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Constitucional alega que solo una ley puede regular la información

El TCP anuló la limitación a la transmisión de entrega de obras debido a que el TSE se atribuyó competencias ajenas al regular el derecho fundamental a la información 

Resolución. Los magistrados Oswaldo Valencia, Macario Lahor y Mirtha Camacho presentan el fallo.

Resolución. Los magistrados Oswaldo Valencia, Macario Lahor y Mirtha Camacho presentan el fallo. APG.

La Razón (Edición Impresa) / Yuvert Donoso / Sucre

02:55 / 28 de enero de 2016

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) —en el fallo que anuló la limitación de 15 minutos a las transmisiones de entrega de obras— argumentó que únicamente una ley, aprobada en la Asamblea Legislativa, puede fijar límites o regular el derecho al libre acceso a la información pública.

De esta manera, el TCP confirmó la inconstitucionalidad del artículo 24 del Reglamento de Campaña y Propaganda Electoral en el Referendo. El Constitucional argumentó en su resolución, presentada ayer por el magistrado Macario Lahor, que la regulación y especialmente las restricciones o limitaciones de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) únicamente pueden ser establecidas mediante una ley emanada por el Órgano Legislativo. Esa fue la base para anular el artículo 24 del reglamento que fue impugnado a través de un recurso promovido por el Gobierno.

El TSE había defendido la constitucionalidad del reglamento amparado en una legislación comparada de varios países de la región que reivindicaba el equilibrio en la campaña y el Gobierno, que demandó su ilegalidad, aseguró que la norma vulneraba el derecho a la información de los bolivianos. El hecho es que el oficialismo utilizó los actos de gestión de obras para promocionar la opción del Sí.

Debate. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró a La Razón que alrededor de esta temática se ha generado un “debate que tiene sus subjetividades”. Tanto el Gobierno como el TSE han asegurado que acatarán el fallo. Pero existe el antecedente que marcó la presidenta del TSE, Katia Uriona, al entregar su informe de gestión 2015, cuando aseguró que como parte de la reestructuración de la entidad electoral se alista un periodo de ajustes a las normativas electorales debido a los vacíos legales que se habían evidenciado, además del mejoramiento del sistema de representación política a través de la generación de una nueva ley de partidos políticos que debe ser aprobada en la Asamblea.

Respecto a la posibilidad de separar la gestión gubernamental de la campaña electoral, Romero sostuvo: “No sé si es necesaria una delimitación, (...) al final, en un debate ideológico de confrontación de ideas, todos los espacios de vocería ante la opinión pública tienen una tendencia natural a expresar la posición sobre un referéndum que tiene trascendencia nacional”. Para los opositores la gestión no debe ser utilizada para campaña, pero tras el dictamen del TCP han avizorado un desequilibrio. “Se han salido con el gusto de transmitir las horas que quieran: matiné, tanda, noche y trasnoche en su campaña y la entrega de obras, y eso muestra cómo se van a utilizar los bienes del Estado en campaña”, indicó el diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos. 

El vicepresidente Álvaro García anticipó ayer que el oficialismo destinará mayor control a sus militantes para evitar contravenciones electorales en los actos de campaña. El opositor Barrientos recordó, por ejemplo, el uso de banderas del Sí en los actos de gestión. “Ni ellos mismos creen en sus propias promesas”, lamentó el legislador.

El ministro de Autonomías, Hugo Siles, admitió que hay “un límite muy estrecho” entre ambas actividades, pero enfatizó que “campaña es una cosa y gestión es otra”. Además, consideró que la entrega de obras “es un acto de transparencia”; en la misma línea, su colega Romero manifestó que los actos de gestión son la “muestra de un gobierno exitoso”.

Invasión de competencia

Si bien el TCP reconoció el mandato constitucional del TSE de organizar, administrar procesos electorales, considero que la entidad electoral “debió tener cuidado de no invadir competencias reconocidas a otros órganos, como ocurrió en el caso presente”.

García: El No encubre revocatorio de Evo

Rubén Ariñez

El Gobierno, a través del vicepresidente Álvaro García Linera, afirmó ayer que la oposición encubre en su campaña del No a la reforma constitucional un plan de “desestabilización de la democracia” y de “acortamiento del mandato” del presidente Evo Morales, quien cumplirá su tercer mandato el 22 de enero de 2020. 

“Llamo a la población a reflexionar y tomar en cuenta que detrás de la campaña por el No está la campaña por la revocatoria del mandato del presidente Evo y revocatorio significaría retroceder en la voluntad popular y retroceder en la estabilidad política y económica de Bolivia”, indicó la autoridad en una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno.

Para sustentar su denuncia presentó un video en el que el exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa declara que “va a ser muy difícil para un gobierno continuar cuando el pueblo le diga no, es decir, por ética Evo Morales tendrá que irse”.

El criterio también fue esbozado por los disidentes del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), el exdiputado Lino Villca y el exasambleísta Roberto de la Cruz, quienes al inicio de la campaña electoral anticiparon que de ganar el Sí iniciarían los trámites para un revocatorio de mandato. “Está proponiendo que de ganar el No el 21 de febrero, Evo Morales tiene que irse del Gobierno”, analizó García.

Para el alcalde de La Paz y líder de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, de ninguna manera la victoria del No el 21 de febrero, fecha de la consulta de la reforma constitucional, implica “el acortamiento del mandato” del presidente Morales. “Como defensores de la Constitución y de nuestra democracia seremos garantes de que el Presidente cumpla su mandato”, precisó. Roman Loayza, otro disidente del MAS, respaldó el criterio del burgomaestre.

Gobierno y TSE aceptan el fallo con ‘humildad’

El Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaron ayer que acatarán el fallo del Tribunal Constitucional (TCP) que dejó sin efecto la limitación de 15 minutos a las transmisiones de entrega de obras del nivel central y los gobiernos subnacionales.

“Vamos a acatar (el fallo), lo aceptamos con humildad. Primero como gobernantes limitaba nuestra comunicación con la población; segundo, limitaba a la población su comunicación con Bolivia. Era una medida discriminatoria”, indicó ayer el vicepresidente Álvaro García Linera.

El TSE, a través de un comunicado de prensa, informó que es “respetuoso del Estado de Derecho y de la institucionalidad democrática, el Órgano Electoral Plurinacional acata plenamente la mencionada sentencia constitucional”. La entidad electoral fue notificada con el fallo la mañana de ayer y con ello dio por cerrado el caso. Por efecto del fallo, solo el artículo 24 del Reglamento para Campaña y Propaganda Electoral en Referendo quedó excluido de esta normativa, el resto será de “estricta aplicación” en este proceso.

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