Seguridad nacional

FFAA dan plazo para apelar bajas y Gobierno ve delitos en protesta

Militares ratifican marcha para mañana; 300 Ponchos Rojos los apoyarán

Marcha. Los militares, con uniforme de campaña, protestaron el jueves por las calles de La Paz.

Marcha. Los militares, con uniforme de campaña, protestaron el jueves por las calles de La Paz. Foto: Afka

La Razón (Edición Impresa) / C.Corz, M.Rivas / La Paz

02:24 / 28 de abril de 2014

Las Fuerzas Armadas (FFAA) otorgan 15 días para que 715 suboficiales y sargentos puedan apelar sus bajas de la institución. El Gobierno advirtió a los movilizados que las medidas que protagonizan ya incurren en delitos penales como la sedición, por lo que les invocó a no sumarse a más protestas.

El Ministerio de Defensa, mediante un comunicado, explicó que los uniformados afectados deben presentarse en sus unidades de destino para notificarse con su retiro obligatorio de la entidad. A partir de ese momento, añade, corre el plazo para que puedan plantear el Recurso de Reconsideración, conforme al Reglamento del Tribunal del Personal de las Fuerzas.

Militares de baja graduación se concentraron en la ciudad de La Paz y protagonizaron el martes y jueves de la anterior semana inéditas marchas en demanda de la eliminación de la discriminación en las filas castrenses y la aprobación de una ley, en la cual plantean anular los grados de sargentos y suboficiales y crear el de oficiales técnicos. El Alto Mando de las Fuerzas Armadas dio de baja a 715 uniformados.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, criticó, en una entrevista con medios estatales, que los movilizados dejaron sus armas, sus puestos en sus unidades y las fronteras, poniendo en riesgo la seguridad del Estado, “amenazando la democracia, el proceso de transformación, de cambio”.

“Ya no es un problema de disciplina, ya no es un problema de faltas que tiene sanciones por el Reglamento 23 de Falta Disciplinarias y Sanciones, esto es sedición, instigación al delito”, aseguró y pidió reflexión en las filas de los uniformados. Quienes “pretenden incorporarse, cesen en sus medidas”.

El artículo 130 del Código Penal prevé que la instigación pública a delinquir es sancionada con entre un mes y un año de cárcel, y hasta con dos años si se refiere a delitos contra la seguridad del Estado. La sedición es penada con hasta tres años de reclusión.

En el comunicado de Defensa se asegura que los uniformados retirados tienen garantizado su derecho a la defensa. De aceptarse la reconsideración, será anulado el retiro; de no ser así, el afectado podrá recurrir a otras dos instancias superiores. “Tienen garantizada ampliamente su defensa”, refiere parte del documento.

Una asamblea del viernes de la Asociación Nacional de Suboficiales y Sargentos (Ascinalss) rechazó que sus medidas busquen la desestabilización del Gobierno, como denunció la jerarquía militar el miércoles, y convocó para el martes a una concentración en  La Paz. La representante de las esposas de los uniformados en Cochabamba, Maribel Moscoso, indicó que lograron el apoyo de organizaciones sociales de esta ciudad y de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

“El martes estaremos en La Paz con líderes de cada organización, mientras la huelga de las esposas persistirá porque consideramos intransigente e injusta la postura de no escuchar y encima despedir a tantos suboficiales”. Cinco esposas en huelga en Santa Cruz levantaron su medida y anunciaron que llegarán mañana a La Paz.

En La Paz, un uniformado, que pidió el anonimato, rechazó la posición de Quintana. Negó acciones de sedición y anunció masificar protestas hasta lograr atención a sus pedidos. El secretario de Relaciones de los Ponchos Rojos, Raúl Bautista, aseguró que 300 de sus afiliados participarán de la concentración del martes. “Queremos que se instale el diálogo y quede sin efecto el despido de más de 700 suboficiales”. A diferencia de este sector, dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que agrupa a sectores afines al oficialismo, condenaron la movilización militar.

El comandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), general Víctor Hugo Meneses, informó ayer que la baja de 715 uniformados fue por inasistencia a sus fuentes de trabajo, según ANF.

El presidente Evo Morales exigió el viernes disciplina y el vicepresidente Álvaro García negó el sábado diálogo al margen del respeto a la cadena de mando y el conducto regular. El ministro Quintana consideró que los movilizados “están en la esfera del delito”.

‘Nos duele muchísimo lo que pasa’

Pesar

La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sostuvo: “Como Gobierno no- sotros expresamos todo nuestro pesar por esta situación. Estamos preocupados. Nos duele muchísimo lo que está pasando”.

Presupuesto militar es de Bs 2.177 MM

El presupuesto de las Fuerzas Armadas creció entre 2006 y 2014 de Bs 1.176 millones a Bs 2.177 millones, de los que el 80% se encuentra destinado a sueldos de los militares, informó ayer el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

“Por lo tanto, convierte a las Fuerzas Armadas en una institución bastante inercial”, consideró la autoridad en una entrevista con los medios estatales. Añadió que el presupuesto “en términos de Defensa (subió en el mismo periodo) de Bs 1.500 millones a Bs 4.150 millones, 170% más”.

Mencionó el tema en el marco de una explicación sobre la situación en la institución castrense y la demanda de los sargentos y suboficiales, que denuncian discriminación. Aseguró que rige un incremento inversamente proporcional, es decir que quienes ganan menos reciben un mayor incremento.

Quintana puso el ejemplo de 2009, cuando los uniformados de baja graduación —afirmó— recibieron una mejora del 26% frente al 4% para los generales.

Los movilizados plantearon un pliego en el que demandan, entre otros aspectos, igualdad de derechos en la atención médica y de medicamentos; no al abuso de autoridades; inclusión de sargentos y suboficiales abogados en tribunales militares, y que el proyecto de “descolonización” siga su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El ministro remarcó que la mayoría de las demandas está atendida y que el tratamiento de la iniciativa legal se encuentra en manos de los legisladores, aunque adelantó el rechazo a propuestas inscritas en esa iniciativa como crear la guardia nacional y eliminar los rangos de sargentos y suboficiales.

“Tengo la impresión de que una gran parte de suboficiales y sargentos han sido mal informados, manipulados, engañados”, cuestionó, y abogó por la reflexión de los movilizados.

Ministro Quintana

Denuncias

Gobierno pedirá informes al Defensor del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia para constatar si se tramitan denuncias de discriminación a suboficiales y sargentos.

Guardia nacional

“Quieren crear una guardia nacional, no existe en la Constitución y plantean una tropa profesional como una estrategia de empleo”; no hay condiciones económicas para aceptarlo, dijo Quintana.

Profesión

En la FAB hay 83 suboficiales y sargentos con profesión al margen de la militar, frente a 56 oficiales; en la Armada 35 frente a 42 oficiales, y en el Ejército 101 frente a 98.

En el exterior

Hay siete oficiales de la FAB como agregados y adjuntos en legaciones, frente a dos suboficiales y sargentos; de la Armada son nueve oficiales y uno de baja graduación; en el Ejército hay cinco oficiales y cuatro suboficiales.

Conflicto

Militares empezaron el 3 de abril las protestas y anuncian radicalizarlas.

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