Seguridad nacional

En la Asamblea desahucian el indulto hasta fin de año

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) desahució la posibilidad de que el indulto que demandan los presos se concrete hasta fin de año. Así se dé un decreto presidencial mañana, éste debe ser aprobado por la ALP, que no tiene el tema en agenda.

Protesta. Reclusos del penal de San Pedro en movilización, ayer.

Protesta. Reclusos del penal de San Pedro en movilización, ayer. Ángel Illanes.

La Razón (Edición impresa) / Ernesto Calizaya / La Paz

02:04 / 18 de diciembre de 2012

El presidente del Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle (MAS), indicó que el artículo 172, numeral 14, de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que es atribución del Presidente del Estado Plurinacional decretar indulto o amnistía para los privados de libertad; sin embargo, también manifiesta que es “con la aprobación de la ALP”.

Desde la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP) se informó que es posible que mañana, tras el gabinete, el presidente Evo Morales emita el decreto del indulto que se proyecta en el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, de darse ese decreto presidencial, debe ser avalado por la ALP, según Calle, quien agoró que se lo aprobará, pero no este año. “El 22 (de diciembre) entramos en receso parlamentario y regresamos los primeros días de enero, por lo tanto, va a ser solamente el próximo año”, afirmó.

Norma. El diputado Lucio Marca (MAS), presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, aseguró que esta instancia legislativa prevé presentar oficialmente un anteproyecto de ley de indulto hasta el fin de semana, empero, también se mostró pesimista en cuanto al tratamiento del mismo.

“Va a ser imposible (el debate inmediato del anteproyecto) porque requiere un procedimiento, implica una discusión con el Órgano Ejecutivo y la ALP. Primero hay que socializar (...) necesitamos un informe positivo del Ejecutivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”, afirmó Marca. Si se decide por dar curso al decreto, antes que al anteproyecto de ley, esa norma debe ser considerada por la ALP, coincidió.

La última vez que se dio un indulto en Bolivia fue en octubre de 2000, mediante la Ley 2133, por la celebración del Gran Jubileo. Desde la semana pasada, reclusos de diferentes cárceles del país se manifestaron en demanda de este beneficio que, además de hacer frente a la retardación de justicia, podría paliar en algo el hacinamiento carcelario.

En el penal de San Pedro de La Paz, ayer exigieron un indulto para ancianos y enfermos terminales, principalmente. Suman 158 presos entre ambos grupos, pero el beneficio no alcanzaría a todos. Ramiro Llanos, responsable de la DGRP, dijo que de 100 ancianos de este penal, sólo ocho se acogerían al indulto. De 272 jóvenes, 14 se beneficiarían. “No se abre las puertas para todos”, explicó.

Llanos hizo esta valoración tras considerar las restricciones  que se aplicarían para el perdón,  es decir, que no sean reincidentes, que no estén involucrados en delitos graves, delitos de violación,  temas de corrupción, entre otros.  Para Navidad, con un decreto presidencial, según la DGRP, podrían salir libres hasta 200 reos, luego otros 300 y en los próximos cuatro meses hasta 1.500 en el país.

“Debe haber un proceso y discusión permanente porque por indultar a alguien con sentencia, en lugar de aportar a la seguridad  estaríamos aportando a la inseguridad (...) si están detenidos no es porque son santos”, manifestó Marca. Adelantó que su comisión realizó visitas a cerca del 50% de las cárceles del país para analizar no sólo el tema del indulto, sino también las políticas de rehabilitación, infraestructura y otros.

Pausa por los prediarios

Los internos de los seis penales de Cochabamba suspendieron las medidas de presión luego de firmar un acuerdo con autoridades de Régimen Penitenciario que comprometieron el pago del prediario hasta el 28 de este mes. El primer desembolso lo hará hasta el miércoles y el segundo hasta el viernes de la próxima semana.

El estado de emergencia permanece, según Ariel Tancara, delegado interno de El Abra, ya que se logró un acuerdo con Régimen Penitenciario para el pago del prediario de octubre hasta el 28 de este mes. Si las autoridades no cumplen vamos a incendiar las cárceles y veremos dónde nos encierran”, sentenció Tancara.

La aprobación de la Ley de Indulto para reos quedó pendiente, según Tancara. “No queremos entorpecer el trabajo que realizan en el Gobierno”, acotó. En el sexto día de protesta los presos volvieron a movilizarse, mientras sus delegados se reunían con portavoces de Régimen Penitenciario y de la Pastoral Penitenciaria, además del representante del Defensor del Pueblo en Cochabamba.

En el penal de San Sebastián varones, los reos permanecieron en los techos; sus esposas, junto a las de San Antonio, hicieron vigilias en las calles. Las últimas pusieron un barril en la vía para recolectar dinero y pidieron a la población ayudarlas con víveres.

“Ya no tenemos agua, no hay qué comer, por favor que nos ayuden trayendo fideo y verduras”, imploró una de ellas. El grupo aseguró que, por la emergencia, ellas dejaron de dormir al interior del recinto carcelario y junto a sus hijos durmieron en la calle estos días.

Mientras las protestas continuaban, en El Abra, los delegados y autoridades sostuvieron una reunión. El encuentro que comenzó a las 09.00, concluyó a las 12.45 con el anuncio de socializar la propuesta. Alrededor de las 14.00, los reos aceptaron el pago en partes y suspendieron la huelga de hambre, crucifixiones y costura de labios.

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