Nacional

Tres entidades advierten de mala praxis forense y crisis judicial

El instituto de investigación sobre tortura, la Sociedad de Ciencias Forenses y la Policía hallan fallas en el trabajo del IDIF, cuya labor es determinante para administrar justicia

Justicia. Una vista de las oficinas del Instituto de Investigaciones Forense en la ciudad de La Paz.

Justicia. Una vista de las oficinas del Instituto de Investigaciones Forense en la ciudad de La Paz.

La Razón / Luis Mealla - La Paz

00:00 / 08 de abril de 2012

El Instituto de Terapia e Investigación sobre Secuelas de la Tortura y Violencia de Estado (ITEI) y la Sociedad Boliviana de Ciencias Forenses (SBCF) ponen en duda los resultados periciales que emite el Instituto de Investigaciones Forense (IDIF) y, por ende, alertan sobre una crisis en la Justicia.

“(En el IDIF) hay deficiencias en cuanto al personal, no tiene presupuesto para la compra de reactivos, no hay morgues judiciales y no tienen el material para realizar las pericias científicas; por tanto, hay imprecisión en los resultados de las autopsias y en estudios referidos a la criminalística. Al no seguir el protocolo, se incurre en la mala práctica forense”, aseguró Saúl Pantoja, presidente de la SBCF y coordinador de la maestría de Medicina Forense de la UMSA.

Agregó que el IDIF, desde su creación hace 11 años, no cumple su función y subrayó que las principales “fallas” del servicio se deben a que no hay suficiente personal, sus funcionarios no tienen la debida formación y la entidad no tiene instalaciones adecuadas.

Marcelo Flores, médico forense del ITEI, hizo notar que los exámenes y pericias en la medicina legal son herramientas que sirven al juez para impartir justicia de manera objetiva e imparcial, y si “esas herramientas están mal hechas” se corre el riesgo de procesar y encarcelar a un inocente y dejar impune al verdadero culpable.

El director del IDIF, Armando Sierra, negó los cuestionamientos.DEMANDA. Al respecto, la Policía Boliviana, a través del coronel Jorge Toro, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), pidió una reforma legal para administrar los laboratorios del IDIF, con el fin de resolver todos los casos, de forma efectiva e inmediata, que hasta ahora están “paralizados” en esa repartición, aunque no supo especificar el número.

“La misión que tenía el IDIF no ha dado resultado hasta la fecha, continuamos haciendo una investigación empírica y no científica; la columna vertebral de una investigación policial es la criminalística. El IDIF no tiene capacidad suficiente, prácticamente ha colapsado; por tanto, las investigaciones no prosperan. Pedimos que, en virtud a las reformas del Código de Procedimiento Penal y la Ley del Ministerio Público, la Policía se haga cargo de esos laboratorios, ya que no hay resultados”, dijo Toro.

Tras un análisis hecho por médicos forenses de distintas regiones del país, el ITEI y la SBCF identificaron las cinco principales falencias del IDIF. Además, realizaron la lectura de errores en dos casos catalogados como “emblemáticos” que son: la Masacre de Porvenir (2008) y la muerte de David Olorio en una celda policial (2010).

Entre las falencias hallaron que en el ITEI trabajan galenos que no tienen título de médicos forenses; segundo, que la dependencia de la Fiscalía General representa una desventaja, porque la labor se torna burocrática. En otros países, este tipo de reparticiones dependen del Ministerio de Salud.

Tercero, en el IDIF se carece de infraestructura, ningún departamento del país tiene una morgue judicial para las autopsias. Cuarto, los profesionales de esa institución no se actualizan ni capacitan, y quinto, no hay presupuesto para la compra de reactivos para garantizar buenas investigaciones.

“Tomé contacto con algunos de mis alumnos que trabajan en el IDIF y, aparte, la SBCF tiene reuniones mensuales donde se reciben  informes y conocen casos. Vemos que hay resultados muy superficiales y, en muchos casos, deficientes. Con resultados incorrectos se cometen errores y los juicios llegan a ser injustos”, aseguró Pantoja con preocupación.

En criterio de Flores, para las autoridades bolivianas un examen forense no tiene importancia y las pruebas como evidencia científica no son relevantes. “Los estudios científicos coadyuvan a que un juez decida si una persona es culpable o no; además, la Policía puede determinar si alguien murió por causas naturales o fue asesinada”, manifestó. Fiscalía. Ante esa situación, el fiscal general Mario Uribe dijo a La Razón que el IDIF tiene autonomía funcional y tan sólo dependencia administrativa del Ministerio Público; por tanto, no ve pertinente que la Policía se haga cargo de esa institución.

“Debe seguir funcionando de manera autónoma y eso ya se ha debatido y ratificado en la nueva Ley del Ministerio Público. Se va a fortalecer al IDIF en el tema de peritos, infraestructura y recursos necesarios para que los peritajes se realicen de una mejor manera, objetiva y con prontitud”, aseveró.    Dos procesos observadosMarcelo Flores, forense del ITEI, dijo que en el caso de la muerte de David Olorio, la Policía, en la autopsia, determinó que este presunto atracador murió en celdas de la FELCC de El Alto por muerte súbita; dato que fue secundado por forenses del IDIF y de la Fiscalía.

Sin embargo, tras una segunda autopsia en la que Flores participó, se determinó que “el cuerpo (de Olorio) sufrió violencia y alguien presionó tanto su pecho, impidió la respiración y lo mató; lo torturaron y se les pasó la mano”, indicó.

En el caso Porvenir, el segundo proceso observado, Saúl Pantoja, presidente de la SBCF, reveló que uno de los principales errores hallados fue que dos certificados forenses eran idénticos, pero correspondían a distintas personas. “Una contrapericia hecha por Alberto Braivlovsky, de la Policía Federal Argentina, determinó las irregularidades (en los exámenes)”, sostuvo.

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