Demanda Marítima

Antonio Remiro Brotóns: El objeto del litigio está siendo manipulado por Chile

Fue consejero de El Salvador, España, Nicaragua y Argentina ante la Corte Internacional de Justicia. Es parte de reputadas asociaciones de intelectuales de Derecho Internacional

Antonio Remiro Brotóns.

Antonio Remiro Brotóns.

La Razón (Edición Impresa) / Daniela Busch / La Paz

03:54 / 07 de mayo de 2015

“Chile reconoce que el Pacto de Bogotá de 1948 permanece en vigor en sus relaciones con Bolivia y Chile, acepta que los procedimientos previstos por este Pacto se aplican en principio y Bolivia ha invocado el artículo 31 para fundamentar la competencia de la Corte en función de lo dispuesto por el artículo 36, párrafo 1 de su estatuto. Desgraciadamente, Chile trata de circunvalar esta jurisdicción, apoyándose sobre el artículo 6 del Pacto, constituyendo así la única base de la oposición expresada por Chile (...). Chile pretende que las cuestiones pertinentes en el caso que nos ocupa, han sido ya solventadas y están regidas por el Tratado de Paz y Amistad de 1904.

Mi colega opositor parece proponer una interpretación deformada y deformante al ámbito de exclusión previsto en el artículo 6 del Pacto. Chile pretende que la soberanía territorial y el carácter del acceso de Bolivia al océano Pacífico son los asuntos pertinentes que nos ocupan aquí, y pretende que estas cuestiones ya han sido solventadas por medio de un arreglo, ya que están regidas por los acuerdos o tratados particulares de 1904. 

ACUERDO. Y digo yo que si esta interpretación fuera adoptada al mismo tiempo, ésta oscurecería no solamente las cuestiones solventadas en el Tratado de 1904, sino todo el universo de posibilidades que la soberanía nacional pueda abarcar, es decir que Chile trata de torpedear la competencia de la Corte estimando que basta que exista un mero punto de contacto con esta cuestión, y éste sería el ámbito abarcado por el Tratado de 1904 que determinaría entonces, según Chile, la exclusión de la competencia de la Corte. Si tal fuera el caso, lo cual no es, entonces el artículo 6 se convertiría en una especie de agujero negro del universo, cuyo campo gravitacional capturaría el acuerdo completo incluyendo las relaciones asumidas en plena independencia y posterioridad al Tratado de 1904. Una tal lectura del Tratado de 1904 no solamente resulta exorbitante, sino que al mismo tiempo se ve contradicha por la interpretación efectuada por esta misma Corte en el pasado.

Chile está manipulando el objeto del litigio de manera muy arbitraria, y así el tema ya es apenas reconocible en ojos de sus autores. Cuando vemos el objeto de la demanda como debemos verlo, podemos constatar sin la menor dificultad la medida en la que el Tratado de 1904 es incapaz de dar un argumento razonable que permita a Chile invocar el artículo 6 para impugnar la competencia de la Corte. No podemos aceptar que el Tratado de 1904 sirva como una especie de ácido corrosivo capaz de destruir la competencia de la Corte incluso en los casos de las obligaciones asumidas por Chile e independientemente de dicho Tratado. Y además, es Chile mismo quien ha reconocido que el Tratado de 1904 no está en juego en este asunto que nos ocupa, basta con recordar toda la serie de instrumentos jurídicos que muestran que Chile es consciente de que el estudio de la cuestión del acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico es una cuestión independiente del Tratado de 1904.

(...) Chile pretende ser intérprete privilegiado de la Constitución boliviana de 2009. El artículo 267 prevé en su párrafo primero el derecho inalienable, imprescriptible de Bolivia al territorio que brinde acceso al océano Pacífico en su espacio marítimo. En el párrafo segundo señala que la solución efectiva del diferendo marítimo, a través de medios pacíficos, en pleno ejercicio de la soberanía sobre el territorio antes mencionado, constituye un objetivo permanente del Estado boliviano (...). Pero en definitiva, ni el Tratado de 1904 se consideró como contrario a la Constitución, ni en ningún momento el Poder Ejecutivo procedió ni a ponerlo en tela de juicio, ni a pretender ante un tribunal internacional poner fin a la aplicación del mismo.

Señor Presidente, será la propia negociación la que determinará a través de acuerdo entre las partes el carácter y las modalidades de acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico, una vez que la Corte haya determinado que Chile tiene esta obligación de negociar. Hasta la fecha Bolivia se ha ceñido escrupulosísimamente de pronunciarse en ese sentido, en el marco del proceso actualmente en curso. Dicho esto, Chile ha intentado anticipar esta cuestión, asegurando que Bolivia pretende forzar este acceso al mar a través del territorio de Arica y (...) consideraciones relativas al Tratado entre Chile y Perú de 1929.

Al pretender Chile que Bolivia mencione los intercambios diplomáticos posteriores al Tratado de 1904, es una vez más una astucia, un dispositivo, un truco para intentar evadir lo dispuesto en 1904. Chile no se refiere a esos intercambios más que para hacernos creer que de ninguna manera pueden crear consentimiento respecto de la jurisdicción que sobre esas cuestiones puede tener la Corte que hubiesen sido excluidas a través del artículo 6 del Pacto de Bogotá (...). El punto fundamental, que es de verdad importante subrayar, es el hecho de que antes, pero sobre todo antes de la firma del Pacto, Chile manifestó una y otra vez la voluntad de negociar el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico, sin por ello poner en tela de juicio los términos del Tratado de 1904 (...). Este significado y el alcance jurídico que emana de estos instrumentos serán objeto de deliberación cuando se trate los méritos de la cuestión, que son prueba de un hecho que no se puede poner en tela de juicio: por un lado la cuestión aún pendiente que no fue zanjada, ni que rige ningún tratado o acuerdo anterior a la firma del Pacto de Bogotá; y en segundo lugar, la clara separación que hay entre la obligación de negociar y la situación o condición de aplicabilidad del Tratado de 1904.

(...) Lo que sí puede hacer la Corte es pronunciarse ahora, y por las siguientes razones, rechazando la objeción de Chile. En primer lugar, no existe vínculo entre la solicitud de Bolivia y el Tratado de 1904; en segundo lugar, la obligación de negociar acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico emanó y se ha cristalizado, por así decirlo, con independencia de dicho Tratado en diversas oportunidades; por último, la Corte a esta altura ya dispone de los elementos necesarios que le permiten verificar todo lo anterior sin que ello atente contra los derechos de las partes a ahondar respecto de los argumentos que presentan sobre el otro.

¿Una solicitud como ésta puede constituir una iniciativa no amistosa y pretender desestabilizar las fronteras y el orden regional? El hecho de que se plantee esta interrogante ya en sí es un ultraje contra el principio de la resolución pacífica de los diferendos, los principios de la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la Organización de Estados Americanos y en particular del Pacto de Bogotá (...). Existe sí un diferendo relativo a la necesidad de negociar el acceso soberano de Bolivia al Pacífico, basado en instrumentos posteriores e independientes al Tratado de 1904. Entonces queda bien claro que el artículo sexto, como única base de exclusión que evoca Chile, no puede ser de aplicación aquí. Por ello Bolivia espera una respuesta de la Corte sobre la base del consentimiento de las partes, de conformidad con lo que dispone el artículo 31 del Pacto. La estabilidad regional tan a menudo evocada por las autoridades chilenas para crear estos temores injustificados, se vería mejor servida si Chile estuviese dispuesto a llevar a la práctica, de buena fe, la obligación a la que ha contribuido a crear y no que no intente aplicar un procedimiento que lo único que pretende es lograr una solución fundamental en el derecho escrito, el diálogo y la negociación”.

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