Seguridad nacional

Bolivia prepara una ley para proteger a quienes denuncien crimen organizado

Esta ley, una de las doce nuevas normas que prepara el Ejecutivo boliviano para su próxima remisión al Parlamento, plantea la aplicación de medidas de protección a las personas que revelen información o intervengan como testigos, peritos o asesores técnicos en investigaciones judiciales o administrativas.

La Razón Digital / EFE / La Paz

15:23 / 21 de octubre de 2013

El Gobierno de Bolivia elaboró un proyecto de ley para proteger de represalias a testigos y denunciantes del crimen organizado, narcotráfico y corrupción y delitos de violencia machista, según un documento oficial al que tuvo acceso Efe.

Esta ley, una de las doce nuevas normas que prepara el Ejecutivo boliviano para su próxima remisión al Parlamento, plantea la aplicación de medidas de protección a las personas que revelen información o intervengan como testigos, peritos o asesores técnicos en investigaciones judiciales o administrativas.

Las medidas de protección también beneficiarán al entorno familiar de quienes presenten las denuncias y se aplicarán durante un máximo de tres años, aunque podrán ser prorrogadas por el mismo periodo si el peligro de las represalias subsiste.

Esas medidas incluyen la preservación de la identidad, la confidencialidad de los datos personales, de derechos laborales, custodia policial en el domicilio de la persona y uso de sistemas tecnológicos que impiden que su identidad sea conocida.

También prevé métodos de distorsión del aspecto físico o de la voz, alojamiento temporal en albergues destinados a protección de víctimas y testigos, atención psicológica y cualquier otra medida que se pueda adoptar para preservar la seguridad del informante o testigo, según el detalle de la propuesta elaborada en el Ejecutivo.

Además, serán protegidos los denunciantes y testigos en procesos contra delitos de trata y tráfico de personas, de violencia contra la mujer y menores y en la violación de derechos fundamentales.

Según el caso, las medidas de protección se solicitarán a los ministerios de Gobierno, Trabajo, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y a la Fiscalía, que tomarán las decisiones a partir de un estudio en coordinación con la Policía.

Las personas protegidas deberán colaborar en procesos judiciales o administrativos para esclarecer los delitos denunciados y estarán obligadas a mantener la confidencialidad sobre los procedimientos de protección, o de lo contrario, también podrán ser sancionadas.

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