Seguridad nacional

Audiencia del caso Terrorismo se suspende tras un bochorno

Fallo. La Corte paceña ratificó su facultad para atender este proceso

Santa Cruz. El acusado Gary Prado (izq.) abandona la audiencia junto a su abogado, ayer.

Santa Cruz. El acusado Gary Prado (izq.) abandona la audiencia junto a su abogado, ayer. Iván Condori.

La Razón / Iván Condori / Santa Cruz

02:16 / 27 de abril de 2013

El Tribunal 1º de Sentencia de La Paz ratificó ayer su facultad para llevar adelante el juicio oral del caso Terrorismo en la ciudad de Santa Cruz. Además, postergó la audiencia de este proceso hasta el 6 de mayo, en medio de bochorno, tras el abandono de coimputado Gary Prado Salmón.

El juez Sixto Fernández, presidente del citado tribunal, a través de la Resolución Nº 20, determinó que el caso se mantenga en la ciudad de Santa Cruz y bajo la jurisdicción de autoridades jurisdiccionales de la ciudad de La Paz. Esta decisión la asumió luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional emitiera su fallo 130/2013, en el que revoca la declaración en rebeldía de Prado y ordena que éste sea juzgado por un juez natural, en este caso cruceño, y sea sometido a un examen médico forense para establecer su estado de salud.

Prado acudió al TCP porque fue declarado rebelde en este caso debido a que no asistió a una audiencia que se llevó a cabo en Tarija. Él arguye que por motivos de salud no pudo trasladarse a esa ciudad. El caso Terrorismo se refiere a la desarticulación de un grupo presuntamente separatista en la capital oriental, en abril de 2009.

Juicio. La determinación de Fernández generó la reacción inmediata del abogado de Prado, Otto Ritter, quien acusó al juez de incumplimiento de deberes, por lo que anunció el inicio de un juicio penal en su contra. 

Ritter, también pidió a la Fiscalía aprehender a los jueces técnicos del tribunal por emitir la resolución que, en su criterio, va en contra de la Sentencia 130/2013 del TCP y de la Constitución Política del Estado y las leyes. “El fallo del tribunal concede la tutela para que declinen competencia a favor del Tribunal de Sentencia de turno de Santa Cruz”, sostuvo el jurista.

Fernández defendió su resolución cuando señaló: “Hemos dado estricto cumplimiento a la sentencia expedida en Sucre, la misma nos pide que nosotros resolvamos la situación procesal del procesado Gary Prado Salmón y, a la vez, resolvamos la situación de la declinatoria de jurisdicción en razón a la salud del mismo. En esa línea hemos resuelto esa situación y se ha dispuesto que se mantenga en Santa Cruz el proceso y la situación”.

Ante la resolución emitida por el presidente del Tribunal 1° de Sentencia, que iba en contra de toda aspiración de contar con jueces naturales cruceños, Prado decidió desconocer las actuaciones de esa Corte y abandonó, junto a su abogado, la sala de audiencias. “Ellos ya no tienen competencia sobre mí”, alegó.

Desde el escritorio de la Fiscalía se ordenó a la Policía cerrar la puerta para evitar la salida del coimputado, pero esto generó la reacción de los familiares y abogados de los acusados que forcejearon con los efectivos del orden.

Ante la escaramuza armada en la sala, Fernández se vio obligado a interceder para evitar el enfrentamiento verbal entre las fuerzas del orden y familiares de los procesados. Permitió que éste saliera, aunque antes le advirtió que iniciaría en su contra procesos que le faculta la ley.

El fiscal Sergio Céspedes, parte acusadora del caso, pidió al tribunal declarar a Prado en rebeldía y ordenar su aprehensión por violentar los derechos procesales al abandonar la audiencia. Además, demandó sanciones para el abogado Ritter.

Fernández, cauto al momento de responder sobre el pedido en contra de Prado, respondió: “Actuaremos de acuerdo con lo que estipula la norma y en el momento adecuado; por ahora no podemos adelantarnos a los hechos”. La valoración médica realizada por la forense Sheyla Jahel Cadiz establece que Prado no puede realizar viajes por tierra ni permanecer en una altitud superior a los 2.000 msnm.

Fiscal exige aclaración al Tribunal

Demanda

El fiscal general, Ramiro Guerrero, pidió ayer al Tribunal Constitucional una aclaración y enmienda sobre su fallo en el caso de Gary Prado, para establecer con claridad la declinatoria del juez natural y  que el juicio del caso Terrorismo no tenga malas interpretaciones.

Otro fallo pide juicio con un juez natural

Otra sentencia constitucional, la 2468/2012, concede la tutela a Ronald Castedo, coimputado en el caso Terrorismo, y ordena que este proceso se lleve adelante en la ciudad de Santa Cruz. El abogado de Castedo, José Hoffman, explicó que en octubre de 2012 presentó el recurso de acción de libertad en favor de su defendido, bajo el argumento de que él no podía ir a las audiencias que se instalaban en la ciudad de Tarija por problemas de salud.

Pero esta solicitud fue denegada por la autoridad jurisdiccional en ese entonces. “Ahora el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia a la que se apeló el anterior fallo, nos da la razón”, afirmó el jurista.

Este fallo es similar al emitido por el TCP en febrero en favor de Gary Prado Salmón, otro coimputado en este caso. Pero esta sentencia fue calificada de extemporánea por la Fiscalía y por la ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, debido a que el juicio ya se lleva en la ciudad de Santa Cruz.

No obstante, desde el punto de vista de Hoffman, el fallo del TCP declara nulo de pleno derecho todos los actuados en el marco del juicio oral, debido a que sin valorar los exámenes médicos obligaron a su defendido a ir a Tarija poniendo en riesgo su salud y vida.

El juez Sixto Fernández, presidente del Tribunal 1º de Sentencia de La Paz, dijo que no había sido notificado y que oficialmente desconocía esta sentencia constitucional. “Una vez que conozcamos el fallo nos pronunciaremos y daremos curso de acuerdo con lo que estipulan las normas”, acotó. Los abogados de la defensa dudan de que la medida tenga mejor suerte que con Prado, ya que el Tribunal 1º de Sentencia determinó que el caso prosiga sin alteración.

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