Seguridad nacional

Cae jueza que liberó a policía pillado con 42,7 kg de cocaína

El abogado de la defensa, Santiago Flores, consideró que se cometieron una serie de irregularidades en la aprehensión, porque no hubo una orden emitida por autoridad jurisdiccional. “La tienen incomunicada, hasta ahora no he podido hablar con mi defendida”, afirmó el jurista.

Interdicción. Autoridades antidrogas presentan droga confiscada en Santa Cruz, a mediados de 2015.

Interdicción. Autoridades antidrogas presentan droga confiscada en Santa Cruz, a mediados de 2015. Alejandro Álvarez-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Condori / Santa Cruz

02:16 / 15 de diciembre de 2015

Tras desatar una serie de cuestionamientos en los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, anoche fue aprehendida la jueza cruceña Vivian Gonzales Rioja, quien liberó a un coronel de la Policía que tenía en su domicilio 42,7 kilos de cocaína. El fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, confirmó anoche la aprehensión de Gonzales y anunció que en el transcurso de hoy será puesta a disposición de un juez cautelar para que defina su situación jurídica.

El representante del Ministerio Público acotó que junto a Gonzales fue arrestada su secretaria, con fines investigativos. “Estamos tomando las declaraciones correspondientes y vamos a presentar la imputación formal contra la jueza pidiendo la detención preventiva en el penal de Palmasola”.

El abogado de la defensa, Santiago Flores, consideró que se cometieron una serie de irregularidades en la aprehensión, porque no hubo una orden emitida por autoridad jurisdiccional. “La tienen incomunicada, hasta ahora no he podido hablar con mi defendida”, afirmó el jurista.

El viernes se aprehendió al jefe del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) de El Alto, coronel Juan Carlos T. M., tras un seguimiento hecho por sus constantes viajes a Santa Cruz. Al día siguiente se llevó adelante su audiencia cautelar, en la que Gonzales, del Juzgado 15º de Instrucción en lo Penal, determinó medidas sustitutivas para el jefe policial, además del pago de Bs 50.000 de fianza y la presentación cada 15 días ante la Fiscalía.

Ante la determinación de la jueza, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y el fiscal departamental de Santa Cruz, Gomer Padilla, expresaron su desacuerdo y sugirieron un proceso en contra de Gonzales. Ayer, a ellos se sumaron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani, y la ministra de Justicia, Virginia Velasco. 

Carlos Alberto Calderón, funcionario del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, indicó que una comisión ya inició la investigación a todos los actuados de la magistrada cuestionada. Padilla adelantó que los fiscales a cargo del proceso investigativo del caso del policía también acumulan pruebas, para abrir un proceso ordinario por prevaricato. 

Según Padilla, hay mucho que indagar aún y por ello no debió liberarse al imputado, porque todavía no está claro la relación entre el coronel de la Policía y la persona que se dio a la fuga durante el operativo, el viernes.  “Tenemos que averiguar quiénes son los partícipes de la comercialización de la droga, cómo acopiaron la mercancía. Es más, la cocaína no es hecha por una sola persona, imaginamos que existe una red”, declaró el fiscal.

Además, Padilla indicó que les preocupa la actuación de la jueza, por otorgar libertad condicional. “Existe una obstaculización en la investigación, porque los investigadores son policías de bajo rango, entonces éste que tiene grado de coronel puede influir en ellos”.

El representante del Ministerio Público lamentó que existan autoridades judiciales que no acompañen el trabajo que se realiza frente a situaciones complejas como el caso del narcotráfico. “El policía que ha sido encontrado con 42 kilos de droga en su casa es la persona llamada a defender a la sociedad, a luchar contra el delito, pero lo encontramos en el otro bando, y la jueza lo libera”, cuestionó la autoridad.

Padilla hizo notar que, en otros casos, las personas que son encontradas con apenas gramos de cocaína en su poder, son enviadas a la cárcel de Palmasola. Sin embargo, en este proceso, el policía que tenía en su poder 42 kilos de pasta base fue puesto en libertad con medidas sustitutivas.

El TSJ rechaza actos de impunidad

Yuvert D., Williams F.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, advirtió que en el Órgano Judicial no se tolerará ningún acto de impunidad contra funcionario judicial o un juez, refiriéndose al último caso en el que la jueza cruceña Vivian Gonzales dio medidas sustitutivas a un coronel de la Policía en cuya casa se halló 42,7 kilos de pasta base de cocaína.

“Esto es una clara manifestación de impunidad”, sostuvo Mamani y señaló que la normativa es clara sobre este tipo de hechos. Por ello afirmó que el Consejo de la Magistratura debe activar, de manera inmediata, los procesos administrativos y penales para castigar rigurosamente a todos aquellos funcionarios que están enlodando la administración de justicia en Bolivia.

“No por unos cuantos administradores de justicia o jueces se puede manchar la integridad de todo el Órgano Judicial. Entonces esta autoridad repudia el acto de aquella jueza y es el Consejo de la Magistratura el que tiene que poner, de una vez por todas, punto final para poder sancionar a esta mala administradora”, manifestó Mamani.

El presidente del TSJ advirtió que el Consejo tiene dos vías para sancionar a los jueces. La administrativa, con el objetivo de suspenderla del cargo de manera definitiva a través del Régimen Disciplinario, y la de materia penal, remitiéndola al Ministerio Público, porque violó una normativa penal.

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, lamentó la decisión de Gonzales al dejar libre al oficial de policía implicado en actos de tráfico de droga, por lo que pidió sanciones drásticas y procesos disciplinarios en contra de la operadora. “Estamos indignados de que esta jueza haya liberado a un policía implicado con el narcotráfico, pese a que existían los elementos para una detención preventiva”, dijo Velasco. Anunció la realización de auditorías legales.

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