Seguridad nacional

Gobierno prevé presentar una ley de indulto hasta fin de año

Proyecto. Se analizan los aspectos técnicos para ver a cuánta gente se beneficiará. Hay varias propuestas

La Paz. Reos frente a la capilla del penal de San Pedro, ayer.

La Paz. Reos frente a la capilla del penal de San Pedro, ayer.

La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz

01:12 / 16 de octubre de 2012

El Ministerio de Gobierno prevé que antes de fin de año se pondrá en consideración de las autoridades respectivas la norma que pueda dar paso a un indulto para los privados de libertad del país. De momento realiza estudios técnicos para ver a cuánta gente se podría beneficiar.

“Estimamos que antes de finalizar la presente gestión ya se elevará a consideración de las instancias correspondientes el instrumento normativo que pueda dar curso al indulto”, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tras un acto en instalaciones del penal de San Pedro de La Paz.

La autoridad reconoció que esta demanda de los privados de libertad adquirió connotación de debate público y de agenda nacional, por lo que a través de las carteras de Justicia y de Gobierno, mediante la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), se trabaja en los detalles técnicos para dar viabilidad a esa norma.

Indicó que el indulto está reconocido en la Constitución y que corresponde su análisis debido a que el 83% de los privados de libertad son preventivos y en la mayoría de los casos víctimas de retardación de justicia y de las condiciones de hacinamiento que son el común denominador en las cárceles.

El responsable de la DGRP, Ramiro Llanos, manifestó que hay más de una iniciativa orientada a lograr un indulto en Bolivia. Inicialmente, se prevé otorgar el beneficio en caso de delitos menores, es decir, a quienes tengan sentencias de cinco años para abajo, como indica el proyecto que presentó el Ministerio de Justicia. También se busca la salida de enfermos terminales y de personas de la tercera edad.

“Estamos elaborando los datos técnicos para ver qué porcentaje de personas va a salir”, afirmó Llanos. Aseguró que se debe considerar que el índice de detenidos preventivos es mayor que el de sentenciados y que la norma prevé aplicarse sólo a estos últimos, por lo que podría ser poca la gente que podrá beneficiarse. “Hasta  fines de octubre o primeros días de noviembre se tendrá la propuesta”, aseguró Llanos.

En tanto, se conoció que las internas de la cárcel de mujeres de Miraflores (La Paz) hicieron llegar a la DGRP un proyecto de ley de indulto que pide aplicarse exclusivamente a privadas de libertad mayores de 58 años. “La propuesta salió de las internas de Miraflores y se está incorporando al proyecto que elabora la DGRP y que está orientado a un universo mayor”, explicó Rita Oporto, directora departamental de Régimen Penitenciario.

Oporto hizo notar que se debe tomar en cuenta que existen causas excluyentes para el indulto, pues en principio se prevé beneficiar solamente a personas sentenciadas; otro factor a considerar es que hay delitos que no admiten el “perdón” y que una importante cantidad de personas estarían dentro de ese ámbito de exclusión.

La eventual aprobación de una ley de indulto para presos en Bolivia podría beneficiar sólo a unos 200 reclusos (1,48%) de los cerca de 13.500, según Régimen Penitenciario. En el caso del penal de San Pedro de La Paz, su delegado Limber Pórcel calculó que con los proyectos conocidos a la fecha se beneficiaría el 1% de ese recinto.

El proyecto de Ley de Concesión de Indulto por Razones Humanitarias que redactó el Ministerio de Justicia prevé llegar al 40% de la población penal en Bolivia, entre ellos menores de 21 años, mayores de 60 años, gente con discapacidad grave o muy grave, con enfermedad terminal y condenados hasta con ocho años de cárcel.

Control de civiles

Proceso

Como parte de la implementación del Reglamento de Cárceles, el director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, recordó que desde 2013 se prevé que civiles estén a cargo de la administración de cárceles. La norma plantea la incorporación de agentes penitenciarios, con capacitación especializada, para velar por la seguridad.

La protesta en el COF de Obrajes se mantiene

El Ministerio de Gobierno estudia algunas medidas de emergencia para que las internas del Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes dejen de impedir el ingreso de nuevas internas a ese centro penitenciario. Analiza incluso la posibilidad de ampliar esa infraestructura.

Además de una ampliación, que se la haría en el corto plazo, el ministro Carlos Romero indicó que también se trabaja en algunas medidas alternativas, como la detención domiciliaria y la aplicación de otros beneficios que puedan descongestionar ese centro. “Lo que sí les puedo asegurar es que forma parte de nuestras preocupaciones prioritarias y seguramente aplicaremos rápidamente un plan de emergencia para este caso”, indicó.

Situación. Las internas del COF de Obrajes cumplieron ayer una semana de vigilia para impedir que se incremente el número de privadas de libertad en condiciones de hacinamiento. Desde el viernes sólo habrían admitido a dos reclusas más, porque se trataba de dos sentenciadas, según la directora departamental de Régimen Penitenciario, Rita Oporto. “A personas que fueron remitidas a Obrajes con detención preventiva las han tenido que llevar al centro de Miraflores”, informó.

De acuerdo con los reportes de Seguridad Penitenciaria, desde ayer las internas resolvieron no permitir el ingreso ni siquiera de sentenciadas y se mantiene una vigilia permanente. Oporto señaló que momentáneamente se busca reuniones con los administradores de justicia para buscar alternativas. “Si bien hacen su trabajo y envían detenidas preventivas, sería bueno que se revise otros para que puedan salir”, sostuvo.

Bs 4 millones para educación en cárceles

Los titulares de los ministerios de Gobierno y de Educación firmaron un convenio de cooperación que permitirá invertir Bs 4 millones en la construcción de módulos educativos para presos y albergues pedagógicos para sus hijos.

“Éste es el proyecto educativo más grande que se va a realizar en la historia de los penales en Bolivia”, dijo el ministro de Educación, Roberto Aguilar. Resaltó que la inversión abarcará, en la cárcel de San Pedro, una construcción de cuatro plantas (sobre la capilla) para que allí funcionen aulas de educación para adultos y el parvulario para cerca de 150 niños.

Además, se creará los CAIP (Centros de Apoyo Integral Pedagógico) para niños y adultos en al menos 15 cárceles del país, entre ellas El Abra (Cochabamba), Cantumarca (Potosí), San Roque (Sucre), Palmasola, (Santa Cruz) y Mocoví (Trinidad).

El objetivo de este proyecto modelo es crear condiciones para fortalecer los procesos educativos productivos de los reclusos y el desarrollo integral de sus hijos, según el ministro de Gobierno, Carlos Romero, que al margen de ello anunció que hasta mayo de 2013 se hará entrega de mejoras en infraestructura en siete cárceles.

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