Seguridad nacional

Fiscalía imputa a Mejía por 2 delitos en balacera de El Abra

Cárcel. Es sindicado por concusión e incumplimiento de deberes

Pesquisa. Personal de la Fiscalía y de la Policía precintan la oficina de Dennis Mejía, tras su arresto.

Pesquisa. Personal de la Fiscalía y de la Policía precintan la oficina de Dennis Mejía, tras su arresto. Fernando Cartagena.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

03:45 / 19 de septiembre de 2014

Tras iniciar las investigaciones de la balacera que dejó 4 muertos y 11 heridos en el penal de El Abra, la Fiscalía imputó al jefe de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Dennis Mejía, por los delitos de concusión e incumplimiento de deberes.

Mejía fue arrestado el miércoles por el Ministerio Público acusado de “socapar extorsiones” en El Abra. Ayer declaró ante la Fiscalía y luego fue trasladado a celdas policiales, donde espera la convocatoria de un juez para su respectiva audiencia cautelar.

La imputación de Mejía se dio luego de que el domingo, tras una fiesta en honor a la Virgen de Urkupiña dentro del penal que fue autorizada por él, se registró un enfrentamiento armado entre reos por una pugna de poder en el recinto para administrar sumas elevadas por extorsiones a los reclusos. En el enfrentamiento murieron Ariel Tancara, señalado como el cabecilla del grupo ilegal; Gustavo Tovar Ramírez, Humberto Gonzales Olmedo y Sergio Arce Araníbar (El Lucifer), sindicado de matar a Tancara. Además, 11 personas resultaron heridas.

Proceso. “De oficio se abrió la investigación en contra de Dennis Mejía por la presunta comisión de los delitos de concusión e incumplimiento de deberes”, informó el fiscal general, Ramiro Guerrero, quien ayer estuvo en Cochabamba. Añadió que los elementos que implican al exdirector penitenciario son las denuncias de actos ilícitos de personas, que de igual forma se dieron a conocer en los medios de comunicación del país.

Guerrero dijo que el fiscal Superior, Iván Montellano, se sumó a las investigaciones de los hechos. Sobre ello explicó que la Fiscalía abrió de oficio dos indagaciones por separado, una contra funcionarios y personal policial (entre ellos Mejía), y otro proceso  por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato y lesiones graves, tipificados en el Código Penal vigente, por la muerte de reos.

Guerrero también informó que en las pesquisas que se llevan adelante en esa cárcel, los peritos realizarán las pruebas de absorción atómica a los 520 apresados de El Abra, para determinar si dispararon armas de fuego. Esto, agregó, implica incrementar personal y presupuesto.

La consejera de la Magistratura y presidenta de la Sala Disciplinaria, Willma Mamani, en Sucre, dijo que la Sala Plena pidió a la Unidad de Transparencia de Cochabamba que investigue si una jueza de esa ciudad participó de la fiesta organizada por los reos.

Diputados investigan el caso

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Rodolfo Calle, anunció que una delegación de esta instancia legislativa indagará la pelea en la cárcel de El Abra, en Cochabamba. Entrevistará a los delegados del penal y obtendrá información sobre la reyerta que causó cuatro muertos el domingo.

“Vamos a pedir un informe escrito sobre las investigaciones que está realizando el Ministerio Público, para saber lo que realmente está sucediendo allá”, dijo el asambleísta oficialista.

Calle aseguró que este trabajo legislativo no interferirá las indagaciones de dicho ministerio, que es la autoridad competente para investigar sobre los sucesos sangrientos que, de alguna manera, desnudaron la falta de seguridad de las personas que ingresan a esa cárcel.

Luego de los hechos y los actos irregulares descubiertos en esa penitenciaría, Calle manifestó que se debe ver el grado de responsabilidad que tienen tanto los policías que estaban custodiando esta cárcel como el exdirector de Régimen Penitenciario de Cochabamba Dennis Mejía, para que, de acuerdo con esa valoración, se establezcan las sanciones.

Calle tampoco descartó, según ANF, convocar ante su comisión al ministro de Gobierno, Jorge Pérez, y al Director Nacional de Régimen Penitenciario.

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