Seguridad nacional

Cae Sejas y su defensa busca evitar que lo extraditen

Argentina. El transportista es acusado de narcotráfico en el vecino país. El TSJ ya aprobó su entrega

Captura. José Luis Sejas tras ser aprehendido en 2015.

Captura. José Luis Sejas tras ser aprehendido en 2015. APG-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Iván Condori / Santa Cruz

04:32 / 04 de marzo de 2016

Tras la aprehensión del empresario de transporte José Luis Sejas Rosales, por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Gobierno adelanta la extradición de éste a Argentina, donde tiene cargos por narcotráfico. La defensa ve inviable el traslado y alista una batalla legal para impedirlo.

El empresario, que desde el 23 de diciembre de 2015 cumplía arresto domiciliario por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, fue aprehendido en la zona cruceña Las Palmas. Sejas fue requerido por la Justicia argentina por el delito de narcotráfico, debido a que se halló restos de droga en 44 de sus 90 cisternas que llevaban hidrocarburos a ese país, todos ellos a la firma Greta SRL, que tenía contrato con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Luego fue llevado a la cárcel de Palmasola, donde debe esperar los trámites de extradición.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, confirmó que Sejas será extraditado al vecino país. “Ha sido solicitada la entrega por la Justicia argentina, donde enfrentaría al menos dos procesos por el delito de narcotráfico”. El abogado del empresario, Jerjes Justiniano Atalá, observó que no exista una orden judicial para extraditar al empresario. “Por el momento solamente existiría una solicitud, hecha por Argentina, para que se lo detenga con miras a una posible extradición”.

“Cómo pueden hablar desde el Gobierno de que mi cliente es extraditable, si la Justicia argentina no lo ha pedido. Además se presentó un memorial al Tribunal Supremo para hacer conocer las razones por las que José Luis Sejas no puede ser extraditado. Ahora queda esperar el pronunciamiento del Órgano Judicial”, declaró Justiniano.

Romero dice que sí existe la solicitud de extradición emitida por la Justicia argentina, a raíz de una imputación penal que pesa en contra de Sejas por el delito de narcotráfico. El jurista insiste en que la extradición de su defendido es inviable porque en Bolivia es juzgado por los mismos delitos que en Argentina. Es más, la orden de detención preventiva solicitada por Argentina fue impugnada y se encuentra en apelación.

Romero dijo que el empresario viene siendo investigado por dos casos de narcotráfico en Argentina, el primero se remonta al 10 de marzo de 2015, cuando se encontró 300 paquetes de marihuana en el interior de una de sus cisternas que viajaba a Paraguay. El segundo caso, del 14 de mayo de 2015, está relacionado con clorhidrato de cocaína que se pretendía internar al territorio argentino con papeles adulterados de control de aduana. “Los procesos abiertos en mi contra están fuera de lugar porque no tengo relación alguna con lo que se me acusa y, en todo caso, la responsabilidad es del chofer”, indicó en su defensa Sejas, tras ser aprehendido.

Justiniano advirtió que su cliente no debió ser mostrado ante la opinión pública, sino trasladado de inmediato hasta el penal de Palmasola. “Ellos (representantes del Gobierno) han cometido una irregularidad al exhibirlo porque la disposición internacional no permite aquello”, resaltó.

Romero adelantó que la Fiscalía ampliará la investigación contra Ana Vargas Arce (esposa de Sejas) y sus hijos Carla Jimena Sejas Vargas; Oliver Sejas Vargas; Andrea Alejandra Sejas Vargas y José Luis Sejas Vargas.

Pesquisa en el exterior

Demanda

El diputado Tomás Monasterio, del Movimiento Demócrata Social, anunció ayer que iniciará acciones ante tribunales internacionales para profundizar la pesquisa en el caso del transportista José Luis Sejas Rosales, para determinar si tuvo nexos con autoridades del Gobierno.

Romero y Justiniano protagonizan pugna verbal

Tras la aprehensión del empresario de transporte José Luis Sejas Rosales, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el abogado Jerjes Justiniano Atalá protagonizaron una pugna verbal,  cargada de acusaciones y cuestionamientos por la supuesta ilegalidad en el arresto.

El jurista tildó de ilegal la aprehensión del empresario, debido a que, a su entender, se habían violentado los derechos constitucionales de su cliente porque no había sido notificado con la respectiva orden de detención.

Este hecho molestó a Romero, quien respondió “este abogado (Jerjes Justiniano) es muy conocido, experto en defender a narcotraficantes, es un especialista en la defensa de las personas ligadas al narcotráfico, entonces cualquier cosa dirá en contra del Ministro (de Gobierno)”.

En respuesta, Justiniano emplazó a Romero a demostrar que él haya defendido a alguna persona que esté sentenciada por narcotráfico. “Le vamos a iniciar un proceso en la justicia porque el ministro ha dicho que mi persona es especialista en defender narcotraficantes, entonces tendrá que probarlo” adelantó el jurista.

“Con este tipo de declaraciones se está afectando mi imagen y profesionalidad, por ello le conmino a que me demuestre un solo caso de narcotráfico que yo haya defendido”, advirtió Justiniano.  El abogado cuestiona el hecho que su defendido haya sido presentado ante los medios de comunicación, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz, siendo que la orden de captura emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), no estipula este tipo de hechos.

La Policía vigiló la vivienda un mes

Juan J. Cusicanqui

La Policía vigiló al menos un mes el domicilio de José Luis Sejas, en la zona Las Palmas de Santa Cruz de la Sierra, para detenerlo por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con fines de extradición a Argentina, donde es acusado de cometer el delito de narcotráfico.

Al parecer, según fuentes policiales, Sejas ya tenía conocimiento de que era vigilado y por ese motivo no salió de su domicilio para ir a firmar el libro de asistencia al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, el mes pasado,  tampoco fue a emitir su voto en el referéndum constitucional del 21 de febrero, pues ya sabía que podía ser detenido por las fuerzas del orden.

La vigilancia estuvo a cargo de personal de la Policía Internacional (Interpol) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). Durante la consulta constitucional, la FELCN atrapó a 26 narcotraficantes sentenciados en todo el país, después de que éstos cumplieron su deber ciudadano de votar, según un reporte oficial.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que los policías rodearon unos 15 inmuebles a los que tenía acceso el empresario. “En la casa del barrio Las Palmas logramos ubicarlo, éste salió de la vivienda y se procedió al arresto”. Sejas, sin embargo, aseguró que fue él que se entregó a la Policía y desestimó los procesos abiertos en su contra por narcotráfico en la Justicia argentina.

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