Seguridad nacional

La Fiscalía General pide autorizar un juicio contra el expresidente Sánchez de Lozada por privatización

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó de la decisión y aseguró que hay materia justiciable para iniciar un juicio por dos casos de privatización y capitalización investigados en la gestión legislativa 2010-2015. Aclaró que se pronunciará sobre el resto de 10 exautoridades vinculadas con el caso una vez se autorice el juicio

Gestión. El fiscal Ramiro Guerrero rinde un informe ante el país.

El fiscal Ramiro Guerrero. Foto archivo Yuvert Donoso.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz

12:40 / 05 de marzo de 2015

La Fiscalía del Estado solicitó al Legislativo, a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), autorizar el juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por delitos cometidos en el proceso de privatización y capitalización. Además aclaró que se pronunciará sobre la situación del resto de 10 exautoridades vinculadas en el caso si se autoriza el juicio.

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, informó de la decisión y explicó que fue remitida a la Sala Penal del TSJ el requerimiento acusatorio solicitando se autorice juzgar al expresidente por delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en los casos denominados FOCAS y la capitalización de la empresa de ferrocarriles Enfe.

El requerimiento fue presentado, en primera instancia, a la Sala Penal del TSJ, que luego lo derivará a la Sala Plena, que a su vez lo pondrá a consideración de la  Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia que estudiará el caso para autorizar o no el enjuiciamiento de la exautoridad, quien huyó a Estados Unidos tras la revuelta social de 2003.

Los legisladores del período 2010-2015 aprobaron en enero, a poco de cumplir con su mandato, la proposición acusatoria contra 11 exautoridades tras una investigación que comenzó en 2013 y que encontró responsabilidades penales por casos de privatización y capitalización de empresas públicas. Entre los acusados está el político y empresario Samuel Doria Medina.

Según el informe final, el 21 de julio de 1993, con recursos que comenzó a administrar Funda-Pro, se creó el Banco de la Producción SA (Banco-Pro), con la participación de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Microempresa (Prodem), cuyo socio mayoritario era Gonzalo Sánchez de Lozada, además de incluir a su empresa minera Comsur SA.

El segundo caso investigado y con proposición acusatoria está relacionado a la capitalización de  una subsidiaria de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (Enfe) de la Red Andina (FCA-SAM), en un 50% de su valor real, a favor de la chilena Cruz Blanca.

Además de Sánchez de Lozada y Doria Mediana, están vinculados en el caso lo exministros Carlos Sánchez Berzaín, Fernando Illanes de la Riva, Reynaldo Peters Arzabe, Arturo Beltrán Caballero, Flavio Escóbar, Gonzalo Apcha de la Parra, Alfonso Revollo, Jaime Villalobos, Hernando Candia Castillo, José Luis Landívar y Rolando Suárez Montoya.

Guerrero aseguró, según un boletín institucional, que hay materia justiciable en la conducta del expresidente que puede ser llevado a un Tribunal de Justicia por tener indicios penales. Aclaró que se pidió autorización legislativa porque el acusado es un expresidente y está amparado bajo la ley 044 para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia.

La Fiscalía emitirá un pronunciamiento sobre el resto de personas incluidas en la proposición acusatoria aprobada por el Legislativo en enero, una vez la Asamblea autorice el juzgamiento y se active la investigación penal.

Sánchez de Lozada y el exministro Sánchez fueron citados por edicto público para prestar declaraciones, sin embargo no concurrieron. Están en Estado Unidos, donde huyeron en 2003 tras la revuelta social que acabó con la dimisión del presidente, más de 60 muertes y centenares de heridos.

El expresidente también tiene pendiente un juicio de responsabilidades por esos hechos, además por el denominado caso Petrocontratos, firma de contratos hidrocarburíferos sin autorización congresal.

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