Seguridad nacional

Comisión de Justicia imputa a dos magistradas del TCP

Diputados. Velásquez y Chanez son acusadas de dos delitos

Encuentro. La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados durante una reunión en junio.

Encuentro. La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados durante una reunión en junio. Fernando Cartagena-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Juan José Cusicanqui / La Paz

04:40 / 10 de julio de 2014

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados imputó a las magistradas del TCP Ligia Velásquez y Rosario Chanez por admitir un recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Notariado. Esta decisión pasará al pleno camaral para que autorice o rechace un juicio de responsabilidades.

El presidente y el secretario de la citada comisión, Juan Carlos Cejas y Édgar Contaja, respectivamente, confirmaron la aprobación de la imputación en contra de ambas magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la mayoría de los integrantes de esa instancia legislativa.

Contaja explicó que las dos magistradas son acusadas de haber cometido los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, faltas que —según el Código Penal— merecen una condena de dos a cuatro años de prisión.

Cusi. En la denuncia interpuesta en contra de las autoridades del TCP, además de las dos imputadas, está también Gualberto Cusi, pero este magistrado interpuso un recurso de acción de libertad debido a que se encuentra internado en un hospital por una complicación de la tuberculosis que padece. Por ese motivo se esperará que mejore su salud para tomarle declaraciones y seguir con el proceso en su contra, apuntó Contaja.

El 14 de junio, tanto Velásquez como Chanez se abstuvieron de declarar ante una delegación de diputados que viajó a Sucre. En esa oportunidad, ambas se comprometieron a hacerles  llegar  documentación de descargo para desvirtuar la acusación.

El vicepresidente Álvaro García, el 21 de mayo, calificó de “ilegal y nefasto” el falló emitido por el TCP, mediante el cual se admite el recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Notariado que fue planteado por el diputado Luis Gantier (CN). El asambleísta observó el hecho de que, con esa norma, el Órgano Ejecutivo podía designar a notarios de fe pública.

Con la determinación del TCP se paralizó la vigencia de la normativa observada. Pero ante la ola de críticas que desató en el Ejecutivo y la Asamblea, los magistrados emitieron una nueva determinación el 23 de mayo, en la que aclaran que la aplicación de la Ley del Notariado continúa.

En Sucre, la magistrada Velásquez dijo que está con baja médica y que desconocía cualquier determinación de la Comisión de Justicia Plural. En oficinas del TCP se informó que Chanez tomó vacación desde el martes y que alguna autoridad de esta instancia haría conocer un pronunciamiento en las próximas horas.

Si es que el pleno camaral autoriza el juicio de responsabilidades en contra de Velásquez y Chanez, con el apoyo de más de dos tercios de voto, se constituirá en el primer proceso en contra de autoridades judiciales que fueron electas por voto popular.

La diputada Norma Piérola (CN) criticó la imputación en contra de autoridades del TCP e indicó que no hay responsabilidad penal en este caso y que el MAS pretende “deshacerse” de las magistradas. Contaja desvirtuó esa acusación e indicó que la Comisión de Justicia Plural solo cumple su función.

Recurso contra ley

Decisión

La Sala de Admisiones del Tribunal Constitucional, integrada por Ligia Velásquez, Rosario Chanez y Gualberto Cusi, admitió el recurso de inconstitucionalidad de la Ley del Notariado. Esta decisión fue criticada.

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