamiento de los recursos naturales en los que está previsto la constitución de empresas mixtas de producción”, indicó el jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Potosí, David Ramos.

Sin embargo, surgieron críticas en sectores opositores. Advierten que la normativa regional no considera a este metal como un factor estratégico del desarrollo del departamento. ¿Dónde reside la importancia?

Riqueza. Potosí tiene en el salar de Uyuni a uno de los mayores reservorios de litio del mundo. De hecho, desde 2007 el Gobierno boliviano impulsó proyectos —aunque en menor escala— para desarrollar la industria de esta materia prima, como la producción de carbonato de litio, un componente primordial para la fabricación de baterías para la electrónica.

En esa línea, la semana pasada, el Órgano Ejecutivo anunció una significativa inversión en el sector. Se encargó la elaboración de los planos de la primera planta industrial de carbonato de litio (base para la fabricación de baterías) y anticipó que avanzará en el desarrollo de sales catódicas. El Gobierno informó que hasta 2020 financiará unos $us 925 millones.

Sectores como el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), que promovió una protesta de 27 días para pedir al Órgano Ejecutivo obras de infraestructura para el desarrollo regional, se opone a la aprobación de la normativa regional. Los cívicos exigen que el Estatuto propugne una mayor participación en estos proyectos con el fin de captar mayores recursos para financiar sectores como el de salud, educación y turismo, que tienen muchas deficiencias.

Un criterio que respalda la opositora Unidad Demócrata (UD) es esta región. “Hemos planteado ser socios en la explotación del litio. El Estatuto es ambivalente porque si no gestionamos, no somos socios del litio. Ésta es la única fuente de financiamiento que hemos identificado”, explicó el diputado de esta tienda, Gonzalo Barrientos.

Al respecto, Ramos (MAS) aseguró que el parágrafo II del artículo 65 “refuerza” la constitución de empresas departamentales de producción “propias” de la Gobernación que incursionarán en la cadena productiva de este sector una vez que el Estatuto Autonómico entre en vigencia. “Será un proceso nuevo”, puntualizó.

Sin embargo, Comcipo cuestionó esta aseveración. Jhonny Llaly, presidente de este sector, informó que se identificaron 50 artículos de los 103 que tiene el documento sin “consistencia” y con serias “observaciones de fondo”. Precisamente, una de ellas hace referencia a que la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Minería y la de Empresas Públicas “no le permiten a la Gobernación efectuar actividades mineras”. 

Ramos consideró que las “observaciones” que plantean los cívicos son “totalmente infundadas e irresponsables”. Explicó que la CPE, la Ley de Autonomías, de Inversiones, y la misma Ley de Empresas Públicas “refrendan” la creación de empresas públicas y mixtas departamentales. “No es solo una iniciativa o buenas intenciones, es el Estatuto más avanzado del país”, enfatizó Ramos.  El senador René Joaquino (MAS) exhortó al diálogo a los sectores disidentes para perfilar los posibles ajustes a la normativa que será sometida a consulta. “La solución pasa por la aprobación y después hacer las modificaciones como toda norma porque no está escrita en piedra”, aseguró.

Tras las elecciones subnacionales, el MAS tomó el control de la Asamblea potosina; de las 36 curules que tiene esa entidad, 23 son del partido de gobierno y el resto de otros frentes. Además, la Gobernación está en manos del oficialista Juan Carlos Cejas, quien ganó los comicios con el 57%.

Campaña. La campaña está en marcha y ya se registran fricciones entre sectores afines al gobernante MAS y opositores, en particular en las provincias. Dirigentes  campesinos e indígenas amenazaron con “impedir” el ingreso de opositores a sus regiones. Aun así, el cívico Llaly aseguró que “estará” en todas las regiones del departamento. “Otra cosa son las bases, vamos a seguir con la campaña, no tememos a nada”, dijo.

La molestia indígena surgió durante la protesta cívica de julio que culminó con el pedido de declarar a Potosí como un “estado federal”. En criterio de Joaquino, es necesario “implementar un debate sincero” para establecer los beneficios y perjuicios que devienen de un sistema autonómico como el que diseña el Estatuto. “En este proceso se puede plantear una descentralización más profunda, no sé con qué nombre, puede ser federalismo”, aseguró el senador y exalcalde de Potosí.

Visiones de Comcipo y Oposición de la ley

1. Los cívicos cuestionan la ausencia de los límites, colindancia y superficie del departamento. El MAS asegura que este aspecto no se puede consignar en la norma porque sería un perjuicio para la demanda que el país instauró en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El Litoral colindaba con Potosí.

2. Si bien la normativa fomenta el turismo regional y su fortalecimiento, los cívicos demandan la inclusión de estrategias y planes específicos de preservación del Cerro Rico de Potosí, ícono turístico de la capital, que se ve afectado por fallas geológicas que ponen en riesgo la estabilidad estructural.

3. Comcipo y el opositor Movimiento Demócrata Social (Demócratas) coinciden en que el Estatuto no especifica de manera precisa la participación de la Gobernación como socio en la explotación del litio. El oficialismo asegura que este aspecto está plenamente desarrollado en la norma.

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