Seguridad nacional

Fiscalía presenta acusación formal contra Gabriela Zapata por el caso de tráfico de influencias

Gabriela Zapata, expareja del presidente Evo Morales, es acusada por delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

Gabriela Zapata. Foto: APG

La exgerente comercial de la empresa china CAMC, Gabriela Zapata. Foto: APG

La Razón Digital / Ángel Guarachi / La Paz

18:32 / 27 de julio de 2016

La Fiscalía presentó este martes ante el Juzgado Primero de Instrucción Anticorrupción de El Alto la acusación formal contra la exgerente de la empresa china CAMC Gabriela Zapata por la comisión de seis delitos, entre ellos legitimación de ganancias ilícitas en el caso denunciado por tráfico de influencias. Otras cinco personas también fueron acusadas por diferentes delitos y grados de responsabilidad.

La comisión de fiscales que investiga el caso formuló la acusación formal contra Zapata por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegitimas, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

“El Ministerio Público ha logrado colectar elementos suficientes para sostener la acusación fiscal y tener éxito en la sustentación de la misma ante el Órgano Judicial. En consecuencia, hemos considerado pertinente presentar la acusación fiscal en el caso conocido públicamente como Zapata, en el marco de los plazos establecidos por ley para la etapa preparatoria”, anunció el fiscal departamental Edwin Blanco.

La investigación fue declarada concluida a mediados de este mes, según informó el fiscal general, Ramiro Guerrero. El caso de Zapata salió a la luz pública luego de que el productor de televisión Carlos Valverde denunciara un presunto tráfico de influencias entre el Estado y la empresa CAMC a partir de una relación sentimental entre la hoy acuasada y Morales.

Durante el proceso de investigación fue implicada la hoy exdirectora de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, Cristina Choque, en grado de autoría por permitir que Zapata utilice las oficinas y movilidades de ese despacho para fines ilícitos. La Fiscalía la acusó por los delitos de asociación delictuosa, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos.

El ex chofer de la misma dependencia Jimmy Morales también fue acusado por asociación delictuosa, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos. Fue implicado tras realizar un depósito de $us 30.000 a la cuenta de Zapata.

Otro de los acusados es Ricardo Alegría por asociación delictuosa, legitimación de ganancias ilícitas, ambos en grado de autoría, ya que entre noviembre de 2013 y febrero de 2014 realizó cinco depósitos bancarios que suman cerca de $us 10.000 a la cuenta de Zapata.

Alegría habría incurrió además en el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos en grado de complicidad por ingresar en reiteradas oportunidades a las oficinas de la Unidad de Gestión Social, incluso fungiendo como servidor público dependiente de ese despacho para recibir personas y contribuir a los fines ilícitos de la principal acusada.

De acuerdo con la imputación formal, Alegría, Zapata y Choque habrían sostenido extensas reuniones desde el 30 de septiembre de 2011. Se acusó también a Carlo Marvin Ramírez, socio de la expareja de Morales, por los delitos de asociación delictuosa, en grado de autoría, además de uso indebido de bienes y servicios públicos, en grado de complicidad. Entre 2011 y 2013 habría ingresado en reiteradas oportunidades a la unidad estatal que dirigía Choque.

Se incluyó además al abogado de Zapata, Walter Zuleta, por los delitos de asociación delictuosa por sostener reuniones con la exgerente Comercial de CAMC y los demás acusados.

Actualmente, Zapata, Choque, Ramirez, Alegría y Morales guardan detención preventiva, mientras que Zuleta estaría en Perú y habría solicitado refugio político.

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