Seguridad nacional

Cáceres anuncia modificación de la Ley 1008 para endurecer castigos a militares y policías implicados en narcotráfico

La información fue proporcionada después de que se conocieran dos casos de militares involucrados con el tráfico de sustancias controladas.

La Paz. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presenta la droga confiscada al oficial de la FAB.

La Paz. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presenta la droga confiscada al oficial de la FAB. José Lavayén.

La Razón Digital / Angel Guarachi / La Paz

16:58 / 09 de septiembre de 2015

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, informó hoy que su despacho trabaja en la modificación de la Ley 1008 de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas para endurecer sanciones contra los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas que se encuentren implicados en actividades ilícitas del narcotráfico. 

La pasada semana, un capitán de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) fue aprehendido en la provincia Abel Iturralde del departamento de La Paz con 362 kilos de cocaína que pretendía transportar a Brasil en una avioneta. Por este caso, el militar fue dado de baja.

"Estamos en vísperas de la modificación a la Ley 1008 y por supuesto hay algunos vacíos legales, jurídicos; los asesores legales están proyectando la nueva Ley de Sustancias Controladas y , por supuesto, hay que endurecer las penas”, dijo Cáceres en declaraciones a los medios.

Un reciente hecho se registró ayer cuando otro militar retirado fue detenido junto a cinco extranjeros en una pista de aterrizaje clandestina de Paraguay cuando transportaban 420 kilogramos de cocaína.

“Las Fuerzas Armadas y la Policía son las dos instituciones tutelares del país para  resguardar la seguridad de todos los bolivianos, ¿Cómo es posible que nuestros miembros estén implicados?”, cuestionó y reiteró que este tipo de personas “sí deben ser sancionadas”.

En esa misma línea, el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, anunció anoche la elaboración de una ley corta para dar de baja a militares involucrados en delitos penales como corrupción o narcotráfico para que ellos sean juzgados “sin beneficios”.

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