Seguridad nacional

Fiscalía investiga conflicto de límites

Dos mujeres ingresaron en huelga de hambre exigiendo soluciones

Antecedente. El conflicto en la zona tuvo un punto álgido en 2015.

Antecedente. El conflicto en la zona tuvo un punto álgido en 2015. Ángel Illanes-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Juan Mejía / Oruro

01:43 / 27 de enero de 2016

El Ministerio Público inició una investigación por los presuntos delitos de tenencia de explosivos, abigeato, lesiones, secuestro de personas y daño a la propiedad privada, en el conflicto de límites entre los municipios de Caracollo (Oruro) y Colquiri (La Paz).

Pobladores de la comunidad orureña de Pongo Q’eñuani presentaron la denuncia por un supuesto avasallamiento protagonizado por los pobladores de la Central Colquiri de La Paz. “Dentro de este problema, los pobladores de Pongo Q’eñuani detuvieron a una persona que fue trasladada a Oruro y entregada al Ministerio Público. Con total objetividad y tomando en cuenta los antecedentes del hecho se ha dispuesto medidas sustitutivas”, informó la fiscal departamental de Oruro, Dubeyza Palacios.

Prima Mamani, quien reclama la liberación de su esposo, y Gregoria Soliz, quien exige la devolución de sus 15 vacas, instalaron un piquete de huelga de hambre junto a sus hijos en un ambiente de la Gobernación de Oruro.

Ambas mujeres coincidieron en pedir una pronta solución al conflicto de límites entre los departamentos de Oruro y La Paz, que ha generado violencia, heridos, destrozo de viviendas, robo de ganado y secuestro.

En tanto la defensora del Pueblo, Clotilde Calancha, y el obispo de la Diócesis de Oruro, Cristóbal Bialasik, se encuentran movilizados para promover el diálogo entre las partes en conflicto y piden que se depongan actitudes. Pobladores del sector de Colquiri condicionan la liberación del orureño Alberto Ortega a que se deje sin efecto el proceso judicial que hay contra uno de los habitantes de esta región paceña.

El Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que cuestionó la actitud del gobernador Félix Patzi. Según esta cartera de Estado, la autoridad departamental aleja la posibilidad del diálogo y alienta la conflictividad.

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