Nacional

El diálogo logra encaminar las cuatro demandas de la Policía

La segunda noche de diálogo entre Gobierno y policías encaminó una solución para las cuatro demandas policiales. Al cierre de esta edición se redactaba un preacuerdo sobre incremento salarial, Ley de Régimen Disciplinario, jubilación y Defensoría.

Consenso. Ministros de Estado y dirigentes policiales consiguieron alcanzar preacuerdos en la cita de ayer. Los movilizados socializarán los alcances.

Consenso. Ministros de Estado y dirigentes policiales consiguieron alcanzar preacuerdos en la cita de ayer. Los movilizados socializarán los alcances. Foto: Víctor Gutierrez

La Razón / I. Paredes, J. Quispe / La Paz

01:05 / 24 de junio de 2012

Al cierre de esta edición (22.30), seis ministros y representantes de los policías amotinados acordaban la redacción del preacuerdo. Cerca de las 19.00, dirigentes policiales y autoridades de Gobierno volvieron a la mesa de diálogo. Fue en esta reunión donde se lograron los preacuerdos que, según representantes policiales, serán socializados hoy con los uniformados que se encuentran amotinados en la UTOP.

Los policías movilizados pedían un salario similar a los efectivos de las FFAA, la abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario, jubilación con el 100% de sus haberes y la creación de la Defensoría del Policía. Anoche se avanzó en cuatro puntos.

Sobre el incremento salarial, durante la jornada el Gobierno propuso un sueldo mínimo de Bs 2.046 para los policías y la duplicación de la ración seca. Este punto estaba casi resuelto según fuentes que asistían a la reunión que no especificaron los términos del preacuerdo.

Con respecto a la Ley 101, la propuesta era que sea revisada en la Asamblea Legislativa para definir si vulnera la Constitución o los derechos del policía. Había preacuerdo sobre jubilación policial y la creación de la Defensoría del Policía, cuyo representante debería ser elegido por consenso, según la fuente consultada por este diario.

Jornada. El preacuerdo era la culminación de una jornada tensa, pero menos violenta que la del viernes, pues no se registraron más tomas de entidades policiales. A las 05.00 de ayer, tras la primera noche de negociación, hubo cuarto intermedio. A las 09.30 llegó al Viceministerio de Régimen Interior —sede del diálogo— el presidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), suboficial Édgar Ramos. Hasta las 13.00 se reunió con el Alto Mando policial para discutir las propuestas gubernamentales. “Pedimos la abrogación de la Ley 101 (de Régimen Disciplinario) y el trato de la escala salarial maestra”, explicó.

A las 13.30, Ramos y su comitiva se reunía con los ministros Carlos Romero, Teresa Morales, Luis Arce y Amanda Dávila y el viceministro Jorge Pérez.

La negociación fue suspendida cuando una manifestación llegó hasta la sede del diálogo encabezada por la representante de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas, y el exmayor David Vargas, quien después fue expulsado de la movilización.

A media tarde, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, denunció que fuentes de Inteligencia y reportes de medios habían alertado al Ejecutivo sobre la intención de “sectores” de generar un escenario de golpe de Estado. Afirmó que había traslado de armas en unidades policiales de Cochabamba, entre otras señales.

Ramos se había trasladado a instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) para revisar los acercamientos. Ahí, junto a Cárdenas, condicionaron el reinicio del diálogo con la abrogación de la Ley 101.

A las 17.00, el Gobierno convocó al diálogo. Ramos y Cárdenas acudieron y la negociación se encaminó.

MSM y CN respaldan la protesta

Iván Paredes

Los partidos de oposición Convergencia Nacional (CN) y el Movimiento Sin Miedo (MSM) se pronunciaron respecto al motín policial. El primero critica la aprobación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario de la Policía y el segundo respalda la protesta policial.

“Apoyamos el planteamiento policial para que sean ellos mismos los actores fundamentales en la discusión y redacción de las leyes que vayan a reestructurar su accionar como institución”, dice un comunicado de Convergencia Nacional.

Al respecto, la diputada Norma Piérola (CN) aseguró que la Ley 101 tiene mecanismos inconstitucionales. “Es una norma mordaza para los efectivos policiales, donde hasta se les corta el derecho a expresarse”.

Por su parte, el MSM respaldó la demanda policial, anunciando que la Policía responde a los intereses del oficialismo.

“La manipulación y partidización gubernamental de la Policía la ha convertido actualmente en una institución represiva”, dice un comunicado.

Desconocen a David Vargas

Ante decenas de policías amotinados en la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), el sargento Javier Quispe, miembro de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), desconoció al exmayor David Vargas como interlocutor de la protesta. Una hora antes de la decisión, la exautoridad policial se autonombró como coronel de la Policía y dijo que iba a participar en la negociación con el Gobierno.  

Cárdenas, defensora de policías

Frente a la sede del Ministerio de Gobierno, la representante de esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, fue declarada como defensora de los derechos humanos de los policías. El exmayor David Vargas le tomó “juramento” minutos después de que autoridades de Gobierno abandonaron el lugar ante la llegada de una marcha policial al escenario de negociación. Cárdenas afirmó que cuidará los intereses de los policías de bajo rango.

Denuncian que hay infiltrados

El presidente de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), suboficial Édgar Ramos, denunció que existen personas infiltradas dentro de la movilización policial. “Sí existen infiltrados que quieren perjudicar nuestras reivindicaciones”, dijo por altavoz a la tropa en la UTOP. La representante de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas, señaló que “los infiltrados quieren teñir y desprestigiar la movilización policial”.

No procesarán a uniformados

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que la administración de Evo Morales no iniciará procesos penales ni administrativos en contra de los policías que ocasionaron el motín policial. Sin embargo, cuestionó la decisión del fiscal General, Mario Uribe, quien advirtió con procesar a los uniformados que destrozaron y quemaron muebles, computadoras y documentación de unidades policiales de La Paz y Cochabamba.

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