Seguridad nacional

Comisión legislativa entrega a la Fiscalía acusación por privatización y abren plazo de 30 días para emitir informe

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que será formada una comisión de fiscales de Materia para analizar el expediente y emitir una resolución.

La Razón Digital / Paulo Cuiza / La Paz

19:27 / 16 de enero de 2015

Una comisión mixta de la Asamblea Legislativa entregó la tarde de hoy a la Fiscalía General la acusación contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el empresario Samuel Doria Medina y 11 exautoridades por la privatización y capitalización de empresas públicas. La Fiscalía tiene un plazo de 30 días para elaborar una resolución.

“Hemos venido a dejar este informe con las proposiciones acusatorias y esperamos que no se llegue hasta acá, sino que avance y que estos señores respondan al pueblo boliviano”, informó una de las comisionadas, Emiliana Ayza, al momento de entregar las dos proporciones acusatorias aprobadas el martes en sesión de Asamblea Legislativa.

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, explicó que será formada una comisión de fiscales de Materia para analizar el expediente y emitir una resolución.

"Como Ministerio Público, en el marco de las normas, vamos a empezar el procedimiento (…) vamos a conformar comisiones”, explicó Guerrero, quien anunció que la Fiscalía abrirá un plazo de 30 días para elaborar un informe al respecto.

La Asamblea aprobó las proposiciones acusatorias contra las exautoridades por los delitos de contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por los casos Funda-Pro y la capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (Enfe).

Además de Sánchez de Lozada y Doria Medina, los acusados son Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Arturo Beltrán Caballero, Flavio Escóbar, Gonzalo Apcha de la Parra, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Hernando Candia Castillo, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya.

Las dos proposiciones acusatorias deberán ser remitidas a la Fiscalía General del Estado, instancia que en un plazo de 30 días deberá emitir un informe que luego será devuelto a la Asamblea Legislativa, que deberá autorizar o rechazar el inicio de un juicio de responsabilidades contra esas 13 exautoridades.

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