Seguridad nacional

Defensoría denuncia que una fiscal en Tupiza acosa y amedrenta a su representante

La Defensoría del Pueblo denunció que la fiscal Victoria Fuertes amedrenta y acosa a la representante defensorial Jackeline Alarcón del Río, ya que la incluyó en un proceso judicial por acompañar a una denunciante por acoso político

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, y la representante en La Paz, Teófila Guarachi.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena Foto:Angel Guarachi

La Razón Digital / Miriam Chávez / La Paz

18:35 / 11 de marzo de 2015

La Defensoría del Pueblo denunció que su representante en Potosí, Jackeline Alarcón del Río, es víctima desde hace meses de amedrentamiento y acoso por parte de la fiscal de Tupiza Victoria Fuertes en represalia por el acompañamiento a un proceso judicial por acoso político y la denuncia por acoso laboral en la Fiscalía Departamental. Pidió a la Fiscalía General tomar acciones.

Alarcón del Río, de manera arbitraria e irregular fue incluida en un proceso penal por la Fiscal Fuertes, a raíz de una denuncia por acoso político contra varios concejales presentada por la concejal de Vitichi, Leonarda Quispe, a quien la Defensoría acompañó y defendió de las acciones ejercidas por otras autoridades de esa población, que pretendían obligarla a renunciar”, denunció la institución.

Además consideró que la acción fiscal contra la representante del Defensor del Pueblo es consecuencia de una investigación por acoso laboral iniciada en Potosí y que concluyó con la recomendación de investigar a Fuertes. Ese trabajo derivó, recordó, en la renuncia del entonces fiscal Departamental y su posterior suspensión.

Fue enumerada una serie de violaciones al debido proceso en el proceso que terminó incluyendo a Alarcón del Río en un proceso penal en Vitichi, como el extravío de declaraciones y publicidad interesada de del hecho en medios de comunicación.

“Sólo podemos concluir que se trata de un intento articulado de persecución, hostigamiento y acoso a través del abuso de autoridad, sin indicios que podrían devenir en una instrumentalización de la justicia con fines políticos o personales”, consideró la Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento sobre el caso.

Demandó al Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, y a la Asamblea Legislativa Plurinacional tomar las acciones que correspondan  para “frenar ese tipo de acciones irregulares e ilegales y garantizar el respeto y protección del trabajo de las y los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo”.

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