Seguridad nacional

Alcibia pide licencia; Fiscalía no actuará de oficio en el caso

Aprehendido. Allanan la casa del encargado de Sistemas, debe declarar

Explicaciones. Los fiscales Fernando Pacheco y Ramiro Guerrero aseguraron que este caso está en investigación.

Explicaciones. Los fiscales Fernando Pacheco y Ramiro Guerrero aseguraron que este caso está en investigación. Yubert Donoso.

La Razón / Yuvert Donoso, Eduardo Chávez / Sucre y La Paz

01:56 / 19 de enero de 2013

Cinco días después de conocer la violación de una mujer que involucra al asambleísta Domingo Alcibia, ayer el principal protagonista del hecho rompió el silencio y anunció que pidió licencia indefinida del cargo. Entretanto, el Ministerio Público sostuvo que no abrirá un proceso penal por violación sexual hasta que la víctima presente su denuncia formal del hecho ocurrido el 20 de diciembre en la sala de sesiones de la Asamblea Departamental de Chuquisaca.

“Hay diferentes habladurías de diferentes medios de comunicación; en ese sentido, yo ya le he presentado la carta de licencia indefinida para aclarar más que todo esas denuncias. Yo voy a esperar las aclaraciones (…) y no he hecho el intento y no es violación esto”, declaró Alcibia a radio Loyola de Sucre. Inmediatamente después, proclamó su inocencia y negó que haya habido una violación. “No es así, es falso”, dijo.

Medios difundieron declaraciones que el acusado pidió que se mantengan en reserva. Alcibia, hasta antes de pedir su licencia indefinida, representaba a la provincia Azurduy. Durante su periodo de asambleísta fue el único que reemplazó al gobernador Esteban Urquizo en el cargo.

En el marco de las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público a raíz de las denuncias de una supuesta violación, el fiscal departamental de Chuquisaca, Fernando Pacheco, informó que no se abrirá ningún proceso bajo esa figura penal hasta que la víctima denuncie el hecho.

Esa afirmación fue respaldada por el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, quien explicó que “éste es un delito a instancia de parte, y debe ser la víctima la que presente su denuncia, la que presente su querella, para que se pueda abrir en el marco que corresponde la acción penal, porque la afectada es mayor de edad”. La representante del Defensor del Pueblo en Chuquisaca, Juana Maturano, coincidió con que se debe esperar esa actuación de la mujer. 

Sin embargo, el jefe del Ministerio Publico dijo que se está realizando una investigación en el marco de un contexto general sobre los hechos registrados el 20 de diciembre en la Asamblea Legislativa Departamental.

Desde que salió a la luz pública este caso, la Fiscalía tomó declaraciones a cinco funcionarios que aparecen en video, por los presuntos delitos de uso indebido de bienes y servicios, uso indebido de influencias en razón del cargo y manipulación informática de las grabaciones captadas por una cámara de seguridad.

Ayer por la tarde, los fiscales del caso junto a efectivos policiales allanaron el domicilio de Raúl Daza, exfuncionario de Sistemas de la Asamblea, y secuestraron una computadora, además de discos compactos. Daza fue llevado a la Fiscalía en calidad de aprehendido y debe ofrecer su declaración informativa.

Medios no serán sancionados

- El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, aclaró que no procesará a ningún medio de comunicación que difundió las imágenes de una presunta violación y que haya vulnerado la ley de protección a víctimas de delitos sexuales.

- La Defensoría del Pueblo afirmó ayer que sería un “despropósito” enjuiciar a los medios de comunicación por haber difundido imágenes que sirvieron para denunciar la presunta violación que habría cometido un asambleísta departamental del MAS en Chuquisaca.

ONU pide investigar y castigar con severidad

Mediante un comunicado difundido ayer, la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades judiciales “investigar y sancionar con severidad” a los responsables de los sucesos en Sucre, donde el 20 de diciembre el asambleísta Domingo Alcibia habría violado a una empleada de limpieza.

El documento señala que este hecho llama la atención sobre la urgencia de que se acelere la aprobación y aplicación de leyes que protegen a las mujeres, niñas y adolescentes contra toda forma de acoso y violencia, para que hechos tan lamentables no vuelvan a suceder y menos en ámbitos del Estado. “Debe ser sancionado de acuerdo a la ley para evitar que quede impune, como tantos otros casos de acoso y violencia sexual contra las mujeres, que se presentan cotidianamente”, agrega.

Ministras exigen sancionar violencia sexual

Las ministras que conforman el gabinete del presidente Evo Morales exigen sanciones ejemplares en contra de asambleístas departamentales y nacionales involucrados en hechos de violación en contra de mujeres y también piden la expulsión de los acusados que son del partido oficialista.

La resolución de las autoridades fue leída por las titulares de Desarrollo Productivo, Teresa Morales; Autonomías, Claudia Peña, y de Comunicación, Amanda Dávila, en representación de las siete mujeres que ocupan carteras de Estado.

“Nosotras, ministras de Estado y sobre todo mujeres bolivianas, expresamos nuestra más firme condena ante los vergonzosos sucesos de violencia física, sexual y psicológica contra mujeres funcionarias ocurridos en la Asamblea de Chuquisaca que involucran a legisladores departamentales vinculados con el partido de gobierno”, leyó Dávila en rueda de prensa.

Las autoridades también exigen sanciones ejemplares para los otros hechos de violencia por parte de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) tanto en Chuquisaca como en La Paz, donde el concejal de Palca José Chura Tola desfiguró el rostro de su pareja y en Potosí, donde el diputado suplente del MAS Justino Leaño es acusado de violar a su hija.

Teresa Morales aseguró que las ministras se apersonarán en el juicio en contra de dos asambleístas departamentales de Chuquisaca, protagonistas del escándalo de acoso y violación de una mujer, “para que este proceso llegue a un resultado de sanción a los culpables que se conocen”. La resolución también exige la expulsión de todos los asambleístas y funcionarios involucrados en estos hechos.

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