Demanda Marítima

La decisión histórica de la Corte Internacional de Justicia

El fallo leído por Ronny Abraham, presidente del tribunal internacional

Veredicto. El equipo boliviano escucha el fallo en el Palacio de       la Paz, en La Haya.

Veredicto. El equipo boliviano escucha el fallo en el Palacio de la Paz, en La Haya. CIJ.

La Razón (Edición Impresa) / Elisa Medrano / La Paz

04:33 / 25 de septiembre de 2015

“Chile presentó una excepción preliminar alegando que, en este caso, la Corte carecía de competencia. El proceso del fondo del asunto quedó en suspenso. Conforme a lo establecido no daré lectura a los párrafos preliminares del fallo, que refleja las principales etapas del proceso en este asunto. También omitiré un cierto número del fallo. Iniciaré por tanto la lectura en el párrafo 16 del fallo.

La primera parte del fallo resume el contexto del asunto que nos ocupa. Chile y Bolivia obtuvieron su independencia de España en 1818 y 1825, respectivamente, en esa época Bolivia poseía un litoral de varias fronteras de kilómetros a lo largo del océano Pacífico. El 18 de agosto de 1866, los dos Estados firmaron un tratado de límites territoriales por el que establecían entre ambos una línea de demarcación de fronteras que separaba sus territorios en la costa. Esta línea fue confirmada en el tratado de límites que Bolivia y Chile firmaron el 6 de agosto de 1874. En 1879, Chile declaró la guerra a Perú y Bolivia, dando lugar así a la llamada Guerra del Pacífico, durante el curso de la cual ocupó el territorio boliviano en la costa. Se puso fin a las hostilidades entre Bolivia y Chile en 1884 con la firma en Valparaíso de un convenio de restricción. Ese instrumento preveía en particular que Chile continuaría administrando la región de la costa. Bolivia, como consecuencia de estos hechos, perdió el control de su litoral en el Pacífico.

En 1895, los dos Estados firmaron un acuerdo de cesión territorial que, no obstante, jamás entra en vigor. Este acuerdo comprendía disposiciones que permitirían a Bolivia hallar un acceso al mar a condición de que Chile adquiriera la soberanía sobre determinados territorios. El 20 de octubre de 1904, las partes firmaron un Tratado de Paz y de Amistad que puso fin oficialmente a la Guerra del Pacífico entre Bolivia y Chile. Conforme a este instrumento que entró en vigor el 10 de marzo de 1905, la totalidad del territorio de la costa pasó a Chile y Bolivia adquirió un derecho de tránsito comercial a los puertos de Chile. Desde la conclusión del Tratado de 1904, desde su formalización, los dos Estados hicieron diversas declaraciones y mantuvieron intercambios diplomáticos sobre la situación de Bolivia respecto del océano Pacífico.

La segunda parte del fallo da una visión general de las posiciones de las partes. En su solicitud inicial y en su memoria, Bolivia pide a la Corte que falle como sigue y cito:

a) Que Chile está obligado a negociar con Bolivia con vistas a llegar a un acuerdo por el que se conceda a ésta un acceso plenamente soberano al océano Pacífico.

b) Chile no ha cumplido esta obligación.

c) Chile ha de cumplir con esa obligación de buena fe, con prontitud y en debida forma, en un plazo razonable, con plena efectividad para conceder a Bolivia un acceso plenamente soberano al Pacífico’.

Para fundamentar la existencia de la obligación de negociar que alega y su falta de cumplimiento, Bolivia se basa en ‘acuerdos o práctica diplomática y una serie de declaraciones que se pueden atribuir a los más altos representantes de Chile’. Según ella, la mayoría de estos hechos tuvieron lugar en la formalización del Tratado de Paz en 1904 y en 2012. En su solicitud Bolivia pretende fundamentar la competencia de la Corte en el artículo 31 del Pacto de Bogotá.

En su excepción preliminar, Chile afirma que en virtud del artículo 6 del Pacto de Bogotá, la Corte no tiene competencia en virtud del artículo 31 de ese instrumento para pronunciarse sobre el diferendo presentado por Bolivia. Sostiene que los asuntos en el litigio son la soberanía territorial y la naturaleza del acceso de Bolivia al océano Pacífico. Haciendo referencia al artículo 6 del Pacto de Bogotá hace valer que estos asuntos se resolvieron por medio de un entendido, de un acuerdo enunciado en el Tratado de Paz de 1904 y que se rigen por este Tratado, que estaba en vigor en la fecha de la firma del Pacto. Según Chile, los acuerdos, la práctica diplomática y las declaraciones que Bolivia invoca corresponden, en substancia, a la cuestión zanjada y regida por el Tratado de 1904.

Bolivia considera que la excepción preliminar de Chile carece manifiestamente de fundamento, ya que en ella se hace una interpretación errónea del objeto de diferendo entre las partes. Bolivia afirma que el diferendo tiene por objeto la existencia de una obligación que incumbe a Chile de negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico y el incumplimiento de esta obligación. Según ella esta obligación existe con independencia del Tratado de 1904.

Por consiguiente hace valer que las cuestiones en litigio en el caso que nos ocupa no constituyen cuestiones resueltas o regidas por el Tratado de 1904, en el sentido del artículo 6 del Pacto de Bogotá, y que la Corte es competente en virtud del artículo 31 de ese Pacto.

En su excepción preliminar, Chile hace valer en esencia que el objeto de demanda de Bolivia entra dentro de las previsiones del artículo 6 del Pacto de Bogotá. La Corte, no obstante, observa que la cuestión que Chile considera excluida de su competencia, por el efecto de ese artículo, no corresponde al objeto del diferendo tal como lo describe Bolivia. Por ello, es necesario que la Corte empiece exponiendo sus propios puntos de vista con relación al objeto del diferendo y llegue a sus propias conclusiones al respecto. A continuación considerará si los asuntos en litigio son asuntos resueltos o regidos por el Tratado de 1904.

La tercera parte del fallo se dedica a la identificación del objeto del diferendo. El párrafo 1 del artículo 40 del estatuto de la Corte y el párrafo 1 del artículo 38 de su reglamento imponen al demandante tenga la obligación de indicar en su solicitud lo que constituye en su opinión el objeto del diferendo. La solicitud también debe indicar la naturaleza precisa de la demanda

Sin embargo, incumbe a la Corte definir sobre una base objetiva el objeto del diferendo entre las partes, es decir, delimitar el problema de que se trata y manifestar la naturaleza precisa de la demanda. A estos efectos, la Corte examina la posición de ambas partes, consagrando una atención particular a la formulación del diferendo, que ha utilizado el demandante. La Corte señala y recuerda que en los términos de su reglamento, la solicitud debe indicar los hechos y los medios en los que se fundamenta la demanda y la memoria debe contener una exposición de los hechos sobre los cuales la demanda se funda. Para identificar el objeto del diferendo, la Corte se basa en la solicitud así como en los alegatos escritos y verbales de las partes, en particular toma en cuenta los hechos que invoca el demandante para fundamentar su demanda.

La Corte observa que conforme al párrafo 2 del artículo 38 del reglamento, la solicitud indica los hechos y medios en los que se basa la demanda. En apoyo a su afirmación según la cual existe una obligación de negociar un acceso soberano al mar, Bolivia se refiere en su solicitud a acuerdos, a una práctica diplomática y a una serie de declaraciones atribuibles a los más altos representantes de Chile. Sostiene igualmente que Chile, contrariamente a la posición que el propio Chile ha adoptado, subsiguientemente rechazó y negó la existencia de dicha obligación en 2011 y 2012, y que incumplió. En su solicitud Bolivia no evoca el Tratado de 1904 en calidad de fuentes de derechos y de obligaciones para una u otra parte, ni tampoco pide a la Corte que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica de ese instrumento. Según se presenta, por tanto, la solicitud se refiere a un diferendo relativo a la existencia de la obligación de negociar un acceso soberano al mar y al incumplimiento de esta obligación.

A entender de Chile, la Corte debería desestimar la presentación del diferendo que hace Bolivia en su solicitud, habida cuenta de que la misma ocultaría el auténtico objeto de la demanda de Bolivia, a saber, la soberanía territorial y la naturaleza del acceso de Bolivia al océano Pacífico. Tal como lo ha señalado en oportunidades anteriores la Corte, las solicitudes que ante ella se presentan a menudo se refieren a un diferendo particular, específico que se presenta en el marco de un desacuerdo de mayor envergadura entre las partes.

La Corte considera que aunque pudiese suponerse que el acceso soberano al Pacífico es en sí el objetivo final de Bolivia, corresponde establecer una distinción entre dicho objetivo y el diferendo conexo, pero separado, que se presenta en la solicitud. Se trata de saber si Chile tiene obligación de negociar acceso soberano de Bolivia al mar y, en caso de existir ésta, si Chile la ha cumplido. En su solicitud, Bolivia no pide a la Corte que determine que tiene derecho a tal acceso.

En cuanto a la aseveración de Chile, según la cual la solicitud está formulada de forma artificial porque la decisión solicitada por Bolivia daría lugar a negociaciones cuyos resultados irían predeterminados por vía judicial y a una modificación del Tratado de Paz de 1904, la Corte recuerda que Bolivia no le pide que diga que tiene derecho a un acceso soberano al mar, ni que se pronuncie sobre la naturaleza jurídica de dicho Tratado. Por otra parte, si hubiese de examinarse el fondo del asunto, la Corte debería entender de la demanda de Bolivia a pronunciarse sobre los argumentos de cada una de las partes respecto a la existencia de la naturaleza y el contenido de la supuesta obligación de negociar un acceso soberano. Incluso si se argumentase que la Corte llegue a la conclusión de que existe tal obligación no le correspondería predeterminar el resultado de cualquier negociación que pudiese tener lugar como consecuencia de dicha obligación.

A la luz de lo anteriormente dicho, la Corte concluye que el objeto del diferendo es saber si Chile tiene obligación de negociar de buena fe un acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico, y en caso afirmativo si Chile ha incumplido dicha obligación. La Corte recuerda que las demandas que formula Bolivia en su solicitud y las conclusiones presentadas en su memoria se refieren a una ‘obligación de negociar con vistas de llegar a un acuerdo por el que se conceda a la misma, Bolivia, un acceso plenamente soberano al océano Pacífico’. Bolivia ha afirmado en diversas oportunidades que Chile tenía obligación de negociar acceso soberano al mar.

En sus alegatos, tanto escritos como verbales, Chile también ha utilizado estos términos: acceso soberano al mar. Cuando un miembro de la Corte pidió a cada una de las partes que precisase cuál era a su entender el sentido de esta expresión, Bolivia contestó que la existencia y el contenido preciso de la supuesta obligación de negociar tal acceso no debería ser objeto de decisión en la fase preliminar de la causa, sino en la fase del examen del fondo de la demanda. Chile contestó que en su solicitud y en su memoria Bolivia utilizaba la expresión para designar la transferencia o la cesión de territorios chilenos y que esa expresión tendría el mismo sentido en su excepción preliminar.

Habida cuenta de las observaciones de ambas partes, la Corte subraya que el uso en este fallo de las expresiones “acceso soberano” y “negociar un acceso soberano” no pueden interpretarse como el reflejo de su opinión en cuanto a la existencia, a la naturaleza o al contenido de la supuesta obligación de negociar que correspondería a Chile.

La cuarta parte del fallo se refiere a que si los asuntos en litigio ante esta Corte corresponden al ámbito de aplicación del artículo 6 del Pacto de Bogotá. De conformidad al artículo, si la Corte fallase que, dado el objeto del diferendo, los asuntos en litigio entre las partes fueran asuntos ya resueltos por acuerdo entre las partes o regidos por acuerdos o tratados en vigor al 30 de abril de 1948, carecería entonces la Corte de competencia según lo dispuesto por el Pacto de Bogotá para tomar decisión sobre el fondo de la causa. En consecuencia, la Corte determinará si los asuntos en litigio son resueltos o regidos por el Tratado de Paz de 1904.

Tal como determinó la Corte, el objeto del diferendo es si Chile tiene la obligación de negociar de buena fe el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico y de existir tal obligación si Chile la ha cumplido o no. Las disposiciones pertinentes del Tratado de 1904 no abordan ni explícita ni implícitamente la supuesta obligación de negociar el acceso soberano de Bolivia al océano Pacífico. Por ello, a entender de la Corte los asuntos en litigio no son asuntos ni resueltos ni por arreglo de las partes, ni por laudo arbitral, ni por sentencia de un tribunal internacional, ni regidos por acuerdos o tratados en vigor a la fecha de la formalización del Pacto de Bogotá, según dispone el artículo sexto del Pacto de Bogotá.

Esta conclusión es válida con independencia de si, como afirma Chile, las dos vertientes del artículo 6 tienen alcance diferente. Por ello, la Corte no considera necesario, en las circunstancias del caso que nos ocupa, determinar si existe o no una diferencia, una distinción entre el efecto jurídico que una u otra vertiente tiene. La Corte recuerda que las partes han presentado sus puntos de vista sobre los acuerdos, arreglos, la práctica diplomática y las declaraciones que invoca Bolivia para fundamentar su demanda sobre el fondo del asunto. La Corte considera que a efectos de determinar su competencia no es ni necesario ni adecuado examinar dichos elementos. Tal como se ha señalado, Chile argumenta que la Corte debería declarar que carece de competencia y Bolivia manifiesta que la Corte debe rechazar la objeción de Chile a la competencia.

Por otra parte, Bolivia argumenta que si la Corte atendiese la objeción de Chile, basándose en la caracterización que hace Chile del objeto del diferendo, la objeción equivaldría a rechazar la argumentación de Bolivia respecto del fondo y que por ende no poseería carácter preliminar exclusivamente. Tal como se ha señalado, la Corte no acepta la caracterización que hace Chile del objeto del diferendo y, por ello, este segundo argumento de Bolivia no viene al caso.

La Corte recuerda que es a ella que corresponde, de conformidad con lo que dispone el párrafo 9 del artículo 79 del reglamento de la Corte, si en las circunstancias de estas causas una objeción carece de naturaleza exclusivamente preliminar; de ser así, la Corte debe abstenerse de aceptar o de rechazar la objeción en la fase preliminar y reservar su decisión sobre este particular para las actuaciones subsiguientes. La Corte considera que dispone de todos los hechos necesarios para pronunciarse sobre la objeción de Chile y que interrogantes sobre si los objetos de diferendo son asuntos resueltos y regidos por el Tratado de 1904, encuentra su respuesta sin tener que determinar si dicho diferendo o elementos de éste deben ser juzgados en función de sus méritos. Por consiguiente, la Corte entiende que en la fase actual nada impide que falle sobre la objeción presentada por Chile.

Habida cuenta de cuál es el objeto del diferendo, la Corte concluye que los asuntos en litigio no son asuntos ya resueltos por arreglo o acuerdo entre las partes, ni por laudo arbitral, ni por decisión de un tribunal internacional, ni tampoco regidos por acuerdos y tratados en vigor a la fecha de formalización del Pacto de Bogotá. Por consiguiente, el artículo 6 no impide a la Corte tener competencia en virtud del artículo 31 del Pacto de Bogotá. Debe entonces desestimarse la objeción preliminar de Chile a la competencia de la Corte. De conformidad con lo dispuesto por el párrafo 9 del artículo 79 del reglamento de la Corte, por orden de la Corte se determinarán los plazos para las actuaciones subsiguientes. Por lo tanto, la Corte, por 14 votos a 2 rechaza la objeción preliminar presentada por la República de Chile”.

Emoción y esperanza entre los ministros

Roberto Aguilar: Ministro de Educación

“El rumbo de la historia sobre la demanda boliviana cambió; un organismo competente dice que hay temas pendientes y que lo va a analizar para plantear respuestas”.

Carlos Romero: Ministro de Gobierno

“Hay que seguir trabajando hasta conseguir el retorno a las costas del Pacífico. Felicitamos a los abogados que hicieron un buen trabajo en La Haya para obtener este fallo”.

César Navarro: Ministro de Minería

“Es un paso importante. (La Corte) nos ha dado la razón, la historia está de nuestro lado. Es un fallo histórico, muy importante y ése es el hecho histórico que nos permite seguir”.

César Cocarico: Ministro de Desarrollo Rural

“El fallo debería cambiar la postura de Chile porque somos pueblos de paz, deberíamos ir al diálogo y arreglar nuestras diferencias. El escenario ha cambiado a favor nuestro”.

Rubén Costas: Gobernador de Santa Cruz

“Es un momento de algarabía, de una esperanza que fue cifrada en una política, que hay que reconocer que es seria y es de las pocas veces que se hace política de Estado”.

Iván Canelas: Gobernador de Cochabamba

“Esta es la primera victoria. Este fallo es el reconocimiento del mundo a nuestro derecho de acceso a las costas del Pacífico, al que fue siempre  nuestro mar”.

Félix Patzi: Gobernador de La Paz

“Felicitar a todo el equipo de trabajo que ha acompañado este proceso, a todos los que han coadyuvado. Sinceramente han hecho un trabajo que es digno de reconocerlo”.

Víctor Hugo Vásquez: Gobernador de Oruro

“Queda un largo camino, por eso es que tenemos que unirnos en torno a nuestro hermano presidente (Evo Morales), para que hagamos flamear la bandera en el Pacífico”.

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