Seguridad nacional

Fiscales hallan ‘campamento armado’ entre las evidencias

El ministro Romero dijo que habían banderolas de uso estratégico

Vestigios. Un forense captura varias imágenes en la escuela de Miraflores donde estuvieron los rehenes.

Vestigios. Un forense captura varias imágenes en la escuela de Miraflores donde estuvieron los rehenes. Eduardo Schwartzberg.

La Razón / Mauricio Quiroz / La Paz

03:19 / 24 de octubre de 2013

La comisión de fiscales, enviada a la localidad de Apolo, halló un “campamento armado” desde donde pudo haber sido planificado el ataque del sábado contra un contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), reveló ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Según la autoridad, estas instalaciones se hallaban en una serranía cerca de la comunidad de Miraflores, ubicada a 30 kilómetros de Apolo, la localidad que se constituyó en la base de operaciones de los investigadores y de las fuerzas estatales desplazadas al lugar para erradicar los cocales ilegales.

Estrategias. “Los fiscales (...) se trasladaron al lugar de los hechos sangrientos para poder colectar las evidencias correspondientes. Inicialmente encontraron dos carpas en una serranía, las que dan cuenta de que se instaló un campamento, un campamento armado para esperar el ingreso de la Policía y el Ejército, para disparar contra ellos desde esa zona de altura”, afirmó el ministro de Gobierno en un contacto con la estatal radio Patria Nueva.

Romero contó que dentro de las carpas se encontraron banderolas similares a las que usan las fuerzas regulares para el entrenamiento táctico. “Esas banderolas fueron utilizadas, desde distintos puntos estratégicos, para hacer señales, de tal manera de marcar el ingreso de los efectivos de la FTC y señalizar el recorrido que ellos iban desarrollando”, describió.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, ordenó el lunes la conformación de una comisión  integrada por los cuatro representantes del Ministerio Público: Leopoldo Ramos, Gregorio Blanco, Javier Flores y José Villarroel, quienes están en la zona desde hace tres días. “Es un trabajo de seguimiento, tanto por los fiscales de materia que conforman esta comisión, como el fiscal departamental de La Paz (José Ponce) y la Fiscalía General del Estado”, remarcó Guerrero, en declaraciones recogidas por la agencia ABI.

“Seguramente en el lugar de los hechos se van a encontrar otras evidencias. Casquillos y otros elementos. Igualmente, dentro de la comunidad de Miraflores, tendrán que inspeccionar el colegio donde han tenido a los rehenes y otros elementos como recoger testimonios”, apuntó Romero. Dos militares, un policía y un médico murieron por disparos de supuestos comunarios.

‘Resistencia armada’ fue planificada, según fiscal

ABI

Leopoldo Ramos, fiscal de materia, afirmó ayer que en Apolo, al norte de La Paz, se planificó una “resistencia armada” para proteger la coca ilegal destinada al narcotráfico. “Entre las pruebas de cargo que posee el Ministerio Público están las grabaciones de las emisiones de radio Madidi, en las que los dirigentes convocan a la población a la resistencia armada para la defensa de la coca, que por supuesto es ilegal y destinada a las actividades ilícitas”, explicó Ramos a ABI.

La autoridad detalló que las grabaciones, registradas desde enero, son parte de las evidencias del ataque armado ejecutado el sábado en contra de efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta que, a su juicio, son “una secuencia sistemática”, de preparación, planificación y difusión para la resistencia violenta.

El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, denunció el 8 de octubre que un grupo de encapuchados atacó a  una ambulancia confundiéndola con un vehículo de la FTC. El fiscal corroboró el extremo y afirmó que ese grupo de personas, dirigidas por  Gregorio Cari Contreras y Domingo Guzmán Mendo, realizó un ampliado y aprobó un voto resolutivo advirtiendo al Gobierno que los cocaleros supuestamente legales están armados para resistir la erradicación.

Además, en el documento se exigió el retiro de la FTC. Una patrulla de esta fuerza fue emboscada el sábado. Tres uniformados y un médico fallecieron en el ataque armado. Hay 14 acusados por delitos de asesinato, secuestro, tortura, tenencia ilegal de armas, asociación delictuosa, lesiones graves, lesiones gravísimas y otras.

Bolivia y Perú tienden un cerco policial

Carlos Corz

Los gobiernos de Bolivia y Perú decidieron armar un cerco policial en ambos lados de su frontera común para ayudar a la captura de los responsables de los hechos de violencia de Apolo, donde el fin de semana fallecieron cuatro personas por herida de bala (dos militares, un policía y un médico) y 14 resultaron heridas por armas de fuego.

De acuerdo con un comunicado de la Cancillería del Perú, La Paz y Lima “han dispuesto establecer un cerco policial en ambos lados de la frontera, con el propósito de facilitar la captura de los responsables por los ataques perpetrados (el fin de semana) en la localidad de Apolo”.

Los hechos de violencia se resgistraron el sábado, cuando perdió la vida un efectivo del Ejército; luego, el domingo murió un policía y el martes se encontraron los cuerpos sin vida de otro militar y un civil que fueron declarados desaparecidos. El Gobierno boliviano calificó este hecho como una emboscada planificada por personas extranjeras vinculadas con el narcotráfico y denunció la tortura contra los uniformados.

En el comunicado divulgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú se precisó que la frontera entre ambas naciones no fue cerrada como inicialmente se informó en Bolivia, aunque el reporte señaló que el área del ataque en Apolo colinda con las provincias de Moho y Huancaré del departamento de Puno, “en una zona donde no existen pasos de frontera establecidos”.

Según la legislación internacional, los pasos de frontera deben contar con servicios de Aduana, Migración y Policía. Kasani, Desaguadero y Bolpebra (en el norte amazónico) son los pasos transfronterizos vigentes entre Bolivia y Perú.

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