Nacional

Asamblea Legislativa carga con la tarea de resolver 11 interinatos

Hasta la fecha, 11 entidades públicas aún son dirigidas por autoridades interinas, porque la Asamblea Legislativa no ha podido realizar el proceso de selección y conformación de ternas, tal como manda la nueva Constitución Política del Estado (CPE), vigente desde 20

Infografía: La Razón/Fuente: Cámara de Senadores

Infografía: La Razón/Fuente: Cámara de Senadores

La Razón (Edición Impresa) / Luis Mealla / La Paz

00:00 / 10 de abril de 2016

Hasta la fecha, 11 entidades públicas aún son dirigidas por autoridades interinas, porque la Asamblea Legislativa no ha podido realizar el proceso de selección y conformación de ternas, tal como manda la nueva Constitución Política del Estado (CPE), vigente desde 2009.

De forma paralela a la designación del Defensor del Pueblo, prevista para el 13 de mayo, el Legislativo ahora abrirá el proceso para elegir al titular de la Contraloría, que reemplazará a Gabriel Herbas, quien funge como interino desde diciembre de 2008.

El presidente del Senado, José Alberto Gonzales (MAS), afirmó que el resto de los interinatos serán resueltos de manera paulatina. “Es complicado calcular una fecha exacta, porque cada procedimiento tiene su trámite”, dijo, a tiempo de anunciar que también se dará prioridad a la Aduana Nacional.

El presidente nato de la Asamblea, Álvaro García Linera, señaló que las convocatorias para las designaciones pendientes se definirán “en función de necesidades institucionales”.

Así, el Legislativo da los primeros pasos para que los cargos en esas entidades públicas (ver cuadro adjunto) sean ocupados por personal profesional, seleccionado a través de convocatoria y concurso de méritos.

Los artículos 159 y 172 de la CPE facultan a la Asamblea (ahora controlada por el MAS) para aprobar ternas de postulantes para que el Presidente del Estado haga la designación de las autoridades de entidades económicas, sociales y de otros ámbitos.

En ese marco, la oposición demandó respeto a la no militancia y la meritocracia de los candidatos. Para el senador Óscar Ortiz, el “largo interinato” del contralor Herbas —exdiputado del MAS elegido en 2006— es uno de los casos “más polémicos”.  

Cargo. El Estatuto del Funcionario Público señala en su artículo 5 que  “el mandato de los funcionarios interinos tiene un plazo máximo e improrrogable de 90 días”. El artículo 216 de la CPE señala que el Contralor ejercerá funciones por un periodo de 6 años sin posibilidad de nueva designación.

“En este caso, el interinato del  Contralor sobrepasó el mandato de una autoridad titular. Y este es solo un ejemplo, el Gobierno quebranta y debilita la institucionalidad que establece la Constitución y esto da lugar a un manoseo del aparato administrativo”, manifestó Ortiz.

 En esa línea, el diputado opositor  Wilson Santamaría (UD) recordó la sentencia 018/07, de 2007, del Tribunal Constitucional, respecto a la designación de cuatro ministros de la entonces Corte Suprema de Justicia, que señala “que las designaciones no son de manera definitiva”.

“Esa sentencia ha sentado un precedente, además, está vigente el Estatuto del Funcionario Público (...), y por lógica, pasados los 90 días de mandato, los actos de los interinos no tienen validez jurídica y pueden ser impugnados, por eso es que vamos a evaluar una consulta al Tribunal Constitucional sobre esos cargos”, manifestó.          

Por su parte el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda (MAS), negó irregularidades y pidió a la oposición ser propositiva para generar consenso en las designaciones. “En el caso del Contralor, el decreto de su designación no señala un límite de tiempo, por tanto su mandato y sus actos son legales; necesitamos el concurso y el consenso con la oposición para tener autoridades legalmente designadas”, dijo.

Elección prevista en la CPE

Proceso

Para dar curso al proceso de institucionalización de las entidades del Estado, se deberá elegir a las principales autoridades a través de un proceso de selección luego de una convocatoria pública hecha por la Asamblea Legislativa. Esas atribuciones están inscritas en los artículos 159 y 172 de  la Constitución Política del  Estado (CPE).

Designación de Defensor da paso a resolver interinatos

Según el artículo 159 de la CPE, la designación de autoridades económicas y sociales se hace por convocatoria y mediante ternas elaboradas en la Asamblea. Ese proceso se cumplió solo con el Defensor del Pueblo, cuando se eligió a Rolando Villena, en 2010, quien termina su mandato el 13 de mayo. Tras designar a su reemplazante se iniciará el debate para elegir a otras autoridades.    

Otra de las prioridades es la Aduana Nacional de Bolivia

El artículo 35 de la Ley General de Aduanas señala que “el directorio estará conformado por el presidente ejecutivo y cuatro directores”, que son elegidos por el Mandatario del Estado, a través de ternas aprobadas por la Cámara de Diputados. En 2015, la Comisión de Planificación de esa entidad abrió un registro y quedaron 35 postulantes, el proceso debe reanudarse esta gestión.

El Contralor es elegido por un periodo de seis años

El artículo 214 de la CPE señala que la contralora o contralor general del Estado se designará por dos tercios de votos de los presentes de la Asamblea Legislativa. La elección requerirá de convocatoria pública previa, calificación de capacidad profesional y méritos, a través de concurso. El mandato del Contralor debe ser por un periodo de seis años y sin posibilidad de una nueva designación.

La CPE da atribuciones al Legislativo para hacer ternasEl numeral 15 del artículo 172 de la CPE da atribuciones a la Asamblea para aprobar ternas y así el Presidente del Estado designe al Contralor, al Presidente del Banco Central de Bolivia, a la máxima autoridad del Órgano de Regulación de Bancos y Entidades Financieras, y a presidentas o presidentes de entidades de función económica y social, en las que interviene el Estado.

Óscar Ortiz: ‘Interinatos generan inseguridad jurídica’

El senador opositor Óscar Ortiz (UD) afirmó que el hecho de tener autoridades interinas en las entidades del Estado genera una suerte de inseguridad jurídica en las instituciones y demandó elegir a sus titulares con sus respectivos directorios.

“La norma señala que un interinato debe durar 90 días y hay autoridades que están casi  ocho años como el Contralor, esto genera inseguridad jurídica en las instituciones (...) porque las decisiones de esas autoridades podrían ser impugnadas”, señaló el opositor.

Ante el hecho de que la Asamblea está controlada por el MAS, Ortiz demandó que se hagan reglamentos con requisitos acorde al cargo. “Ojalá no pase como con la designación del Defensor del Pueblo, en el que exigimos, por ejemplo, que sea una persona profesional y con título, pero al MAS no le gusta eso y da paso a la postulación de sus militantes”, afirmó el senador de UD.

Ortiz pidió que cada presidente o alto ejecutivo de las entidades públicas sea designado junto a su directorio, en el caso de YPBF, BCB o la Aduana.      

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