Seguridad nacional

Darán manillas electrónicas para despoblar las cárceles

Acuerdo. Los órganos Ejecutivo y Judicial firmaron un convenio en la   V Cumbre de Seguridad Ciudadana

Seguridad. Tobillera (izq.) y manilla electrónicas ofertadas.

Seguridad. Tobillera (izq.) y manilla electrónicas ofertadas. Fernando Cartagena.

La Razón (Edición Impresa) / Angélica Melgarejo / Cochabamba

03:17 / 25 de julio de 2015

Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Ministerio de Gobierno firmaron ayer un acuerdo para implementar el uso de manillas electrónicas en el sistema penitenciario para el control de detenidos preventivos o reos con extramuro, con el objetivo de despoblar los penales.

“Es un viejo anhelo que ha sido materializado ahora con el Ministro de Gobierno para facilitar la defensa en libertad de las personas que puedan tener acceso a esa situación, sin perder la posibilidad del seguimiento y su aprehensión inmediata en caso de que quieran fugar del país o retirarse del ámbito señalado para su arresto domiciliario”, manifestó Jorge von Borries, presidente del TSJ. Más del 80% de la población carcelaria boliviana no tiene sentencia ejecutoriada, pues está con detención preventiva en los juicios que se les sigue.

El convenio rubricado la tarde de ayer, durante la clausura de la V Cumbre de Seguridad Ciudadana, en la ciudad de Cochabamba, establece que tiene por objeto implementar el monitoreo electrónico a través del uso de manillas electrónicas para personas privadas de libertad con detención domiciliaria, con y sin salida laboral.

Según el documento, las manillas o tobilleras serán monitoreadas, controladas y supervisadas por la Policía a través de la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. Estos accesorios permitirán que las personas con detención domiciliaria puedan realizar actividades de manera supervisada bajo el sistema de “unidad de monitoreo domiciliaria o el programa de libertad ambulatoria con registro de desplazamiento mediante rastreador de GPS si el detenido cuenta con salida laboral”.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, indicó que el rastreo servirá para favorecer la descongestión de los penales y poder aplicar medidas sustitutivas, de tal manera que los detenidos preventivos puedan reducirse al igual que el costo de mantenimiento.

Romero afirmó que no hay una fecha definida para ejecutar el proyecto, pues se requiere que el TSJ instruya la aplicación del procedimiento y el Gobierno nacional tiene que realizar gestiones para adquirir la tecnología y distribuirla en el país.

Romero aseguró que las ofertas para la compra del equipamiento y sistema de monitoreo son variadas y los costos son accesibles. Si son conectadas con el sistema de monitoreo satelital que ya se tiene, los costos bajarán, añadió.

Para Von Borries, además de los detenidos en domicilios, el sistema podrá beneficiar a privados de libertad con sentencia ejecutoriada que tengan el beneficio del extramuro, ya que podrán salir a trabajar o estudiar en un área delimitada. Es posible usar este mismo sistema en el traslado de reclusos a otros departamentos para que puedan declarar.

Las manillas o tobilleras electrónicas contarán con un número asignado que posteriormente puede ser cambiado. Mediante el sistema de control se podrá verificar si el que lo usa llegó a su destino o ver dónde se encuentra.

Romero detalló que el control electrónico permitirá combatir el hacinamiento carcelario, en primera instancia, en el eje central de país y contar con al menos 200 privados de libertad con detención domiciliaria en Santa Cruz, departamento con mayor índice de detenidos en Bolivia. “El 50% de los detenidos de Bolivia están en Santa Cruz”, dijo y explicó que similar cifra de personas podrá defenderse en libertad en La Paz y entre 80 y 90 en Cochabamba.

Población carcelaria

Informe

Según el último informe publicado por la red de comunicación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), el índice de hacinamiento en las cárceles de Bolivia se encuentra en cerca del 202%, debido a que contabilizó 14.770 privados de libertad, cuando la infraestructura carcelaria fue diseñada para 4.884 internos.

El artefacto llegará a costar unos $us 200

Las manillas o tobilleras electrónicas costarán al menos $us 200 cada una, pero éstas requieren contar con un sistema de monitoreo que tendrá un costo adicional, informó Américo Montes, gerente de proyectos Mobile TEC, empresa que participó en la feria tecnológica que acompañó la realización de la V Cumbre de Seguridad Ciudadana.

Según Montes, la tecnología es americana y se ha utilizado con éxito en Colombia y Estados Unidos, donde la legislación así lo permite. “El aparato tiene una llave especial que lo ata a la mano o al tobillo de las personas, los modelos son variados y son hechos de un material que impide cortes y otro tipo de manipulación para quitarlos una vez colocados”, explicó.

Montes comunicó que el costo del equipo está en evaluación, pero es accesible. “Consideramos que el mismo detenido puede costear el uso. Estamos hablando de $us 200, más o menos, pero se debe pensar en otro costo estimado que debe asumir el Gobierno que es el de monitoreo y la implementación de los centros de seguimiento”, calculó.

El control puede ser realizado mediante GPS o radiofrecuencia, las manillas o tobilleras permiten el seguimiento a detenidos domiciliarios y a otros mediante la creación de una estación cerca de donde se tiene el arresto. Si el detenido tiene acceso al trabajo, tiene trazada una ruta que debe cumplir, caso contrario genera una geoalarma almacenada en una base de datos que sirve de antecedente para revocar la medida de detención preventiva. Los aparatos son de acero galvanizado que impide el corte y descarga choques eléctricos ante cualquier intento de fraude o pretensión de quitárselos.

Están pendientes 3 mesas de trabajo

Al menos tres mesas técnicas tratarán temas que quedaron pendientes durante la V Cumbre de Seguridad Ciudadana, realizada en la ciudad de Cochabamba. El trabajo se iniciará después de que se solucione el conflicto del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), problema que impidió la participación de autoridades departamentales, ediles y policiales de Potosí en las mesas de trabajo.

“Quiero plantear metodológicamente tres mesas técnicas: una de Régimen Penitenciario que no solo toque el tema de prediarios (montos y fuentes de financiamiento), sino también temas de infraestructura y otras medidas a aplicar; otra para socializar y consensuar el proyecto de Ley de Modernización de la Policía; y otra para las tareas preventivas”, explicó Carlos Romero, ministro de Gobierno. Planteó también la posibilidad de trabajar en una cuarta mesa técnica para tratar temas administrativos como la clarificación de alguna normativa.

Gonzalo Lazcano, viceministro de Seguridad Ciudadana, informó que la implementación de las tres mesas técnicas complementará la labor de la cumbre. “Vamos a profundizar el trabajo”, dijo y aclaró que ocho departamentos asistieron a la reunión.

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