Seguridad nacional

Instan auditorías jurídicas para casos de jueces denunciados

La ministra de Justicia, Virginia Velasco, demandó información al Consejo de la Magistratura para verificar qué jueces tienen entre 10 y 30 denuncias por ilícitos

Labor. La ministra de Justicia, Virginia Velasco, realiza el control en un juzgado de Santa Cruz de la Sierra.

Labor. La ministra de Justicia, Virginia Velasco, realiza el control en un juzgado de Santa Cruz de la Sierra.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

03:43 / 24 de noviembre de 2015

Ante las recientes denuncias de corrupción en contra de tres jueces paceños, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, solicitó al Consejo de la Magistratura realizar auditorías jurídicas en casos de magistrados denunciados por irregularidades. Entre las últimas sindicaciones está el de extorsión a Patricia Q., quien denunció, el 16 de noviembre, que en una reunión con el entonces juez del Tribunal 2º de Sentencia Anticorrupción José Marcelo B., la autoridad le exigió $us 15.000 para favorecer a su hijo con un fallo. El fin de semana, el exmagistrado fue enviado a la cárcel de Patacamaya, departamento de La Paz, con detención preventiva. En el proceso también se implicó a sus colegas Jorge Humberto V. y  Ernesto E.

Además, en este juicio se procesa a la exsecretaria del citado juzgado, Micaela A., quien está en la cárcel.  Velasco informó que pidió un informe al Consejo de la Magistratura para verificar, por departamento, qué jueces tienen más de 10 denuncias, con el objetivo de hacer una verificación de los expedientes y el trabajo en sus respectivos juzgados.

Operativo. “Vamos a realizar auditorías jurídicas de las denuncias que pesan sobre los jueces, van desde 10 hasta 30 por funcionario, por eso se aplicará la medida citada en estos casos, ya que la mayoría de los jueces denunciados siguen en sus puestos de trabajo, pese a las acusaciones que hicieron los litigantes”, dijo Velasco.

La autoridad gubernamental sostuvo que de forma conjunta harán las auditorías jurídicas que se necesiten, con el objetivo de terminar con los funcionarios corruptos. También dijo que ayudarán a implementar medidas de seguridad y prevención en los juzgados, con el objetivo de evitar extorsiones y que se suspendan audiencias sin justificación.

El jueves, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que instalarán 500 cámaras de video-vigilancia en los juzgados en febrero de 2016, con el propósito de realizar controles, evitar extorsiones u otras irregularidades que podrían tener lugar en las oficinas jurisdiccionales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.  

Velasco aseguró que ayudarán con el monitoreo junto con la instalación de las cámaras de seguridad en los juzgados, porque “nos ayudará a controlar para que no haya maltrato en esos lugares, ni tampoco se dé suspensiones de audiencias, sobre todo a que no se pierdan los expedientes, que ya se dieron en muchas oportunidades; esa será la forma de monitorear”, enfatizó.

La citada extorsión recibió el repudio de representantes de los tres órganos del Estado, además del defensor del Pueblo, Rolando Villena, luego de que se evidenciara en la filmación que el ahora exjuez Marcelo B. exigió a Patricia Q. el pago de $us 3.000, de los $us 15.000 iniciales que solicitó, para cambiar la acusación en contra de su hijo imputado por violación a estupro, que es un delito considerado menor.

En medio de la crisis por irregularidades en la Justicia boliviana, la pasada semana el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, destituyó a dos fiscales de materia, en La Paz y Santa Cruz, acusados de realizar cobros de dinero y otros.

Por estos hechos, el Gobierno adelantó la realización de una cumbre judicial para reformar la Justicia, pero todavía no se confirmó la fecha, informó la Ministra de Justicia, quien dijo que el presidente Evo Morales será quien decida cuándo se llevará a cabo el encuentro. La primera semana de noviembre, sectores sociales afines al Gobierno solicitaron postergar realizar la cumbre por un año, hecho que se analiza, debido a que se encuentra próximo el referéndum para hacer cambios en la Constitución Política del Estado.

Reciben 300 denuncias en WhatsApp

Trabajo

Por los hechos ilícitos en juzgados de La Paz, la ministra de Justicia, Virginia Velasco, habilitó una línea WhatsApp para que la población haga denuncias de irregularidades cometidas por operadores de justicia. Informó que en una semana se recibió al menos 300 acusaciones en contra de jueces, fiscales, abogados y policías en todo el país.  

Detalle

Velasco explicó que de las 300 denuncias recibidas, tres de ellas tienen pruebas. Las acusaciones se dieron en contra de 34 jueces, 25 fiscales, 42 policías, 74 abogados, ocho vocales, 21 actuarios y 28 pasantes de juzgados. Además, existen 75 acusaciones en contra de operadores de Derechos Reales. La autoridad gubernamental explicó que se convocará a los denunciantes.

Extorsión: tercer exjuez va a la cárcel

Tras casi cinco horas de audiencia cautelar, el exjuez René E. fue remitido de forma preventiva a la cárcel de Patacamaya, La Paz, por orden del juez 1º de Instrucción en lo Penal, Román Castro, en el caso de extorsión denunciado. La medida fue aplicada porque hay peligro de fuga del acusado.

La audiencia se realizó ayer, entre las 14.30 y las 18.40, en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. René E. fue implicado en el proceso por la extorsión a una mujer que presentó una filmación en la que se ve al exjuez Marcelo B., también encarcelado en Patacamaya, exigirle $us 3.000 para influir en una sentencia a favor de ella. Este ilícito fue difundido y se inició el proceso en el que existen otras dos personas implicadas. El fiscal departamental de La Paz, Marcelo Rollano, informó tras la audiencia que René E. fue imputado por los delitos de cohecho pasivo e incumplimiento de deberes.

También aseguró que la autoridad jurisdiccional tomó la decisión de enviar a la cárcel al acusado, en calidad de detenido preventivo, porque encontró los peligros de fuga y obstaculización a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público en la ciudad de La Paz. La defensa del acusado rechazó la decisión del juez y aseguró que apelarán la resolución, ya que el video estaría “manipulado para perjudicar al exjuez”.

Rollano anunció que no se descartará a nadie en el caso y se convocará a todos los implicados directos o indirectos. La próxima semana convocarán a declarar al exfiscal Félix Marín, quien fue citado en el video de la extorsión. Resaltó que, en primera instancia, será citado como testigo. Afirmó que el citado video, original, ya está en manos de la Fiscalía, será sometido a una pesquisa en el Instituto de Investigaciones Forenses, y servirá como prueba.

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