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Caso Lava Jato: Mesa ve protección al Gobierno y Rodríguez pide asumir responsabilidades

El expresidente y candidato presidencial Carlos Mesa denunció que hay un intento de afectar su candidatura. El exmandatario Eduardo Rodríguez dijo que no entrará en un debate electoral con él sobre el caso de las denuncias de sobornos.

Los exmandatarios Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé.

Los exmandatarios Carlos Mesa y Eduardo Rodríguez Veltzé. Foto: archivo

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

08:20 / 09 de noviembre de 2018

El expresidente y candidato a la Presidencia Carlos Mesa llamó a la tranquilidad a sus seguidores y acusó al oficialismo de emprender una persecución política en su contra con el caso Odebrecht - Lava Jato, no solo para proteger sus propios errores sino para destruirlo. Insistió en que los supuestos sobornos en este escándalo se dieron en los gobiernos de Eduardo Rodríguez y Evo Morales.

Rodríguez respondió que la posición asumida por Mesa es la de un candidato y que no entrará a un debate electoral. Luego planteó que cada quien asuma la responsabilidad por sus actos en este caso que, según una investigación legislativa, vincula a ocho exfuncionarios, entre ellos a Mesa por viajes coincidentes con ejecutivos de las firmas brasileñas implicadas y movimientos en sus cuentas.

Mesa no se había referido hasta hoy a las revelaciones de la investigación legislativa que realizó una comisión multipartidaria liderada por la diputada del oficialismo Susana Rivero, quien dijo en reiteradas oportunidades que todo lo obrado está documentado y que los indicios encontrados, de ser aprobado el informe en el Legislativo, deben ser investigados por la Fiscalía.

A través de un video publicado en su cuenta en YouTube, el exmandatario reiteró que la investigación brasileña denominada Castillo de Arena identifica pagos de sobornos para la adjudicación de la construcción de la carretera Roboré-El Carmen entre 2005 y 2008, cuando él ya no era Presidente. No obstante, Rivero dijo que las investigaciones establecen que en 2005 se realizó el pago número 12 de los sobornos, lo que en su criterio significa que los anteriores 11 fueron ejecutados durante la gestión de Mesa.

Mesa dijo además que conversaciones reveladas del máximo ejecutivo de la brasileña ARG Camargo-Correa hablan del pago de sobornos en el Legislativo para la aprobación del contrato de construcción durante el gobierno de Rodríguez, por lo que la obra fue concretada en el gobierno de Rodríguez y ejecutada en la administración de Morales. “Con esa explicación queda claro que por tercera vez el gobierno del presidente Evo Morales intenta demolerme, primero, y segundo, proteger su propia gestión, proteger una gestión donde hubo corrupción”, afirmó.

Rodríguez aseguró que la actuación de su gobierno en este tema se enmarcó en la legalidad y dijo que la contratación del crédito de la CAF durante su administración, algo que observó Mesa,  bajó en más de $us 40 millones el costo de la carretera. No obstante, dijo que no entrará en un debate electoral con el expresidente, quien oficializó su candidatura por el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI).

“Yo asumo que son declaraciones de un candidato a la Presidencia y prefiero acudir donde se me llame ante una autoridad competente y no entrar a un debate electoral porque no estoy en ese proceso en el cual tengan que señalar quien es más o menos responsable. Cada quien debe asumir la responsabilidad  de sus actos”, insistió.

Y luego añadió: “Hay indicios, que es lo que llaman, que determinadas autoridades  o exautoridades  hubieran recibido o hubieran tenido actuaciones reñidas con la legalidad, eso debe investigarse y cada quien debe probar la suyo”.

Mesa llamó a sus bases ciudadanas a la tranquilidad e insistió en que no tiene ninguna responsabilidad en el tema en investigación. “Pueden estar ustedes tranquilos porque vamos a seguir peleando, no defendiéndonos (sino) acusando a quienes tratan de utilizar la política como mecanismo de destrucción del contrincante y de protección de los errores propios”.

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá conocer el informe de la comisión investigadora y decidir si lo remite a la Fiscalía para su indagación.

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