Seguridad nacional

Diputados recibe 47 quejas en contra de jueces y fiscales

Denuncias. Litigantes les acusan de dilatar juicios y de corrupción

La Paz. Asambleístas abren la oficina de quejas, en febrero.

La Paz. Asambleístas abren la oficina de quejas, en febrero. Fernando Cartagena.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

03:24 / 29 de marzo de 2014

Las comisiones de Derechos Humanos y Justicia Plural de la Cámara de Diputados recibieron 47 denuncias de retardación de justicia y corrupción en contra de jueces y fiscales, planteadas por gente que se considera víctima.

Estos datos se dieron a conocer tras el primer mes de trabajo de las oficinas exclusivas para recibir las acusaciones de litigantes en contra de malos operadores de justicia. La información fue difundida pese a que aún no se clasificó las denuncias, las mismas que se encuentran en un proceso de evaluación por parte de comités de ambas comisiones. 

Según fuentes de la Comisión de Justicia Plural, en esta instancia se recibieron hasta la fecha 32 denuncias contra fiscales y jueces de La Paz, Cochabamba Tarija, Oruro y Santa Cruz. De éstas, el 50% de las acusaciones sería contra fiscales y el otro 50% contra jueces. Esas autoridades están sindicadas de cometer retardación de justicia, corrupción y prevaricato.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Rodolfo Calle, informó que en esta instancia legislativa recibieron 15 denuncias contra jueces y fiscales, por dilación de justicia y corrupción, en los departamentos de La Paz, Tarija y Sucre. En este caso, el asambleísta sostuvo que el 30% de los implicados son representantes del Ministerio Público y el 70% corresponden a jueces.

“Están recepcionando denuncias en contra de autoridades del Órgano Judicial y también del Ministerio Público, todo en razón a que siempre existió retardación de justicia y queremos contribuir con la sociedad, que es nuestro deber constitucional, el de fiscalizar”, arguyó Calle.

Procesos. Agregó que luego de recibir las denuncias, prosigue enviar las listas de los sindicados que incurrieron en irregularidades a la Fiscalía General del Estado y al pleno del Consejo de la Magistratura. Allí sus autoridades determinarán si se abre un proceso administrativo o penal.

“Nosotros haremos un seguimiento de los procesos que se instauren en contra de los denunciados”, señaló Calle, quien pidió a la población presentar sus denuncias en las comisiones legislativas.

Estas oficinas que trabajan en la Asamblea Legislativa surgieron ante la crisis en el Poder Judicial, hecho que fue criticado duramente por autoridades del Gobierno, además de asambleístas oficialistas.

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