Seguridad nacional

Piden aplicar ley para retirar a adolescentes de las cárceles

Sanción. Gobierno insta a llevar a menores a centros de orientación

Ceremonia. Adolescentes privados de libertad en el patio central del centro de Calahuma, Viacha.

Ceremonia. Adolescentes privados de libertad en el patio central del centro de Calahuma, Viacha. Wara Vargas-Archivo.

La Razón (Edición Impresa) / Williams Farfán / La Paz

03:59 / 27 de octubre de 2015

El Ministerio de Justicia sugirió a las gobernaciones aplicar el Código Niña, Niño, Adolescente, aprobado mediante la Ley 548 en 2014, para retirar a los adolescentes de entre 16 y 18 años de las cárceles y llevarlos a centros de orientación, dijo el viceministro del área, Diego Jiménez.

La propuesta se dio luego de que la autoridad gubernamental y representantes diplomáticos de Italia presentaron el libro Agua que labra la piedra, que recoge y narra las experiencias de ambos países en temas de régimen penitenciario y justicia.

“Pedimos que se aplique con toda la fuerza para incorporar el sistema, no solamente las gobernaciones, sino también los fiscales y los jueces, que vean los temas de menores de edad, pero de igual forma nosotros siempre estamos detrás, impulsando, para que se aplique la normativa que ayudará a sacar de las cárceles a jóvenes que se quedaron”, sostuvo Jiménez.

Proceso. Sugirió aplicar el citado código que incorpora en el régimen penal, para los adolescentes, un sistema diferenciado de tratamiento, ya que antes de la normativa, los menores de entre 16 y 18 años, cumplían una pena privativa de libertad como cualquier otro adulto. Actualmente se encuentra este tipo de casos en las cárceles de San Pedro de La Paz y Palmasola de Santa Cruz.

El nuevo Código Niña, Niño y Adolescente fue promulgado por el presidente Evo Morales el 17 de julio de 2014 y entró en vigencia el 6 de agosto de ese mismo año. Jiménez instó a las autoridades departamentales del país a aplicar también lo que ordena la normativa, que es la creación de centros de orientación y rehabilitación de adolescentes que tienen cuentas pendientes con la ley. De esta forma, añadió, la pena privativa de libertad para éstos será la última instancia de sanción en la que las personas de entre 14 y 18 años, en el ámbito nacional, accedan a una terapia de recuperación.

Explicó que, por el momento, en el país existen solo dos centros de orientación con las características que exige el Código Niña, Niño Adolescente: Calahuma de La Paz y el Centro Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz). En ambas unidades los jóvenes tienen la posibilidad de terminar el colegio y tener una profesión técnica.

Según los datos de Régimen Penitenciario, en el país hay al menos 800 jóvenes privados de libertad. Un 80% de éstos no tiene sentencia. “No todos están en Calahuma o Cenvicruz, todavía hay menores de edad que están en cárceles convencionales y el objetivo de la ley es que, cuando se construyan los centros, se los pueda trasladar a esos lugares, todo está en manos de las gobernaciones”, enfatizó el Viceministro de Justicia.

Jiménez recordó que el código prevé una serie de medidas como la reorientación y que la máxima pena para un menor de edad debe ser de seis años de prisión, condena que debe ser cumplida en los centros de orientación de cada departamento.

“La Gobernación debe crear los centros de orientación, que no son cárceles, son espacios donde los adolescentes pagan una sentencia con el trabajo comunitario ordenado por el juez. Ahí tendrá una serie de medidas, como el poder terminar el colegio y poder entender el daño que hizo”, remarcó Jiménez a los periodistas.

Entre los casos recientes de jóvenes implicados en delitos, el 19 de octubre, tres personas de 16, 17 y 18 años fueron sentenciadas a seis años de reclusión en el centro de Calahuma, tras ser acusadas de violar a una adolescente en reiteradas oportunidades. El hecho ocurrió en la localidad de Llallagua, en el departamento de Potosí.

Hay 14.000 detenidos

Preventivo

El viceministro de Justicia, Diego Jiménez, informó que en el país hay al menos 14.000 privados de libertad y que el 74% de éstos guarda detención preventiva, es decir que carecen de una sentencia. Con la próxima Cumbre Judicial, todavía sin fecha, se espera cambiar esta situación.

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