Seguridad nacional

La APDHB retira su desistimiento en el caso Porvenir

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia dijo que los ahora exabogados de esa institución presentaron el desistimiento sin tener atribuciones para ello. La abogada Estefanía Suárez asegura que actuaron a solicitud de Herrera y anuncia que presentará pruebas "en su momento".

Enfrentamiento. Una de las tomas del conflicto entre campesinos en Porvenir (Pando), en 2008. Foto: archivo La Razón

Una de las tomas del conflicto entre campesinos en Porvenir (Pando), en 2008. Foto: archivo La Razón

La Razón Digital / B. Montero / La Paz

14:51 / 07 de agosto de 2015

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) determinó retirar su memorial de desistimiento en el caso Porvenir, en medio de acusaciones entre los abogados que habían presentado la solicitud y la presidenta de esa institución, Yolanda Herrera.

La decisión fue adoptada en una reunión nacional realizada el fin de semana en Cochabamba, tras la polémica que se abrió por la presentación del desistimiento, el 29 de julio, por los abogados apoderados de la APDHB, Boris Antezana y Estefanía Suárez la Fuente, sin el aval de una asamblea nacional.

“En esta reunión se ha definido mantener la presencia institucional dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusación particular. Se ha valorado que la actuación de nuestros apoderados ha sido sin seguir el procedimiento interno y no contar con la autorización de la institución”, informó esta mañana Herrera en contacto con radio Panamericana.

Suárez, entrevistada por la misma radioemisora inmediatamente después, aseguró que el desistimiento fue presentado a solicitud de Herrera, quien le habría pedido a ella y a su colega Antezana que lo hicieran no obstante a que no tenían el aval de una asamblea nacional, con la promesa de que ese requisito sería cumplido posteriormente.

“Actuamos por la premura del tiempo con autorización de Yolanda. Incluso la señora Yolanda dijo que no eran tan importantes los votos de los demás directivos, porque ‘lo podíamos hacer luego’…tenemos las pruebas y las presentaremos en su momento”, anunció.

A fines de julio Antezana y Suárez retiraron la acusación de la APDHB en el caso Porvenir, juicio penal que fue abierto por la muerte de 13 personas en septiembre de 2008, argumentando, entre otras cosas, que asumían esta decisión porque habían hecho lo mismo los principales acusadores. El principal acusado en este proceso es el exprefecto Leopoldo Fernández.

El 23 de julio se conoció que en este proceso judicial desistieron Jorge Borobobo Vaca, Norah Montero, viuda de uno de los fallecidos en los hechos violentos, y Carlin Haensel Inuma, presidenta de la Asociación de Víctimas del 11 de septiembre.

En el desistimiento presentado por los abogados se lee además que: “Siendo que la APDHB tiene por finalidad la búsqueda del ejercicio y la vigencia plena de los derechos humanos en el presente proceso, nuestra institución considera los siguientes puntos: que el proceso se extendió por demás en el tiempo; (las) víctimas fundamentales del caso han presentado su desistimiento; y no se observó a cabalidad el debido proceso. Es por eso que damos a conocer que la APDHB de manera manifiesta se retira y renuncia al proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Leopoldo Fernández”.

Antezada renunció el lunes a la APDHB y Suárez fue alejada. Herrera dijo esta mañana que ambos actuaron al margen de sus atribuciones y que finalmente retiraron el cuestionado memorial. “Los mismos abogados retiraron el memorial que presentaron, del cual yo no tenía conocimiento del contenido”, afirmó.

ANTECEDENTES

Suárez insistió en que no actuaron por iniciativa propia y consideró que la decisión de retirar el desistimiento fue tomada por temor a represalias. “Se han asustado, debe haber mucha presión de otro lado. Nos han utilizado para tantear cómo sería retirarse”, dijo.

Dos organismos internacionales calificaron de “masacre” a los hechos violentos que se registraron en el denominado caso Porvenir (Pando), que dejó 13 personas muertas en septiembre de 2008. El conflicto empezó por diferencias políticas entre gente afín al partido del actual Gobierno con simpatizantes del exprefecto de Pando, quien ahora es el principal acusado en el proceso.

El primer documento entregado al presidente Evo Morales, en 2008, fue de la Unión Sudamericana de Naciones, (Unasur) que conformó una comisión para investigar los hechos luctuosos. En el informe calificó a los hechos de “un crimen de lesa humanidad” y recomendó el juzgamiento de los responsables en los tribunales ordinarios.

“El 11 de septiembre de 2008, en la localidad de Porvenir, del departamento de Pando, y otros sitios, se cometió una masacre, en el sentido empleado para este término por las Naciones Unidas”, señaló en el documento.

Posteriormente, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) confirmó que los hechos de Porvenir fueron una masacre y una grave violación de los derechos humanos. El informe fue leído por el representante de este organismo en Bolivia, Dennis Racicot, quien recomendó que las instancias jurisdiccionales se hagan cargo de sancionar a los responsables de las muertes y heridos que dejaron los enfrentamientos entre campesinos y funcionarios departamentales.

Luego, el Gobierno presentó un informe sobre las acciones violentas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En este último caso, se llevó a testigos para que den su versión.

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