Seguridad nacional

El Gobierno denuncia que en el país hay consorcios ilegales

Romero dice que se debe encarcelar a los jueces y abogados infractores

La Paz. El ministro Carlos Romero en una conferencia de prensa.

La Paz. El ministro Carlos Romero en una conferencia de prensa. APG.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

03:47 / 21 de noviembre de 2015

En medio de denuncias de actos de corrupción cometidos por operadores de justicia, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, denunció ayer que en el país operan  consorcios de jueces, fiscales y que atienden dolosamente casos; pidió que éstos sean desarticulados y sancionados.

En mayo, similar denuncia fue hecha por el vicepresidente Álvaro García, cuando advirtió que hay grupos de jueces, fiscales, abogados y policías que están incrustados en la Justicia. Por ese hecho sugirió realizar la Cumbre Judicial.

Romero reafirmó que “existen consorcios jurídicos que manipulan la justicia, cobran por los casos, los venden y simplemente negocian el precio, esa es la regla general que utilizan para estar en el sistema de justicia de Bolivia”.

Añadió que estos consorcios operan en todo el país, sobre todo en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Chuquisaca, y “son poderosos”. Por ello advirtió que la única manera de transformar la Justicia es que éstos sean desarticulados y los implicados estén en la cárcel.

El titular de Gobierno explicó que los jueces y fiscales de estos grupos manipulan la justicia y dan prioridad a los casos que involucran grandes sumas de dinero. En cambio, los otros procesos los dejan archivados, lo que origina la dilación de juicios, además que por ello dictan detenciones preventivas y llenan las cárceles. “Eligen los casos donde hay mucho dinero, luego buscan a través de los abogados u otros intermediarios a los clientes para extorsionarlos de una u otra forma”, declaró Romero.

El malestar del Gobierno se da tras la difusión de un video en el que el ahora exjuez anticorrupción Marcelo B., extorsiona a una mujer, pidiéndole $us 15.000 para favorecerla con un fallo. Este hecho salpicó a su colega Humberto V. y la secretaria del juzgado Micaela A., ahora cesados por el Consejo de la Magistratura.

La denunciante y víctima del caso, Patricia Q., el jueves señaló que teme por su vida y la de sus familiares, por lo que pidió garantías a las autoridades policiales. Al respecto, el Ministro de Gobierno aseguró que otorgarán todas las garantías y cuidados a la denunciante, para que ésta siga con el proceso judicial en contra de los exjueces acusados.

Instalarán cámaras en los juzgados

El Gobierno anunció la instalación de cámaras de vigilancia en los juzgados del eje troncal del país, en febrero de 2016, para evitar actos de corrupción por parte de operadores de justicia. La medida fue anunciada cuatro días después de difundirse un video en el que se ve al juez Marcelo B. pedir $us 15.000 a la madre de un imputado, para favorecer a éste. Por este hecho, tres operadores de justicia del juzgado son procesados en la vía ordinaria.

“Necesitamos instalar cámaras de videovigilancia en los juzgados y lo vamos a hacer porque no necesitamos permiso de nadie, ya que se trata de resguardar las garantías de los bolivianos para ejercer sus derechos, especialmente en el ámbito de la Justicia boliviana”, sostuvo Romero.

Explicó que verán la disponibilidad del trabajo, ya que el Gobierno adquirirá 500 cámaras de vigilancia que se pretende instalar desde febrero de 2016 en juzgados de las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Romero detalló que los equipos de vigilancia eran para otro propósito, pero debido a la urgencia y necesidad que hay, se los utilizará para controlar a los operadores judiciales. Expresó que la única forma de cambiar la Justicia es a través de una reforma.

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