Seguridad nacional

Exministra Chacón declara en ‘reserva’ en el caso Chaparina

El Ministerio Público confirmó que la exautoridad se presentó ayer por la mañana en calidad de testigo. Pero no acudió a la oficina de la fiscal Santos.

La Paz. La exministra cuando cumplía funciones en el Ejecutivo.

La Paz. La exministra cuando cumplía funciones en el Ejecutivo. La Razón-archivo.

La Razón / Elisa Medrano / La Paz

03:28 / 07 de marzo de 2013

En absoluta reserva, la fiscal Patricia Santos tomó declaraciones ayer a la exministra de Defensa Cecilia Chacón por el caso Chaparina, en el que se investiga la represión a indígenas del TIPNIS.

El fiscal del caso, Róger Velásquez, y el representante del Ministerio Público de La Paz, José Ponce, confirmaron, por separado, que la exautoridad se presentó ayer por la mañana en calidad de testigo. Pero no acudió a la oficina de la fiscal Santos. Los funcionarios de ese despacho indicaron que la titular estaba en una audiencia.

“A los fiscales habrá que preguntarles dónde han tomado la declaración, la cosa es que haya sido tomada y se encuadre en la ley. Que yo sepa, se ha tomado esta mañana (ayer)”, dijo Ponce.

Velásquez complementó que no pudo acompañar a la fiscal Santos y a los investigadores en la recepción de las declaraciones de la exministra y que se informará sobre los elementos que hubiera aportado. Indicó que con ella ya se cumplió el cronograma que estaba previsto para esta semana. El 1 de febrero de este año, la exministra Chacón sostuvo que está dispuesta a declarar en este caso.

“La retardación de justicia es intolerable en nuestro país y estoy a disposición de las autoridades judiciales para prestar mi declaración en el momento en que sea convocada”, aseguró la exautoridad, quien renunció a la cartera de Defensa casi dos días después de la represión a indígenas, ocurrida el 25 de septiembre de 2011.

Ponce justificó que los medios de comunicación no hayan conocido el lugar donde compareció Chacón, pese a que la indagación no fue declarada en reserva y se trata de actos públicos.

“No es que nosotros invitemos a los periodistas para nuestras actuaciones; si ustedes están presentes, magnífico. Pero el momento de la declaración es el fiscal, el investigador y el declarante”, señaló. Agregó que esta acción judicial debe tener lugar en un ambiente reservado, a fin de contar con los elementos necesarios para tomar la declaración.

En ese entendido, sostuvo que la exministra pudo informar a la comisión en el despacho de Santos, la oficina de otros fiscales o la propia Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

La declaración de Chacón se suma a la que realizó el martes el general de la Policía Modesto Palacios, quien aseguró que no hubo ruptura en la cadena de mando en la intervención policial. También se presentó la representante de Derechos Humanos, Olga Flores, quien reiteró que fue víctima.

Citarán a funcionarios de la ABC y OAS

Actuales y exfuncionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y de la empresa brasileña OAS serán citados a declarar por el presunto sobreprecio en el contrato para la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

El fiscal del caso Chaparina, Róger Velásquez, que también indaga esa denuncia —que fue presentada por el Movimiento Sin Miedo (MSM)—, explicó que se elaborará el cronograma de declaraciones, a fin de que comparezca, por ejemplo, la expresidenta de la ABC, Patricia Ballivián.

Respecto a los funcionarios de la constructora brasileña, el representante del Ministerio Público aclaró que se evaluará la hermenéutica legal bajo la cual se realizará ese acto investigativo.

“Si bien hay necesidad de viajar y hacerlo en la Embajada de Bolivia (en Brasil), vamos a hacerlo; si hay necesidad de solicitar cooperación por parte de autoridades judiciales de aquel país, también lo haremos”, explicó Velásquez.

La empresa OAS se adjudicó la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en 2008, por la que se le iba a pagar 415 millones de dólares, de los cuales 332 millones provenían de un financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y el resto sería contraparte de Bolivia.

Para establecer si el contrato con OAS fue ilegal, tal como lo denunció el MSM, tres auditores del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se encargarán de evaluar el mismo y emitirán un dictamen en un plazo de 90 días.

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