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Unidades de Transparencia intervendrán en cualquier proceso de contratación estatal

El ministro de esta cartera, Héctor Arce, citado en un boletín de prensa, explicó al pleno de Diputados que esta nueva norma busca fortalecer el trabajo de las unidades de transparencia para luchar frontalmente la corrupción en todas las instancias estatales.

Ministro Arce expone ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Unidades de Transparencia.

Ministro Arce expone ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Unidades de Transparencia. Foto: Ministerio de Justicia

La Razón Digital / ABI / La Paz

15:47 / 02 de julio de 2017

Las Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción tendrán la potestad de requerir información de cualquier proceso de contratación en las entidades estatales y empresas públicas, a denuncia o de oficio, para identificar posibles hechos de corrupción, según establece el proyecto de ley que regula el funcionamiento de estas instancias.

El proyecto de Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción fue presentado por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a la Asamblea Legislativa y actualmente fue aprobada en grande y toca su debate en detalle en la Cámara de Diputados.

El ministro de esta cartera, Héctor Arce, citado en un boletín de prensa, explicó al pleno de Diputados que esta nueva norma busca fortalecer el trabajo de las unidades de transparencia para luchar frontalmente la corrupción en todas las instancias estatales.

Destacó como aspecto fundamental de este proyecto de ley la función de denunciar los elementos sostenibles de hechos de corrupción en un proceso de contratación en curso, para que inmediatamente la máxima autoridad de esa dependencia instruya la suspensión inmediata del proceso de contratación.

En esencia, busca evitar y sancionar los hechos de corrupción incluso antes de que se consuma el daño económico al Estado.

De acuerdo al proyecto de ley en su artículo referido a "Información de procesos de contratación", las unidades de transparencia, de oficio o a denuncia, podrán requerir información de procesos de contratación para identificar y establecer posibles hechos de corrupción e informar a la máxima autoridad de la entidad, institución o empresa pública.

Además, se aclara que el requerimiento de información no suspenderá la continuidad del proceso de contratación y no será considerado como control previo.

  • El pleno de Diputados en la exposición del Ministro Arce Zaconeta. Foto: Ministerio de Justicia.

El ministro Arce precisó que, luego de evaluar la información, de existir suficientes elementos de convicción de actos de corrupción se informará a la máxima autoridad para que se asuman acciones como la suspensión del proceso de contratación.

Arce precisó que este proyecto de ley tiene por objetivo regular el funcionamiento de las unidades de transparencia en Bolivia y su coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

Bolivia es uno de los países que está a la vanguardia en el ámbito regional en normativas relacionadas con la lucha contra la corrupción como la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Ley de Participación y Control Social y la Ley de Denunciantes y Testigos, y en mecanismos como la declaración jurada de bienes y rentas.

Subrayó que las unidades de transparencia en Bolivia están creadas en casi toda la institucionalidad del Estado gracias al gobierno del presidente Evo Morales y esta norma fortalece la presencia estatal. "Donde falte se deben crear estas unidades y tener sus reglamentaciones como señala la norma", agregó.

"Esta ley regula y establece mecanismos de coordinación de las unidades de transparencia que están presentes en todo el Estado con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional como entidad rectora", precisó.

Para Arce, la labor de lucha contra la corrupción, no debe ser de un solo órgano de poder, sino debe ser responsabilidad de todo el Estado.

Según el proyecto, las unidades deberán ser implementadas en todos los órganos estatales, empresas públicas, autárquicas, gobiernos autónomos, donde los principios que deben regir son la independencia, imparcialidad, eficacia, eficiencia, cooperación interinstitucional y legalidad.

Estas unidades de transparencia se crearán en gobernaciones y municipios que tengan una población mayor a 30.000 habitantes con la finalidad de recibir denuncias contra funcionarios por actos de corrupción.

Los municipios con población menor a 30.000 habitantes podrán conformar consejos mancomunados para apoyarse en la gestión de denuncias por corrupción.

El proyecto legal otorga facultades al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional para que puedan intervenir en los procesos de corrupción, cuando la cantidad económica manejada de forma irregular sea mayor a los 7 millones de bolivianos.

Las designaciones de los jefes de unidad de transparencia estarán a cargo de la máxima autoridad de cada ministerio, gobernación, municipio, empresas públicas y otras.

"Para destacar el marco competencial, hemos pasado de ser un Estado simple a ser un Estado complejo, un Estado con autonomías a partir de la constitución del año 2009. Esta función fundamental se la desarrolla como competencia concurrente del Estado, es decir concurre el nivel central y los niveles de autonomía concurren ambos en la labor de lucha contra la corrupción", aseveró Arce.

El Ministro consideró que la experiencia de la lucha contra la corrupción y de la construcción del Estado que durante estos más de 11 años les ha demostrado que "no debe haber una institución que quede fuera de la lucha contra este flagelo", incluso las universidades, respetamos su autonomía, tal cual inició la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). 

De acuerdo al proyecto de ley las funciones de estas unidades entre otras son: promover e implementar planes, programas, proyectos y acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción.

Además, deberán procesar, a denuncia o de oficio, denuncias por posibles actos de corrupción. Cuando se advierta la existencia de elementos que permitan identificar posible responsabilidad penal, denunciar al Ministerio Público.

Tendrá que procesar posibles irregularidades o falsedad de títulos, certificados académicos o profesionales de servidores o exservidores públicos.

Denunciar a la máxima autoridad cuando se advierta la existencia de elementos que permitan establecer actos de corrupción en procesos de contratación en curso, para que se instruya la suspensión inmediata del proceso de contratación.

Asimismo, deben motivar el desarrollo de la ética pública en los servidores públicos. Asegurar el acceso a la información pública.

Las Unidades de Transparencia guardarán reserva sobre las denuncias, identidad del denunciante y la documentación que sea de conocimiento en el procesamiento.

Las denuncias admitidas en una unidad de transparencia deben ser procesadas hasta su conclusión en un plazo máximo de 45 días hábiles y se podrá prorrogar en un periodo igual de manera justificada.

El proyecto de Ley de Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción fue aprobado en su estación en grande en la cámara de Diputados y luego pasará al Senado para su revisión y fines constitucionales. (02/07/2017)

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