Seguridad nacional

Fuga de Soza reactiva pedidos de nulidad y retarda el caso Rózsa

Por la carta atribuida al exfiscal, los acusados piden anular el proceso

Justicia. Una audiencia del caso Terrorismo celebrada a fines de 2013 en la ciudad de Santa Cruz.

Justicia. Una audiencia del caso Terrorismo celebrada a fines de 2013 en la ciudad de Santa Cruz. Foto: Iván Condori-archivo

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

00:00 / 23 de marzo de 2014

La fuga a Brasil del exfiscal Marcelo Soza y la carta que se le atribuye a él reavivaron los pedidos de nulidad del caso Rózsa o Terrorismo y provocaron que haya más retardación en el juicio, ya que se recusó al Tribunal 1° de Sentencia de La Paz que lleva el proceso en la ciudad de Santa Cruz.

El caso Rózsa o Terrorismo surgió el 16 de abril, tras un operativo policial en el que se desarticuló a un grupo acusado de separatista por el Gobierno. La agrupación estaba supuestamente liderada por Eduardo Rózsa.

Este proceso, en el que hay 39 acusados, está en la fase oral, tras concluir la investigación a cargo del entonces fiscal Soza. Esta autoridad renunció en marzo de 2013, por amenazas a su familia y tras ser acusado de extorsionar a algunos de los procesados junto a su abogado Moisés Ponce de León.

El 11 de marzo de este año, Soza pidió asilo en Brasil. En una carta atribuida a él y difundida ese mismo día, se indica que el exfiscal teme por su vida y se denuncia irregularidades en el caso Rózsa, como la compra de testigos. Brasilia le otorgó 180 días de refugio, mientras la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) evalúa su asilo.

Reacciones. Las reacciones en el ámbito político fueron variadas en las últimas dos semanas tras publicarse la citada misiva. Mientras el oficialismo insiste en que hubo el grupo separatista, la oposición pide anular el juicio.

“Este juicio no tiene ni pies ni cabeza y debe volver a foja cero. Ahora le corresponde al presidente Evo Morales dictar un indulto para todos los presos políticos encarcelados y debe dictar una amnistía política para todos los líderes, sin distinción, que huyeron del país (por el caso Terrorismo) para que vuelvan al país”, sostuvo el senador Marcelo Antezana, del partido Convergencia Nacional (CN).

Agregó que en todo el proceso de investigación que realizó Soza se cometieron atropellos y abusos de poder. Por ello, el asambleísta anunció presentar una petición de juicio de responsabilidades ante la Fiscalía General del Estado en contra del mandatario Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, por los delitos de asesinato, encubrimiento, complicidad, extorsión y persecución.

Mientras el diputado opositor Fabián Yaksic, del Movimiento Sin Miedo (MSM), sostuvo que la carta de Soza es la muestra de que existe una crisis moral en el Ministerio Público y Órgano Judicial, con vinculaciones en el Órgano Ejecutivo y en la Policía.

Yaksic anunció que pedirá conformar una comisión de la Asamblea Legislativa, en la que si quiere puede participar el Movimiento Al Socialismo (MAS) para investigar todo el proceso, desde el trabajo de la Comisión Multipartidaria (2009), la etapa de investigación a cargo de Soza y el juicio oral.

En respuesta, el exasambleísta del MAS César Navarro defendió el juicio y acusó a la oposición de buscar dilatar el proceso con fines electorales.

El trámite judicial se suspendió la pasada semana y se prevé que se tardará al menos otras dos más, debido a que el Juzgado 2° de Sentencia debe revisar los 128 cuerpos que conforman proceso, tras el pedido de recusación del Tribunal 1° de Sentencia solicitado por Ignacio Villa (alias El Viejo); hasta el viernes revisaron 15.

Además los acusados pidieron la nulidad del juicio oral por Terrorismo.

Esa acción de retardación de justicia fue denunciada también desde el Ministerio de Gobierno, instancia que indicó que se plantearon más de 90 excepciones e incidentes.

Gran parte de esos incidentes y excepciones fueron presentadas por los acusados por irregularidades que detectaron, como la ausencia del fiscal en el operativo del hotel Las Américas, videos que revelan a policías sembrando pruebas, el que no hubo un enfrentamiento armado, la compra de testigos, pérdida de armas de los separatistas y la destrucción de un explosivo C4 sin autorización judicial, entre otros.

Pero el fiscal que ahora está encargado del caso, Sergio Céspedes, desvirtuó esas observaciones, ya que en su momento fueron valoradas por el juez y esta autoridad declaró que las pruebas fueron “legalmente obtenidas”.

Juicio puede volver a la declaración

Recusación

El fiscal Sergio Céspedes sostuvo que el juicio oral del caso Terrorismo puede retornar a la etapa de declaraciones, si es que el Tribunal 2° de Sentencia acepta la recusación    de Ignacio Villa     (El Viejo) contra el Tribunal 1° de Sentencia. Remarcó que la etapa de juicio continuará con nuevos o los mismos jueces, igual en el caso de fiscales.

Buscarían extinguir el caso con su estrategia

César Navarro, expresidente de la Comisión Multipartidaria (2009) que investigó el caso Terrorismo, actual representante presidencial de la Agenda Patriótica, denunció que los acusados en este juicio y políticos buscan dilatar el proceso con fines electorales.

Esta instancia legislativa inició su trabajo semanas después de que se desarticuló el grupo acusado de separatista. La pesquisa duró siete meses y luego entregaron un informe conclusivo, en noviembre de 2009. Allí afirmaron que hubo un grupo terrorista al mando de Eduardo Rózsa que tenía la intensión de dividir al país.

Ilícito. “Lo que debe suceder es terminar el juicio oral porque lo que existe en este momento es una estrategia de los acusados y políticos de dilatar el juicio, para luego extinguir la causa. No es otra cosa, porque uno revisa las declaraciones de ellos y es una constante descalificación a todo sin argumentos ni nada”, dijo Navarro.

Agregó que la actitud de la oposición solo tiene el objetivo de anular este proceso porque les interesa políticamente para su discurso. Además de que habrán otros beneficiados legales, que serán los separatistas, y ahí el perdedor será el pueblo boliviano. Consultado sobre las observaciones planteadas tanto por los políticos como por los acusados, debido a la falta del fiscal en el operativo del hotel Las Américas, compra de testigos, pérdida de armas, entre otros, Navarro respondió que la comisión no vio ese tema y ni lo trató.

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