Seguridad nacional

La Fiscalía General cita por edicto a Sánchez de Lozada por caso privatización

La Fiscalía General del Estado citó por edicto al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez para que asuman defensa en la acusación por daños económicos al Estado por el proceso de privatización y capitalización.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

12:33 / 20 de febrero de 2015

La Fiscalía General del Estado convocó a través de un edicto al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro Carlos Sánchez para que asuman defensa en la acusación presentada por la  Asamblea Legislativa Plurinacional por la comisión de tres delitos en dos casos por el proceso de capitalización y privatización de empresas públicas.

El edicto fue publicado “en razón de ignorarse su paradero y al no tener domicilio conocido en Bolivia” . El documento también menciona que se los cita para que asuman “su defensa material y técnica, y presenten su declaración informativa en calidad de denunciados”. Fija un plazo de 10 días para cumplir con el requerimiento fiscal.

Los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, período 2010-2015, aprobaron en enero la proposición acusatoria contra 11 exautoridades, tras una investigación que comenzó en 2013 y que encontró responsabilidades penales por dos casos de privatización y capitalización de empresas públicas. Entre los acusados está el político y empresario Samuel Doria Medina.

Según el informe final sobre las privatizaciones, el 21 de julio de 1993, con los recursos que comenzó a administrar Funda-Pro, se creó el Banco de la Producción SA (Banco-Pro), con la participación de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa (Prodem), cuyo socio mayoritario era Gonzalo Sánchez de Lozada, además de incluir a su empresa minera Comsur SA.

En el caso, además de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, están implicados los exministros Fernando Illanes, Renaldo Peters y Doria Medina, según el contenido del edicto, donde se especifica que los citados están vinculados con delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

El segundo caso investigado y con proposición acusatoria está relacionado a la capitalización de  una subsidiaria de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (Enfe) de la Red Andina (FCA-SAM), en un 50% de su valor real, a favor de la chilena Cruz Blanca.

El Legislativo aprobó hoy la formación de una nueva comisión especial para una segunda parte del proceso de privatización y capitalización. El vicepresidente Álvaro García aseguró que los responsables de la venta de los bienes del Estado deben ser procesados.

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