Seguridad nacional

Recursos legales frenan extradición

Belaunde. Para entregar al peruano no debe haber causas en trámite, dice experta

Detenido. El peruano Martín Belaunde, junto a su custodio en enero.

Detenido. El peruano Martín Belaunde, junto a su custodio en enero. José Lavayen-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

03:59 / 15 de mayo de 2015

Karen Longaric, experta en Derecho Internacional, afirmó que las acciones legales interpuestas en Bolivia por la defensa del peruano Martín Belaunde deben paralizar la extradición tramitada por la Justicia de Perú. Primero se deben responder a esos recursos, dijo.

El análisis de la abogada surge tras la determinación de la Justicia boliviana de rechazo a dos recursos legales presentados por Belaunde, exasesor del presidente Ollanta Humala, por lo que ratificó la extradición del extranjero.

Sin embargo, existen otros dos recursos en trámite por la Justicia: una acción de amparo constitucional, que fue rechazada en La Paz y que está en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), y otra acción de amparo de libertad, la misma que continúa su trámite en el Órgano Judicial de Bolivia.

“Si en las instancias judiciales de Bolivia hubiese algún recurso pendiente de solucionar, obviamente que la extradición (de Belaunde) se paraliza hasta que el TCP o el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) responda a esos recursos”, explicó Longaric. Belaunde cumple una detención domiciliaria en La Paz con fines de extradición a Perú, país que lo requiere para seguirle procesos por acciones de corrupción.

Situación. Longaric remarcó que para que el trámite de extradición tenga legalidad, debe seguir el conducto regular y definido por la instancia judicial o constitucional de Bolivia. Longaric apuntó también que el proceso de extradición contra el ciudadano peruano no puede paralizarse por alguna acción internacional en curso.

El miércoles, Jorge Valda, abogado de Belaunde, sostuvo que ya presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia en contra del Estado boliviano por la “seguidilla” de violaciones a los derechos de su cliente. También aseguró que mientras no haya una respuesta, la extradición debe paralizarse.

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