Seguridad nacional

Daniel Perrotta: ‘Incautar bienes mal habidos para la lucha contra el lavado es fundamental’

El experto argentino en la lucha contra el lavado de dinero da una pauta de cómo se tiene que encargar desde el Estado la identificación, el proceso y la sanción que se debe dar a las personas que incurran en este delito. La confiscación de bienes  que no tengan un origen lícito es uno de los puntos clave de la lucha contra la comercialización de drogas prohibidas, sostiene, debido a que con esa medida se anula la acción que los narcotraficantes pueden tener incluso dentro de la cárcel.

Curso. Daniel Perrotta en una conferencia ofrecida la semana pasada en la ciudad de La Paz. Foto: Alejandra Rocabado

Curso. Daniel Perrotta en una conferencia ofrecida la semana pasada en la ciudad de La Paz. Foto: Alejandra Rocabado

La Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui

00:00 / 22 de marzo de 2015

Hablar del delito de lavado de dinero en nuestro país es poco común. No obstante, esa figura delictiva entró en la agenda pública en las últimas semanas, tras salir a la luz el caso del excomandante de la Policía Óscar Nina, quien ahora está detenido en Palmasola junto a su hijo Hugo y a su exayudante, el excapitán Xavier Millán, bajo la acusación de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, calculó que el patrimonio del exjefe policial llega a $us 3 millones, presuntamente gracias a vínculos con el narcotráfico. Daniel Perrotta, argentino experto en este tema, evalúa la lucha contra este delito en la región y en el país, y da consejos para enfrentarla.

— ¿Cuán presente está el lavado de dinero en la región?

— Ninguna nación está exenta de este delito, hay países con más o menos riesgo, pero ninguno está exento porque esta acción ilícita tiene carácter transnacional.

En la región existen países que tienen vinculación con guerrillas, como Colombia, en la que se mezcla la producción de drogas —que es una combinación muy complicada y poderosa—; pero también tenemos naciones productoras como Perú y Bolivia, principalmente en cocaína, y Paraguay, de marihuana. La mayoría de la droga pasa por Argentina que, hasta hace poco, era país de tránsito, y hoy ya es de producción y consumo. Estas condiciones configuran el riesgo del país y esto obliga a los Estados a aplicar medidas de lucha más o menos fuertes. Las zonas fronterizas son las de mayor riesgo para que se comentan delitos.

— ¿Cómo evalúa a Bolivia en la lucha contra este ilícito?

— Bolivia tuvo una evolución importante. Hasta hace dos años estaba en la lista gris del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), que es el organismo mundial que evalúa el cumplimiento de los países en esta materia. Estar en esa nómina es un demérito porque son aquellos países que no cumplen con las recomendaciones del GAFI.

Bolivia avanzó en la constitución de la UIF (Unidad de Investigación Financiera), evolucionó en el método y eso le valió su salida de la lista del GAFI. Pero no solo es importante la operación, existieron otros cambios en los últimos años en la ley penal que influyeron.

Ahora, el lavado de dinero evoluciona y el hecho de que un Estado responda en statu quo no hace que este delito cambie en seis meses. Esta acción tiene que ser monitoreada permanentemente.

— ¿Cuáles son los indicadores del lavado de dinero?

— Hay algunas condiciones que favorecen, como cuando un país tiene economías informales muy fuertes, como en nuestra región. Las economías subdesarrolladas favorecen este tipo de delito.

— ¿Hay una cifra estimada producto de este delito?

— Nadie sabe, la GAFI, la ONU (Organización de las Naciones Unidas) solo tienen estimaciones. Los cálculos más bajos, en todo el mundo, hacen referencia a que sería entre 13 y 15 veces el PIB de Bolivia. El lavado de dinero maneja entre 500 a 700 mil millones de dólares. En América latina hay países con lavado. Como es un delito transnacional, es migratorio; si se da las condiciones en Argentina, puede mudar allí, o si se da en Perú, también puede llegar ahí

— ¿Cómo se puede reforzar esta tarea en Bolivia?

— Continuar en la línea comenzada, es bueno, avanzar en normas y leyes. Hay países que avanzaron en normas para quitar los bienes mal habidos

Por ejemplo, un fiscal de Guatemala me comentó que comenzaron a meter presos a los que vendían droga en la esquina, pero que otros surgían. Luego dijeron hay que meter presos a los capos en las cárceles, pero éstos manejaban a todos, tenían celulares, se compraba a los carceleros y manejaban todo desde adentro. Después dijeron que para terminar con esto es mejor quitarles la plata (dinero), no solo a los narcos, sino también a los corruptos de las empresas y oficinas estatales. Entonces, esta medida de confiscar bienes mal habidos para la lucha contra el lavado es fundamental.

— ¿Es dura la ley en Bolivia?

— Está en el marco estándar de todos países. Lo que veo es que tienen buenos marcos legislativos, pero faltan sanciones. Para que esto funcione todas las fuerzas se tienen que integrar: el Estado debe tener leyes, la UIF debe velar que se cumplan y los sujetos obligados tienen que identificar estas maniobras; luego la UIF tiene que dar paso a la justicia y ésta tiene que meterlos presos para que la Policía les quite sus bienes. Ese es el circuito completo

— En Bolivia se busca aprobar una ley para confiscar bienes. ¿Esto es bueno?

— La ley tiene que ser perfecta porque si no el remedio termina siendo peor que la enfermedad.

La normativa de Guatemala es rica, pero muy exigente. No le quitan los bienes solo al que tiene la sanción penal, cuando finaliza el juicio, porque tiene que demostrar la legalidad de todos sus bienes y de sus familiares directos; si no lo hacen, se les quita sus pertenencias, aunque luego sean inocentes.

Perfil

Nombre: Daniel Gerardo Perrota

Nació: 27-10-1959

Profesión: Contador Público

Cargo: Consultor

Conferencista contra el delito

Conferencista contra el delitoConsultor y conferencista internacional en materia de prevención de lavado de activos, gobierno corporativo, gestión de riesgos y protección al consumidor financiero en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador y Panamá.

Fue vicepresidente y gerente general del Banco de Córdoba, gerente de operaciones de Banco Hipotecario y del Bansud y gerente del Banco de Olavarría.

Capacitó a funcionarios de organismos supervisores de América Latina, entre otros, en República Dominicana, Guatemala, Argentina, Colombia y Bolivia. También fue docente  en diferentes universidades argentinas.

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