Nacional

El referéndum judicial se discutirá luego del 22 de enero

La crisis judicial llegó a tal punto que su solución está en manos del pueblo boliviano, tras los constantes fracasos de reforma del sistema desde el mismo Órgano Judicial. El Gobierno —que también reconoció su culpa en este proceso— encarará este desafío luego del 22 de enero.

Las autoridades judiciales juraron a sus cargos el 3 de enero de 2012. Archivo

Las autoridades judiciales juraron a sus cargos el 3 de enero de 2012. Archivo

La Razón (Edición Impresa) / yuvert donoso n sucre

00:00 / 12 de enero de 2015

La crisis judicial llegó a tal punto que su solución está en manos del pueblo boliviano, tras los constantes fracasos de reforma del sistema desde el mismo Órgano Judicial. El Gobierno —que también reconoció su culpa en este proceso— encarará este desafío luego del 22 de enero.

Por encargo de la propia autoridad, la oficina de la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, informó a La Razón que el Gobierno no definirá ni la fecha  ni las preguntas, menos la modalidad de la consulta, hasta después de la asunción del presidente Evo Morales a su tercer mandato consecutivo.

Similar posición fue expresada en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El senador René Martínez, del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo que la consideración del anuncio presidencial se encuentra en manos del Órgano Ejecutivo.

En ocasión de la inauguración de las actividades anuales del Ministerio Público, el lunes pasado, el Mandatario anunció la convocatoria a un referéndum nacional para un segundo intento de reforma judicial —el primero fue la elección de magistrados por voto popular en 2011— que incluso plantea la posibilidad de modificación de la Constitución Política del Estado. “(Que) el pueblo defina mediante un referéndum una profunda revolución dentro de la Justicia boliviana. Si hay que hacer una reforma a la Constitución, hay que hacerlo mediante el referéndum”, indicó el gobernante.

Morales esbozó algunos temas que debería consignar la consulta. Sugirió que los operadores de justicia sean investigados a través de la declaración jurada, para saber con cuánto ingresan a la función pública y con cuánto salen; también adelantó que si algún abogado comete errores o delitos, debe perder su condición profesional.

Propuestas. Esas ideas preliminares deben estar acompañadas por reformas a la Constitución. El propio Morales abrió las puertas para una posible reforma constitucional que permita realizar los cambios necesarios para la reforma de la Justicia, cuestionada  por la retardación de causas, la corrupción y la injerencia política.Gutiérrez avanzó un paso más al respecto. Declaró que se analiza la supresión de los artículos (182, 187, 194  y 198) que dictan la elección por voto popular de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Consecuentemente, abrió la posibilidad de que el mandato de las actuales autoridades judiciales sea acortado.

Por su parte, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Gonzalo Hurtado consideró que el país debería pronunciarse sobre la desaparición del Consejo de la Magistratura, que implica también un asunto a consignarse en la discusión de la convocatoria al referéndum.

Y el vicepresidente Álvaro García Linera consideró necesaria la reposición de la variable meritocracia para la selección de candidatos, que fue retirada cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional hizo el proceso previo a la votación de noviembre de 2011.

En la inédita elección judicial del 16 de noviembre de 2011, cuando fueron elegidos magistrados del TSJ, del TCP, del Consejo de la Magistratura (CM) y del Tribunal Agroambiental  (TA), primó más el apoyo de las organizaciones sociales que los méritos profesionales de los postulantes, según admitió García Linera.

Hurtado consideró, además, que el Órgano Legislativo no acompañó el proceso con la aprobación de leyes. Indicó que diputados y senadores tenían dos años de plazo para sancionar normas y hacer marchar la nueva justicia con base en la actual Constitución Política del Estado, pero —reclamó—  lamentablemente no lo hicieron.

Que el voto revocatorio sea en cada departamento

El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Antonio Campero consideró que la convocatoria del referéndum revocatorio debería tomar en cuenta la naturaleza regional de la elección de sus colegas. La decisión debería ser específica, no general, dijo.

“Entiendo que mínimamente el referéndum revocatorio debe hacerse ante el pueblo de Tarija, en mi caso, y ante cada departamento”, afirmó la autoridad.

En 2011, los magistrados del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental fueron elegidos en votación nacional, no así los del TSJ, que fueron elegidos en  cada departamento. Es así que cada uno de los nueve departamentos del país tiene un magistrado titular y suplente que los representa en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

“En mi caso, Tarija deberá decidir si me ratifica o me quita su confianza”, sostuvo Campero.

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