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Nueve de 13 involucrados en red extorsiva confiesan culpas

Caso. La mayoría de los exfiscales y exfuncionarios saldrán en libertad

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La Razón (Edición Impresa) / Iván Condori / Santa Cruz

04:30 / 19 de enero de 2015

Con la confesión de nueve de los 13 involucrados en el caso Ostreicher se demostró que fiscales y funcionarios públicos formaron una red de extorsión que utilizaba sus cargos para realizar cobros ilícitos. La mayoría puede salir en libertad este año.

La afirmación corresponde a Jimmy Montaño, abogado defensor del empresario estadounidense que en noviembre de 2012 denunció a los fiscales y otras autoridades que llevaban su caso porque lo mantenían detenido en el penal de Palmasola desde 2011.

Desde entonces, 13 fiscales, autoridades del Ministerio Público y funcionarios públicos fueron recluidos en la misma cárcel donde estuvo Ostreicher, hasta su salida del país, de forma ilegal, en diciembre de 2013.

Del total, cerca del 70% (nueve de 13) se inculparon o lo harán en los siguientes días para acceder a procesos abreviados por los cuales obtendrán sentencias mínimas de tres años, con lo que pueden tramitar su libertad.  

“La aceptación de culpabilidad de los implicados en la red de extorsión saca a flote que el proceso iniciado a mi defendido, Jacob Ostreicher, fue armado y que la finalidad era apoderarse de sus bienes”, dijo Montaño.

Hasta la fecha, Denis Rodas, exabogado del Ministerio de Gobierno; Moisés Aguilera, exdirector de Dircabi (Dirección de Registro Control y Administración de Bienes Incautados); Miguel Gutiérrez, inspector de Dircabi; Gustavo Céspedes, procurador jurídico; y Cory Balcázar (abogada y esposa del fiscal Roberto Achá, también acusado) se acogieron al juicio abreviado. (Ver infografía)

 Los tres últimos recibieron sentencias de tres años de privación de libertad en la cárcel de Palmasola, medida que les permitió recuperar su libertad bajo el amparo de la Ley 586 y las modificaciones al artículo 326 de Código de Procedimiento Penal.  

En tanto, Rodas y Aguilera esperan salir libres tras recibir condenas de no más de tres años.

En la misma vía, el exfiscal de Distrito de Santa Cruz Isabelino Gómez; los exfiscales de la Unidad de Anticorrupción Roberto Achá (esposo de Balcázar) y Edwar Mollinedo, además de Ramiro Ordóñez, otro funcionario de Dircabi, ya presentaron resoluciones ante el Ministerio Público para ser juzgados a través del procedimiento abreviado. (Ver gris)

 En los cuatro casos se espera las respectivas audiencias, para las próximas semanas, en las que se dictarán sentencias.

Gutiérrez y Céspedes fueron los primeros en aceptar su culpa al confesar la comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias, entre otros. La abogada Cory Balcázar, implicada en el caso, aceptó su culpa y en 2014 obtuvo su libertad. El exfuncionario José Antezana y la exfiscal Janeth Velarde son otros de los implicados.

Freddy Fernández, abogado de Rodas, aseguró que su cliente no cometió delito alguno, pero “aceptó someterse a un juicio abreviado y recibir una pena de tres años de cárcel, sacrificando su dignidad y carrera de abogado, para buscar su libertad”.

Hay dos casos que marcan la excepción, como la situación de Fernando Rivera, exdirector jurídico del Ministerio de Gobierno, quien pese a presentar la petición de proceso abreviado vio afectados sus intereses al darse a conocer la sentencia de Rodas, su colega en la entidad gubernamental.

“La declaración ampliatoria y la sentencia judicial serán utilizadas por la Fiscalía para la acusación formal”, dijo el abogado Carmelo Terrazas.

Por su parte, el exdirector de Régimen Interior Boris Villegas se declaró preso político del Gobierno y descartó la posibilidad de someterse a un juicio abreviado, porque asegura no tener responsabilidad de los cargos en su contra, según su abogada Neyda Ledezma.

Base legal de las peticiones

NormaEl recurso del proceso abreviado tiene su base en la Ley 586 (30 de octubre de 2014), que establece en su artículo 8, modificaciones y sustituciones al Código de Procedimiento Penal.OpcionesLas modificaciones al Art. 326 se refieren al alcance de salidas alternativas al que el imputado podrá acogerse.Art. 326El imputado podrá acogerse al procedimiento abreviado, criterio de oportunidad, suspensión condicional del proceso o conciliación, en los términos de los artículos 21, 23, 24, 373 y 374 del CPP.

Para defensa de Ostreicher fue un caso armado

Jacob Ostreicher llegó al país para realizar inversiones y negocios, pero fue acusado de legitimación de ganancias ilícitas y nexos con el narcotráfico y fue enviado a la cárcel de Palmasola, hasta que denunció su caso y tuvo que huir del país.

El caso confirma la actuación de una red delictiva, que según las investigaciones preliminares, operaba desde la Dirección Jurídica del Ministerio de Gobierno, tenía nexos con fiscales de La Paz y Santa Cruz y con funcionarios públicos de Dircabi, según el abogado del estadounidense, Jimmy Montaño.

“Armaron el caso para secuestrar los bienes del empresario y como él no renunciaba a sus activos (como los 20.000 quintales de arroz incautados a Ostreicher), lo mantenían con detención preventiva en la cárcel de Palmasola y le negaron el acceso a la justicia”, subrayó.

A decir del abogado, la inculpación de Denis Rodas demuestra un avance en la investigación. “Estos señores iban a presionar a los jueces, modificaban fallos y la Fiscalía ha tenido la participación nada objetiva en el proceso, demostrando la inexistencia de garantías constitucionales para los inversionistas”.

Otra conclusión es la falta de independencia del Poder Judicial. “El Estado debe empezar a pensar en lo que viene de esta violación sistemática de derechos. En su momento denunciamos un secuestro de Estado ante organismos internacionales a la que mi defendido acudirá a hacer valer sus derechos y recuperar su patrimonio”, señaló.

Montaño aseguró que las declaraciones de los procesados son pruebas que serán utilizadas en el juicio contra los imputados. “La relación de hechos demuestra la participación (en la red) de Fernando Rivera, de la fiscal Janeth Velarde e Isabelino Gómez”.

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