Seguridad nacional

Esposas de policías están en emergencia por destinos

Esposas de policías denunciaron ayer que al Comando Regional de El Alto llegaron 200 memorandos de cambio de destinos para sus parejas, por lo que se declararon en estado de emergencia. El Gobierno y la Policía Departamental de La Paz niegan esos cambios.

Crisis. Una escena del motín policial en la UTOP, a fines de junio.

Crisis. Una escena del motín policial en la UTOP, a fines de junio.

La Razón / Luis Mealla / La Paz

01:12 / 27 de julio de 2012

“Se trata de 200 memorandos cuyos nuevos destinos son Beni, Pando, Tarija y Potosí; en estos días esa orden ha llegado al Comando Regional de El Alto para mover a los policías del Distrito Policial N°3 y del N°5”, afirmó Guadalupe Cárdenas, delegada de las esposas de policías, quien añadió que esa acción se debe a una represalia por el motín de policías realizado a fines de junio.

Sin embargo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y el comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Rosalío Álvarez, negaron que haya cambios de destino y descartaron acciones contra los uniformados que se amotinaron.  La representante afirmó que su sector analiza las acciones a seguir y agregó que si se da curso a esos cambios de destino de sus esposos, se reanudarán de inmediato las medidas de presión.

Protesta. “Se alistan fatales medidas de presión a nivel nacional si se efectivizan los nuevos destinos, porque esto ha causado una molestia general. Luego del conflicto se firmó un convenio que establece que no se asumirán represalias contra los policías que se movilizaron, pero ese acuerdo no se cumple en absoluto”, advirtió.

La última semana de junio, policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) cubrieron sus rostros y se amotinaron en demanda de un aumento salarial y la abrogación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario, a la que declararon inconstitucional.

A su vez, esposas de policías, entre ellas Cárdenas, radicalizaron las medidas de presión e instalaron piquetes de huelga de hambre desde el 18 de junio, ante un supuesto incumplimiento del Órgano Ejecutivo de atender un reiterado pliego petitorio del sector.

Cuatro días después, el conflicto se agudizó; sobrevinieron vigilias y marchas que derivaron en acciones violentas, además de la toma de instituciones policiales, la quema de documentos y daños a infraestructuras como la de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi), especialmente en La Paz y Cochabamba.

El repliegue de los uniformados obligó a mantener cerradas las puertas del Palacio de Gobierno que eran resguardadas por militares, mientras que las actividades en la Asamblea fueron irregulares.

Tras siete días de conflicto, policías y Gobierno llegaron a un acuerdo. Según el convenio, los efectivos retornaban a sus unidades; el Gobierno y el Comando de la Policía no instalaban procesos contra los efectivos y se fijaba un aumento salarial de Bs 100 al salario básico, que sumado a víveres alcanzaba a Bs 2.175. También se determinó discutir, en mesas de diálogo, entre autoridades y representantes de la institución, las modificaciones a la norma disciplinaria policial.

Cumplimiento. Romero aseguró desconocer el trámite de nuevos destinos y ratificó que no se toma represalias contra ningún policía que participó en el motín. “No tengo conocimiento, esto se maneja a nivel del Comando (de la Policía), tal vez sería conveniente preguntarle al comandante (coronel Víctor Maldonado); no hay ninguna represalia”, aseguró.

Al respecto, el coronel Álvarez negó que hayan enviado 200 memorandos de cambios de destino a El Alto. Asimismo, reconoció  que sí se hicieron algunos cambios de personal, pero que la cantidad es mínima.

“Yo manejo esa situación (de cambio de destinos) y es completamente falso, en ningún momento se está cambiando destinos y menos a consecuencia del motín; si se han hecho algunos cambios es de rutina y por el mejoramiento del servicio; fueron mínimos, es decir, los estrictamente necesarios”, afirmó el jefe policial.

Anssclapol pide parar procesos penales

El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol), Édgar Ramos, exigió a la Fiscalía General suspender los procesos judiciales que inició contra sus camaradas por el motín de junio. Dijo que la institución que representa hará respetar el convenio suscrito con el Gobierno que establece que no se asumirá represalias contra los uniformados que se movilizaron en demanda de un incremento a su salario básico.

“Nos hemos reunido para analizar los casos en los que la Fiscalía estaría queriendo iniciar procesos, entonces hemos hecho conocer a las autoridades de Gobierno que se paralicen los procesos; el Fiscal General (Mario Uribe) debe pedir que todos los fiscales de los departamentos levanten la investigación. El convenio debe respetarse y cumplirse”, aseguró.

El miércoles, el Fiscal General ratificó en Sucre que se abrió procesos penales en contra de policías de los distritos de Chuquisaca y de La Paz que participaron en el motín policial, y añadió que la ley no se transa, sino se cumple.

Según Ramos, también existen investigaciones contra policías en Potosí y Tarija, donde se instruyó abrir causas penales a sus camaradas por los delitos de incumplimiento de deberes, y estorbar y obstruir las funciones del funcionario público. Sin embargo, el dirigente reiteró que los procesos abiertos en cualquier región del país deben paralizarse en el marco del acuerdo firmado.

En cuanto a otro tipo de represalias, como los cambios de destino, el presidente de la Anssclapol dijo que no recibió denuncias al respecto, pero que sí se registraron “cambios voluntarios de policías a sus lugares de origen”.

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