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En octubre, TSE abre el debate de ley de partidos

Base. Existen tres anteproyectos que serán el asidero de la norma

El Tribunal Supremo Electoral

El Tribunal Supremo Electoral

La Razón (Edición Impresa) / Rubén Ariñez / La Paz

00:00 / 16 de agosto de 2015

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) reabrirá el debate de la nueva ley de partidos políticos en octubre, tras la consulta ciudadana del 20 de septiembre. Las “bases” de la futura norma se discuten en el TSE y el Legislativo, pero existen otros perfiles.

“Luego del referendo vamos a impulsar un amplio proceso de reforma normativa y con el firme propósito de impulsar la Ley de Organizaciones Políticas que es una asignatura pendiente”, indicó a La Razón el vocal José Luis Exeni.

Una proposición que también cobra fuerza en la Asamblea, el órgano encargado de generar el cuerpo normativo del Estado.

El mismo vicepresidente Álvaro García —presidente nato del Legislativo— anticipó el lunes 10 de julio que “es un buen momento para reiniciar el debate de la ley (...) recuperando el borrador de la anterior legislatura”. Tanto el oficialismo como la oposición habían diferido su discusión desde 2014 porque consideraron que no era “nada apropiado” discutir la normativa durante la época electoral. En octubre de ese año se desarrollaron los comicios presidenciales y en marzo pasado, las justas subnacionales.

La necesidad de una nueva norma responde a la adecuación de los preceptos de la actividad de las organizaciones políticas y ciudadanas a la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009.

Han transcurrido 16 años desde que la Ley Orgánica de Partidos Políticos se promulgara en 1999. Ella solo reconoce a la democracia representativa que basa sus principios esencialmente en el voto universal, directo y secreto; y el ejercicio de la representación popular “por medio de los partidos políticos y las alianzas formuladas por éstos”, según su artículo cuarto.

Un atisbo de acercamiento a la nueva realidad del Estado se generó con la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de 2004, que reconocía la participación de estos sectores en los procesos electorales.

Comunitaria. Pero la CPE en vigencia fue mucho más lejos al plantear el ejercicio de la democracia a través de la democracia “comunitaria”: el nuevo modelo del Estado y el reconocimiento a su cualidad plurinacional. Este nuevo paradigma rescata la designación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (Art. 11). La puesta en práctica de este modelo es la tarea urgente que tienen el TSE y el Legislativo.

En criterio del vocal Exeni, la Ley del 99 y la de 2004 son un “anacronismo”. Ahí reside la urgencia. La autoridad indicó que en la actualidad existen dos anteproyectos de ley que serán el asidero del futuro debate.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), que depende del TSE, redactó en un primer borrador con el respaldo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) durante largas jornadas de discusión en 2013 que congregó a unas 500 organizaciones del país.

El anteproyecto del TSE enfatiza en la promoción y el desarrollo de las instituciones de la democracia intercultural, justamente la demanda del nuevo escenario político del país. Proyecta la elección de candidatos por medio de primarias y el diseño de un “tipo mixto” de financiamiento a los partidos políticos que se efectivizaría a través de la cesión de espacios televisivos no solo en medios estatales, sino también en medios privados para “equilibrar” la difusión de sus propuestas en una campaña electoral. El Gobierno en 2008 y por decreto eliminó el financiamiento estatal a los partidos políticos. Principalmente los frentes opositores han cuestionado esta decisión. El diputado Javier Zavaleta, del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que “eso no se discute”.

Un segundo perfil se trabajó en la Vicepresidencia y es al que se refirió el vicepresidente García. Éste se archivó en la anterior legislatura y según el diputado Zavaleta, servirá para allanar el debate.

“Hay un perfil con las ideas básicas de lo que tiene que haber en esta ley, pero nos falta acordar internamente en la bancada”, dijo.

Las opositoras Unidad Demócrata (UD) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) aún trabajan por separado sus propuestas. Pero existe un tercer perfil de la Coordinadora de la Mujer que propugna, entre otros aspectos, la inclusión del principio de paridad en  la elección de todos los cargos de los tres niveles del estado.

“Hay una muy buena base de diseño normativo. Hay que discutir el tema de la democracia interna, el transfugio, el financiamiento a las organizaciones y por supuesto ponerlas en agenda legislativa”, señaló Exeni. Ese es el reto.

Oposición pide reponer recursos a los partidos

El Gobierno ratifica que  el financiamiento a los partidos no es viable

La oposición en el Legislativo pide que se reconsidere la restitución del financiamiento a los partidos políticos en la apertura del debate de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) que reemplazará a la Ley de Partidos de 1999.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) y la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) consideran que este asunto será el principal obstáculo para la redacción de la nueva normativa cuya discusión comenzará en octubre, una vez concluida la consulta ciudadana de los estatutos autonómicos en seis regiones del país, según adelantó el vocal José Luis Exeni.

“Solo el Gobierno es subvencionado con costosa propaganda estatal para consolidar una vez más su reelección. Debe reponerse el dinero”, sentenció la jefa de bancada del PDC, Norma Piérola.

Ajenos. La oposición criticó en reiteradas oportunidades el uso discrecional de bienes y servicios del Estado en favor de la campaña del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) en los dos últimos procesos electorales.

La jefa de bancada de UD, Jimena Costa, explicó que en otros países de la región se promueve el financiamiento público a las organizaciones para evitar que algunos “intereses ajenos” se inmiscuyan en el ejercicio de la práctica política y se garantice la transparencia y fiscalización de los recursos.

“Si el Estado no provee (recursos), cada organización encuentra sus vías y esas pueden ser el narcotráfico o el tráfico de influencias”, advirtió Costa. Mediante Ley 3925 del 21 de agosto de 2008, el Gobierno eliminó el “financiamiento estatal”. Con el dinero destinado a esta partida se creó el Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad en favor de los discapacitados, financiado con un aporte anual del Estado de Bs 40 millones. Desde entonces, el presidente Evo Morales ha cerrado filas en torno a esta temática. “Esa ley no se va a tocar (…). Como partido nunca aceptamos que el Estado dé plata a los partidos, no es de ahora sino antes”, señaló en febrero de 2014 el Jefe del Estado. Ese es un criterio invariable en el oficialismo, de acuerdo con el diputado Víctor Borda (MAS).

Antes de su modificación, la ley garantizaba a los partidos el “derecho fundamental a recibir financiamiento estatal”. El Órgano Electoral cuenta con un proyecto de ley que prevé un financiamiento “mixto” exclusivo para la propaganda en campañas electorales.

Costa consideró que la reposición de los recursos debe estar condicionada a una exhaustiva fiscalización de su destino. En tanto Piérola espera que el Gobierno amplíe su obligación de financiamiento, por ejemplo, a las consultas autonómicas del 20 de septiembre que son subvencionadas en su totalidad por los gobiernos subnacionales.

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