Nacional

43% de los reos de Chonchocoro dice que vive con miedo e inseguro

La muerte violenta de algunos reclusos y la escasa presencia policial al interior del recinto de máxima seguridad del país son considerados como factores para una vida intranquila, según los internos

Info inseguridad Chonchocoro.

Info inseguridad Chonchocoro.

La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz

00:01 / 25 de noviembre de 2012

El 33% de los reos de Chonchocoro vive con miedo y el 10% con alguna susceptibilidad, según una encuesta realizada por la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP). Una de las causas para que se dé esa situación de inseguridad sería la muerte violenta de algunos reclusos.

Chonchocoro fue abierto en 1992 y a la fecha fue escenario de al menos 22 muertes violentas, según la DGRP. La encuesta fue hecha a principios de este mes. Entre los hechos más recientes en el penal está el deceso de Franz Reynaldo Gonzales Gonzales, alias Vinchita, quien recibió 115 puñaladas. Su cuerpo fue encontrado en el patio del pabellón F de ese recinto. Meses después, a finales de octubre, uno de los acusados de su muerte, Álvaro Hurtado, alias El Negro, apareció sin vida, aparentemente por una intoxicación con sustancias controladas.

La DGRP, entre otras interrogantes, consultó a los internos si estaban al tanto de la cantidad de personas que fallecieron de manera violenta en el penal. Uno de los reos dijo conocer de nueve muertes, ocho indicaron que se dieron más de diez casos, el resto citó por lo menos un hecho.

En seguida se presentó otra consulta: ¿Podría indicar si usted vive con miedo y por qué? El tabulado de las respuestas entre los 138 privados de libertad evidenció que el 57% vive “tranquilo”, frente al 33% que “sí tiene miedo” y 10% que “vive susceptible”.

Denuncias. El representante de la Defensoría del Pueblo en El Alto, José Luis Hidalgo, señaló que en Chonchocoro hay varios antecedentes negativos, entre ellos fallecimientos con armas blancas y de fuego, que evidencian que el citado recinto “no es seguro” y que “los controles que la Policía debería    realizar carecen de rigurosidad”.

La Defensoría del Pueblo, según Hidalgo, en lo que va del año recibió seis denuncias por parte de los propios internos y también de sus familiares, respecto a que éstos son objeto de algún tipo de amenaza contra su integridad y su vida. La evaluación que hace esta oficina es que la Policía “sólo cumple una labor de vigilancia” que muchas veces se circunscribe al perímetro del penal.

De hecho, el cuestionario realizado por la DRGP da cuenta de que el 29% de los consultados no advierte la presencia policial en ese recinto penitenciario. “No ingresa”, “de vez en cuando” o “sólo para llamar lista”, fue la respuesta de los internos cuando se les preguntó cuántas veces al día los uniformados entran a ver a la población penal. Un porcentaje similar, sin embargo, afirmó que los policías ingresan entre tres a cuatro veces por día al sector.

Además, un alto porcentaje de los reclusos no advierte la entrada del director del recinto penal. Cuando se consultó a 61 personas sobre la cantidad de veces que ingresó el gobernador en una semana, 30 dijeron que no lo hace, 16 afirmaron que en una oportunidad y cuatro reclusos aseguraron que fue visto más de diez veces, el resto lo vio entre tres a cinco veces o en caso de urgencia o reuniones.

Control. En el último semestre la ausencia de un control policial riguroso se tradujo en la detección de alcohol y drogas en Chonchocoro en al menos cinco oportunidades y llevó al director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, a asumir que “ciertos poderes ocultos” controlan ese negocio en el penal de máxima seguridad.

Toda vez que las visitas de los reos afirman que son sometidos a controles estrictos, Llanos incluso se animó a plantear la posibilidad de que haya policías involucrados. “La relación policía-recluido en algunas ocasiones demostró que se dan situaciones que generan mayor empoderamiento de algunos internos y contribuyen a la protección desde afuera a grupos o redes delincuenciales”, señaló Yolanda Herrera, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB).

De acuerdo con esta institución, el sistema penitenciario presenta un problema estructural, por lo que las cárceles son los espacios donde más se vulneran los derechos humanos.

Se anuncia cambio de directores

Norma

Debido a la muerte de un reo por sustancias controladas en Chonchocoro (29/10/12), la DGRP anunció que analiza el cambio de gobernadores en todos los penales del país. El tema lo define la Policía, a través de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria, aunque la Ley 2298 (art. 48, num.14) indica que es atribución del Director de Régimen Penitenciario.

DDHH ve que falta clasificar

La inseguridad en centros penitenciarios es un tema de constante denuncia por parte de los privados de libertad, según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que atribuye la situación a la diferenciación surgida entre detenidos preventivos y sentenciados.

“Mientras el sistema de administración penitenciaria esté como está a la fecha, es inevitable el nivel de riesgo”, indicó Yolanda Herrera, presidenta de la APDHB. El hecho de que no haya una división por edad y por delito en las cárceles es uno de los factores que contribuyen a que el nivel de violencia y agresividad vaya creciendo en los recintos penales, según esa oficina.

La APDHB identificó principalmente la tasa de detenidos preventivos (84%) como factor para que alguna gente aproveche esa situación para generar espacios de inseguridad. En el caso específico de Chonchocoro, el centro fue creado para sentenciados y a la fecha, de 138 internos que alberga, 51 son preventivos.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, hizo notar que las autoridades a cargo de la seguridad penitenciaria deberían tener formación en el tema. “Un gobernador, por ejemplo, debería tener el perfil adecuado y conocimiento sobre los privados de libertad, pero a veces el cargo les llega sólo en función del cambio de destinos, como a oficiales y clases”, sostuvo José Luis Hidalgo, representante del Defensor del Pueblo en la ciudad de El Alto.

La Ley 2298 señala que el Régimen Penitenciario tiene potestad para nombrar a los gobernadores de penales, pero actualmente lo hace la Policía.

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