Elecciones judiciales 2017

Legislativo y Contraloría indagan contratos del Estado con CAMC

Según la defensa de Gabriela Zapata, ella comenzó a trabajar en la firma china desde 2013 y explicó que desde ese entonces se suscribieron dos contratos con el Estado

informe. El contralor Herbas anunció ayer, en conferencia de prensa, el inicio de la investigación de los contratos entre   el Estado y CAMC.

Informe. El contralor Herbas anunció ayer, en conferencia de prensa, el inicio de la investigación de los contratos entre el Estado y CAMC. APG.

La Razón (Edición Impresa) / Luis Mealla / La Paz

04:27 / 12 de febrero de 2016

Una comisión especial del Legislativo y la Contraloría General del Estado investigarán los contratos que el Estado suscribió con la empresa china CAMC, en la que trabaja Gabriela Zapata, la expareja del presidente Evo Morales. El contralor Gabriel Herbas informó ayer que ya solicitó información a los ministerios de Obras Públicas, Minería e Hidrocarburos, con los que la empresa extranjera suscribió acuerdos para desarrollar proyectos en el ámbito del desarrollo y la infraestructura. La autoridad asumió la acción luego que Morales le enviara una carta pidiendo que indague esa relación contractual, con el fin de comprobar o descartar un tráfico de influencias.

“La Contraloría hará una revisión de esos contratos firmados, que serían alrededor de siete, por lo tanto nuestro requerimiento será a los correspondientes ministerios”, explicó Gabriel Herbas. La autoridad agregó que incluso solicitará documentación a la empresa china y a las notarías de gobierno.  El actual Contralor del Estado fue diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) entre 2006 y 2008; este 2016 cumplirá su noveno año en el cargo como interino.

Proceso. Horas antes de que Herbas anuncie el inicio de la investigación de los contratos, el Mandatario pidió al presidente nato de la Asamblea, Álvaro García Linera, que conforme una comisión para ejecutar similar acción, medida que ya fue sugerida el miércoles por legisladores de la oposición, a quienes el Gobierno acusó de usar este hecho para promover la opción No en la campaña del referéndum constitucional del 21 de febrero.  

“Que organice esta comisión en la Asamblea para que investigue sobre el llamado tráfico de influencias y no encontrarán nada, porque no tenemos nada que ocultar”, afirmó el Presidente, tras reunirse en el Palacio Quemado con los jefes de bancada del MAS.

El artículo 158 de la Constitución Política establece como una de las atribuciones del Legislativo “realizar investigaciones en el marco de sus obligaciones fiscalizadoras, mediante comisión o comisiones elegidas para el efecto, sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes”.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), anticipó que se conformará una “comisión plural” entre oficialistas y opositores, quienes deben ser designados durante una sesión plenaria, prevista para el próximo martes, cuatro días antes del referéndum constitucional.  “La investigación podría durar entre 30 y 45 días”, adelantó Borda. La pasada semana, Morales admitió que conoció a Zapata en 2005 y que dos años después tuvo un hijo con ella, pero que el pequeño falleció poco después.

Desde 2013, Gabriela Zapata funge como gerente comercial de la firma CAMC Engineerig, que según el Gobierno se adjudicó siete proyectos estratégicos; empero el abogado de Zapata, Fernando Cortez, aseguró a La Razón que solo son cinco y que la firma está abierta a la investigación y a brindar “cualquier información”.

Apuntes y datos sobre este caso

Domicilio

Gabriela Zapata no compró un inmueble en el residencial barrio de La Rinconada. El abogado de la familia Fortún, Álex Panique, indicó que la abogada vive en ese domicilio por un anticrético de $us 100.000.

Entrevista 

Zapata habló con El Deber. Anunció un proceso legal contra el periodista Carlos Valverde, quien desveló la relación que ella tuvo con Evo Morales.

UD pide a la sociedad que vigile la investigación

El jefe de bancada de la opositora UD en el Senado, Arturo Murillo, solicitó que en la investigación que realice la comisión de legisladores del caso CAMC participen actores de la sociedad civil para vigilar que el proceso no se convierta en un acto político, sino que brinde elementos jurídicos para acusar a los responsables, en caso de hallar tráfico de influencias u otros delitos.

“Nuestra obligación es controlar y fiscalizar, pero estamos enviando una nota al presidente de la Asamblea, Álvaro García Linera, para que participe la sociedad civil en esta investigación en calidad de veedores, pudiendo solicitar la documentación que considere pertinente”, explicó el legislador.

El presidente Evo Morales pidió a García conformar una entidad para indagar los contratos con la firma china, situación que fue solicitada hace dos días por la oposición, que ayer envió un proyecto de resolución camaral a la presidencia del Legislativo pidiendo la conformación de una comisión “multipartidaria”.

Firma reconoce 5 contratos con el Estado

La empresa china CAMC y el Estado suscribieron cinco contratos en diversos proyectos de desarrollo, explicó ayer a La Razón Fernando Cortez, abogado de la compañía. El profesional, quien también representa a Gabriela Zapata, actual gerente comercial de la empresa china, explicó que tres de estos acuerdos fueron firmados antes de 2013, cuando su defendida fue contratada por esta empresa.

“Son cinco proyectos; de todos ellos, en tres no estaba ella. Entró a trabajar en 2013; los otros proyectos son de 2009, 2012 y 2013. Ella no se ha sentado en lobby con ningún ministro, no participa en las comisiones de calificación, ni tiene llamadas del Presidente (Evo Morales) ni de Palacio”, afirmó.

Según el Gobierno, CAMC se adjudicó siete proyectos estratégicos: el ingenio azucarero de San Buenaventura en La Paz, la compra de perforadoras para YPFB, un tramo de la línea férrea Bulo Bulo-Montero, tres trabajos para el emprendimiento Misicuni, Cochabamba y el proyecto de sales de potasio de litio en Potosí; éstos últimos dos cuando Zapata ya era funcionaria de esa firma.

El periodista Carlos Valverde denunció tráfico de influencias. El comunicador mostró un certificado de nacimiento que daba cuenta de la existencia de un hijo entre Morales y Zapata, lo que desató críticas en la oposición y posturas de defensa por parte del oficialismo. El Presidente admitió la relación, pero reveló que el pequeño falleció y acusó a sus adversarios de usar a “un niño muerto” para promover una campaña negativa para el referéndum del 21 de febrero. Morales afirmó que desde 2007 no tiene ninguna relación con ella.

Zapata ayer presentó una querella penal contra Valverde, ante el Ministerio Público, por el delito de “violencia contra la mujer”, tipificado en la Ley 348 contra la violencia hacia las mujeres. Ayer, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz apoyó a Valverde y pidió garantías para ejercer el oficio.

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