Seguridad nacional

La FTC toma el control de Apolo y reanuda la erradicación de coca

Operación. Unos 300 efectivos sentaron presencia en la comunidad de Miraflores

La Razón / Williams Farfán / Apolo

03:33 / 24 de octubre de 2013

Con al menos 300 militares y policías, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) tomó el control de la comunidad Miraflores (Apolo), donde el sábado, a raíz de una emboscada, fallecieron tres uniformados y un médico. Además, la FTC reanudó la labor de erradicación forzosa de coca excedentaria.

Cerca de las 05.00 de ayer, el contingente de la FTC ingresó a la zona en al menos 23 vehículos, al mando del subcomandante de la Policía, general Alberto Albarracín, y del fiscal Gregorio Blanco. Los uniformados portaban fusiles FAL y AR-15, lanzagases y picotas para destruir coca ilegal. La incursión no tropezó con problemas, ya que la mayoría de los cocaleros huyó a los cerros y en el lugar sólo se quedaron mujeres y niños.

La operación de la FTC se efectuó en medio de la tensión en la zona, ya     que el sábado los uniformados fueron atacados con armas de fuego. Según el Gobierno, fue una emboscada, pero los productores de coca dicen que fueron agredidos en sus viviendas con gases lacrimógenos, por lo que reaccionaron. A causa de este hecho, fallecieron los militares Óscar Gironda y Willy Yujra, el policía Reynaldo Quispe y el médico Michael Olivarez, todos por impacto de proyectil de arma de fuego.

Coca. El viceministro de Coca y Desarrollo Integral, Gumercindo Pucho, advirtió que la erradicación de la hoja avanzará para los productores que no tengan su registro biométrico, ya que en la zona la mayoría de ellos cuenta con esa matrícula.

Pucho advirtió a las familias cocaleras que el Gobierno permitirá que cada hogar con registro legal tenga sólo un cato de coca (40 metros por 40). Explicó que en Apolo (a 440 km al norte de La Paz) hay tres comunidades que tienen coca ilegal: Miraflores, Copacabana y Piedra Blanca.

El viceministro agregó que en la primera (a 30 kilómetros de Apolo) hay 38 familias legalmente establecidas en su plantación, por lo que sólo se verificaría que tengan lo que dice la ley. Detalló que diez personas carecen de registro.

Ante esa posición, los dos únicos dirigentes cocaleros aseguraron que no tienen otros ingresos para mantener a sus familias más que la producción de la hoja. Aseguraron que no hay otra alternativa para cultivos en el lugar porque la tierra no da frutos.

“No tenemos coca excedentaria y eso lo pueden ver todas las autoridades, porque la nuestra no pasa de dos catos por familia”, señaló uno de los dirigentes, que después de unos minutos fue detenido por la Policía.

Agregó que si los más de 38 productores del arbusto no tienen otra opción, dejarán que erradiquen su coca, pero de ningún modo se registrarán en el biométrico ya que éste es considerado una trampa para los productores.

Tras ese breve encuentro entre cocaleros y Gobierno, los efectivos de la FTC ingresaron a las plantaciones para verificar la existencia del cupo legal de coca y arrancar los arbustos ilegales, ante la mirada triste de niños y el llanto de las madres que rogaban que no se les quite la hoja. “Si nos quitan la coca, ¿de dónde voy a dar de comer a mis hijos, o es que el Gobierno me dará?”, reclamó a Pucho, en medio de llanto, una de las madres cocaleras.

Cerca de las 10.00, los uniformados desplegaron un operativo de dos anillos que consistía en cercar el pueblo desde las montañas hasta llegar a la plaza principal de Miraflores, donde reunieron a todos los pobladores, que en su mayoría eran mujeres y niños. 

El conflicto empezó el 24 de mayo, cuando se inició el trabajo de erradicación y racionalización de la coca.

Recolección de las evidencias

Inspección

La Fiscalía y la Policía recolectaron ayer evidencias del ataque armado que sufrieron uniformados el sábado. Este diario verificó el hallazgo del uniforme del policía Reynaldo Quispe y agujeros en las paredes por balas.

Investigan si 3 detenidos tienen doble nacionalidad

Dennis Luizaga

El Gobierno maneja aún de manera preliminar la detención de tres personas que tendrían doble nacionalidad, declaró a EFE el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez. “De los 15 detenidos (por el conflicto en Apolo), tres tendrían doble nacionalidad, boliviana y peruana, aunque las autoridades verifican esta información, manejada aún como preliminar”, dijo la autoridad, según reportó la agencia informativa.

Este diario informó ayer —con base en datos proporcionados la noche del martes, en Apolo, por personeros relacionados con la investigación— que cuatro sujetos peruanos fueron detenidos en esa región.

Horas antes, en la ciudad de La Paz, la defensa de Sabino Cubo —uno de los nueve comunarios que fueron remitidos a la cárcel de Patacamaya— indicó que la Policía detuvo a cinco personas de procedencia peruana.

En Sucre, el fiscal general, Ramiro Guerrero, confirmó ayer la detención de tres personas más en los operativos de Apolo, dos de ellas extranjeras —presumiblemente de nacionalidad peruana— y la otra boliviana. Manifestó que se indaga el origen de las primeras.

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