Seguridad nacional

Según Ritter, el Gobierno ayudó a Soza; el MAS lo descalifica

Versión. El abogado de un acusado en el caso Terrorismo dice que se encontró con el exfiscal en Brasil

Defensa. Otto Ritter, abogado del acusado Gary Prado.

Defensa. Otto Ritter, abogado del acusado Gary Prado. Iván Condori.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Condori / Santa Cruz

03:30 / 25 de marzo de 2014

Otto Ritter, abogado del acusado en el caso Terrorismo Gary Prado Salmón, dijo que gente ligada al Gobierno ayudó a salir del país al exfiscal Marcelo Soza hasta Perú, para que se dirija a Venezuela, pero que éste cambió de idea y viajó a Brasil, donde obtuvo refugio de 180 días.

Al respecto, el presidente del Senado, Eugenio Rojas, y el diputado Gonzalo Rodríguez, del MAS, sostuvieron que con esta denuncia se busca que fracase y se desvirtúe el juicio del caso Terrorismo, referido a la desarticulación, en 2009 en Santa Cruz, de un grupo acusado de separatista. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, se dispensó de dar su criterio sobre este caso debido a que estaba en reunión.

Cuando Soza huyó a Brasil se difundió una carta atribuida a él, en la que se denuncia irregularidades en el caso Terrorismo, que estuvo a su cargo. Ritter informó que la pasada semana, en su viaje a Brasil para confirmar la veracidad de esa carta, casualmente se encontró con Soza en un shopping, donde éste, nervioso, le comentó algunos detalles de cómo el Gobierno coadyuvó en su salida del país. 

“Soza me comentó que gente del Gobierno boliviano le había dicho que ya era insostenible la situación para él en el país y que al Gobierno no le iba a quedar más que detenerlo. Entonces era mejor que abandone Bolivia y que se vaya a la República Bolivariana de Venezuela”, relató Ritter.

Según el jurista, “la gente del Gobierno lo llevó hasta el Perú para que de ahí él (Soza) siga hasta Venezuela. Pero éste decidió incumplir la orden y determinó trasladarse a Brasil, porque Soza pensaba que si se iba al primer país (Venezuela), lo iban a matar”.

Misiva. Ritter confirmó que la carta atribuida a Soza es real y que la misma fue validada por un notario de Brasil. Añadió que el documento fue legalizado por la Cancillería y presentado en el consulado boliviano para su correspondiente legalización.

“La veracidad de la carta significa la comprobación de que el caso Terrorismo fue armado por el Gobierno, sobre la base de pericias falsas y testigos comprados para tratar de incriminar y perseguir a líderes de la oposición en Santa Cruz, lo reconoce el mismo Soza, que entonces estaba a cargo de las pesquisas”, declaró Ritter.

El abogado reiteró que el juicio por terrorismo es un caso político. “Estamos en condiciones de probar que a Eduardo Rózsa (supuesto líder del grupo acusado de separatista) lo trae el Gobierno boliviano y el pasaje es pagado por un exministro de Venezuela”.

“Ritter se reúne con Soza, un fiscal que investigaba en Bolivia, y (el) otro abogado de los terroristas, (esa situación) demuestra que estaba planificado para que los casos Terrorismo I y II no se lleven adelante o fracasen”, declaró Rojas, según reportó la ABI.

La respuesta del diputado Rodríguez coincidió con la de Rojas, ya que afirmó que con este tipo de acciones, como las del abogado Ritter, lo que se busca es desvirtuar el proceso que se les sigue por terrorismo. “Intentan convencer a la población que este caso fue armado por el Gobierno”, añadió el asambleísta oficialista.

Un llamado de Rojas

Brasil

“Que Brasil no se haga engañar con aquellos que han cometido delito en Bolivia, sobre todo (Marcelo) Soza. Brasil debe tomar y debe hacer una evaluación, no puede ser receptor de aquellos que cometen delito”, dijo Eugenio Rojas, presidente del Senado.

Fiscal prevé que el caso Rózsa seguirá paralizado

Williams Farfán

Sergio Céspedes, fiscal del caso Terrorismo o Rózsa, informó ayer que este juicio oral por alzamiento armado y separatismo seguirá paralizado hasta que el Tribunal 2° de Sentencia de La Paz resuelva la recusación presentada por un acusado.

El incidente que recusa a todo el Tribunal 1° de Sentencia y exige la nulidad del juicio, fue presentado la semana pasada por Ignacio Villa, El Viejo. Esta acción se dio tras la fuga del exfiscal Marcelo Soza a Brasil y la difusión de una carta atribuida a él en la que denuncia irregularidades en la investigación y la compra de testigos dentro del caso Terrorismo. “Primero se debe resolver la recusación para que prosiga el juicio oral que entretanto está paralizado. Entiendo que han devuelto los actuados por mala foliación”, informó Céspedes.

Remarcó que los acusados vuelven a pedir la nulidad del proceso por supuestas irregularidades en la indagación y por la mala obtención de pruebas, entre otros, aunque estas observaciones fueron resueltas por el juez en la audiencia conclusiva.

En criterio del fiscal, todas las acusaciones que presentan tienen el objetivo de retrasar o dilatar el juicio oral, pese a que el Ministerio Público demostró que los acusados buscan extinguir el caso por la duración máxima del proceso, o sea de tres años de detención preventiva sin sentencia.

Céspedes remarcó que la recusación al 100% del tribunal no es legal, ya que la ley indica que solo se puede recusar al 50%. Adelantó que por eso rechazarán la recusación y que se reinstalará el juicio con la misma corte.

Rivera solicita levantar el secreto de Estado

I. C.

Fernando Rivera, exdirector jurídico del Ministerio de Gobierno, pidió al Ejecutivo levantar el secreto de Estado para que revele detalles sobre el caso Terrorismo, ya que él ejercía la función de apoderado legal dentro de ese proceso.

Rivera, en su declaración testifical ante la comisión de fiscales que indaga el caso de extorsión a familiares de acusados de terrorismo, planteó al Ministerio Público que notifiquen al ministro de Gobierno, Carlos Romero, para que disponga liberarlo de todo cuanto conoce en torno al proceso que se ventila en el Tribunal 1º de Sentencia de La Paz.

Según Rivera, el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal fija el “deber de abstención” que no le permite revelar algunos detalles del caso y, para ello, se requiere la liberación o autorización de una autoridad máxima, en este caso el Ministro de Gobierno.

“Una vez liberada, mi persona está presta a colaborar con la función constitucional del Ministerio Público, tal como señala el parágrafo 1 y 2 del artículo 225 de la CPE”, indicó Rivera en su declaración a la que tuvo acceso La Razón.

Rivera, al igual que Boris Villegas, exdirector de Régimen Interior, y Denis Rodas, exasesor jurídico, declaró en el interior del penal de Palmasola, donde está detenido bajo acusación de extorsión.

La audiencia fue declarada en cuarto intermedio a solicitud de Rivera, quien pidió que se le entregue la transcripción del video que fue presentado como prueba por la senadora Eva Gonzales (CN). Neyda Ledesma, abogada de Villegas, manifestó que su patrocinado tiene toda la voluntad de cooperar en el esclarecimiento de todos los casos que él ha llevado en representación del Gobierno.

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