Seguridad nacional

Dueño exige la devolución de parte del penal de Patacamaya

Juicio. Roberto Aguilar R. reclama el sector donde están las celdas

Penitenciaría. Privados de libertad en el patio del recinto carcelario de Patacamaya, ayer.

Penitenciaría. Privados de libertad en el patio del recinto carcelario de Patacamaya, ayer. Wara Vargas.

La Razón / Dennis Luizaga / Patacamaya

03:21 / 30 de octubre de 2013

Roberto Aguilar Rivera, dueño del inmueble habilitado como cárcel en Patacamaya y que fue liberado tras cumplir condena por delito de encubrimiento al narcotráfico, anunció que reclamará la devolución de parte del predio que incluye las celdas y que en el pasado transfirió a su sobrino.

En respuesta, el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, aseguró que un bien confiscado  por el Estado no puede ser devuelto a su dueño. “(Aguilar) puede iniciar los juicios que vea necesario porque este bien inmueble ha sido confiscado, quiere decir que ha pasado todas las instancias judiciales, hay sentencia ejecutorial y no hay vuelta que dar. Estamos tranquilos ahí”, manifestó.

En la Dirección General de Bienes Incautados (Dircabi) confirmaron que un bien confiscado no puede ser devuelto a su dueño anterior, porque el Estado pasa a ser propietario del mismo, según las normas vigentes.

El recinto penitenciario de Patacamaya fue habilitado a inicios de agosto de este año, debido al hacinamiento en la cárcel paceña de San Pedro. El miércoles 7 de ese mes, este diario visitó ese recinto y entrevistó al primer detenido preventivo José Luis F. y constató que el inmueble no reunía las condiciones necesarias para albergar a presos.

Aguilar, según informó, fue detenido en 1997, cuando trabajaba de recepcionista en su propiedad que funcionaba como garaje público. Ese año, contó, un extranjero de apellido Zurita le dejó 20 bolsas nylon a su cuidado. Luego, la Policía antidrogas ingresó al lugar y evidenció que los sacos contenían droga. Por ese motivo fue acusado de encubrimiento.

Tras un proceso fue condenado a dos años de reclusión en el penal de San Pedro. En 1999 obtuvo su libertad tras presentar pruebas, entre ellas documentos de contratos con empresas privadas que alquilaban su terreno. Aguilar indicó que, como disponía del bien, hizo construir habitaciones para establecer un negocio de alojamiento. En junio último, luego de 15 años, dijo que Dircabi y la Dirección de Régimen Penitenciario recién le confiscaron el bien. “‘Esto es del Estado, usted tiene que salirse’, me dijeron”, relató.

Según Aguilar, la Policía no sólo confiscó el inmueble, sino también otros bienes, entre ellos 30 colchones con sábanas y frazadas, además de muebles en cada habitación y hojas de venesta, los que actualmente son utilizados por los 161 detenidos preventivos.

Con todos esos antecedentes, el afectado señaló que iniciará un juicio para lograr la devolución de una parte del terreno, donde están ubicadas las habitaciones que ahora son celdas, “Con anterioridad he transferido este terreno a un sobrino y él lo registró en Derechos Reales, pero en el registro  no aparece como incautado ni confiscado, por eso mi abogado me ha pedido el documento para iniciar el juicio”.

Datos del terreno en disputa

Extensión

Según los planos del terreno  en propiedad del señor Aguilar, la extensión del bien comprende 3.842,73 m2, donde se edificaron cinco departamentos de tres habitaciones. Además entre 1998 y 1999 edificó un pabellón de 28 dormitorios, que actualmente son las celdas de los reclusos en Patacamaya.

División

Aguilar denunció que además de su terreno, la Policía confiscó la propiedad de otro dueño. “La parte del garaje azul, hasta la mitad de eso más se lo han tomado, yo vivía en alquiler”, manifestó.

Los vecinos amenazan con un bloqueo

Los vecinos de la zona central de Patacamaya exigen el traslado del penal habilitado en su área debido a que se sienten inseguros con la presencia de detenidos. Para ser escuchados, amenazan con un bloqueo de caminos luego de un ampliado, el 3 de noviembre, en el que decidirán otras medidas de presión.

El 6 de julio, la Federación de Juntas Vecinales de Patacamaya emitió un voto resolutivo en el que rechaza la habilitación del penal dentro de esa localidad, ubicada a 100 kilómetros de La Paz.

“Existe inseguridad en los vecinos, este tema está en manos del municipio. Ya les pedimos que este terreno sea para la construcción de una guardería, así la cárcel la llevarían lejos”, manifestó Martín Silvestre, vecino de la zona. A la espera de una decisión de la federación, los pobladores se declararon en estado de emergencia. Advirtieron que de no ser escuchados, bloquearán la vía La Paz-Oruro. 

En cada celda duermen hasta siete presos

En casi tres meses de vigencia, el recinto penitenciario de Patacamaya ya presenta hacinamiento debido a que alberga a 161 presos que deben compartir 28 celdas en dos pabellones. Los detenidos denunciaron que en cada ambiente duermen al menos siete personas, las que se tienen que acomodar para pasar la noche.

“Como hay mucha cantidad de personas, estamos siete en cada cuarto; las habitaciones son pequeñas y tenemos problemas internos”, denunció uno de los presos que pidió no ser identificado.

El número de policías que resguardan la seguridad del penal llega a cinco, entre oficiales y clases, según constató este diario en la visita realizada ayer. La incomodidad que denuncian los reclusos pasa por la insuficiente dotación de bienes, como frazadas y colchones, por lo que algunos detenidos se ven obligados a comprarlos para estar cómodos y abrigados.

Según el recluso entrevistado, la dotación alimentaria también es insuficiente. “El desayuno es un mate con su pan, el almuerzo es una sopa con su segundo y la cena es sólo un mate”, detalló.

Algunos policías que resguardan el recinto también denunciaron la precariedad de los espacios de trabajo. Este diario constató que en muchos casos hay mesas improvisadas con venestas. Además, los baños colapsaron y están fuera de servicio.

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