Seguridad nacional

El Gobierno socializa el indulto; preocupa plazo para el trámite

Cárcel. Romero anuncia acuerdos con universidades para papeleos

Justicia. La viceministra de Derechos Fundamentales, Érika Chávez, tras visitar el penal de San Pedro.

Justicia. La viceministra de Derechos Fundamentales, Érika Chávez, tras visitar el penal de San Pedro. Ángel Illanes.

La Razón / Juan José Cusicanqui / La Paz

03:51 / 13 de septiembre de 2013

Autoridades del Órgano Ejecutivo iniciaron ayer una campaña de socialización del Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía a presos que están en cárceles del eje central del país. Preocupa si el plazo de un año para el trámite de los beneficiarios, establecido en la norma, será suficiente.

El presidente Evo Morales firmó el citado decreto el miércoles y lo envió a la Asamblea Legislativa para que lo apruebe y lo ponga en vigencia. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, visitó a los privados de libertad que están en el penal de Palmasola; su colega de Justicia, Cecilia Ayllón, se dirigió a reclusorios de Cochabamba; mientras que la viceministra de Derechos Fundamentales, Érika Chávez, se trasladó a recintos penitenciarios paceños.

Morales aprobó el decreto, el segundo tras una norma similar que dictó el 20 de diciembre de 2012, tras la tragedia por una pugna de poder entre reos de Palmasola, el 23 de agosto, en la que murieron 34 internos y un niño, además por la lentitud de los juicios que se refleja en que ocho de cada diez reos no tienen condena.

El perdón beneficiará a presos que tengan sentencias iguales o menores a ocho años de cárcel por delitos menores; a adultos mayores y adolescentes imputados, con enfermedad grave o incurable con periodo terminal, con discapacidad grave o muy grave; y a padres de familia que tengan a su cargo  hijos menores de 12 años en penales.

Plazo. El plazo de un año para el trámite del indulto o amnistía preocupa a los internos, ya que consideran que en algunos casos puede ser insuficiente. El primer indulto otorgaba 30 días para los papeleos, pero ese término tuvo que ser ampliado hasta fin de año porque quienes podían acceder al perdón no lograban obtener algunos documentos que eran requisitos.

Ever Quiliche, representante de los internos de San Pedro de La Paz, solicitó que los trámites para obtener los documentos no sean morosos, ya que los potenciales beneficiarios tienen dificultad para conseguirlos.

Romero, en Santa Cruz, comprometió apoyo jurídico para la aceleración de esos papeleos y para la elaboración de carpetas. “Vamos a firmar convenios con universidades con el objetivo de que los estudiantes egresados de Derecho puedan colaborar a los privados de libertad”, anunció.

Jorge Leytón, director nacional de Defensa Pública, indicó en Cochabamba que desde agosto recolectan datos de los privados de libertad vulnerables, de la tercera edad, discapacitados y enfermos terminales, para luego continuar con toda la población, a fin de hacer el seguimiento de sus causas y tener una base de datos real de los presos que servirá para establecer políticas criminales en el país.

Ayllón aclaró que los internos por tráfico o transporte de cantidades mínimas de droga y/o sustancias controladas, cuya condena no sobrepase los ocho años de prisión, serán beneficiados con el decreto. La viceministra Chávez declaró en La Paz que el Gobierno emprende una serie de tareas legales destinadas a dar celeridad a los procesos judiciales.

A la par de la socialización de la norma, ya empezaron a surgir cifras sobre la cantidad de presos que se beneficiarán con el decreto. Romero, el 4 de septiembre, dijo que la norma llegará a cerca de 2.000 internos. Sólo en Palmasola se prevé que al menos 600 reclusos, entre hombres y mujeres, obtendrán el perdón.

En Sucre, el representante de los privados de libertad, Vidal Cruz, sostuvo que con el decreto de indulto sólo se beneficiarán de cuatro a cinco presos, aunque la jueza de Ejecución Penal de Chuquisaca, Vidalia Morales, estimó que del 20 al 30% de internos pueden tener el perdón.

En Oruro, unos 15 reos ancianos del penal de San Pedro pueden beneficiarse, según Régimen Penitenciario. Esta nota fue elaborada con datos de los corresponsales de Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Sucre.

Cusi sugiere el trabajo comunitario

Plan

Gualberto Cusi, magistrado del Tribunal Constitucional, planteó ayer en Sucre que los privados de libertad que se beneficien del indulto y la amnistía otorgada por el presidente Evo Morales, puedan someterse a trabajos comunitarios, como una forma de reinserción en la sociedad.

Internos solicitan ampliar el perdón

Reclusos de los penales de La Paz y Sucre solicitan al Gobierno la ampliación del indulto para que llegue a beneficiar no sólo a los reos que tengan de cuatro a ocho años de prisión, sino también a los que tengan hasta diez años de cárcel.

Ever Quiliche, delegado de los reos de San Pedro de La Paz, sostuvo que el decreto de indulto y amnistía aprobado por el presidente Evo Morales beneficiará sólo al 1% de la población carcelaria. “No va a favorecer a muchos internos, entonces vamos a proponer que el tema de la amnistía y el indulto lo puedan extender a aquellos que tengan sentencia hasta diez años”, dijo.

Vidal Cruz, delegado de los reos del penal de San Roque de Sucre, calificó de discriminatorio el decreto y aseguró que no beneficia mucho a los internos a los que representa.  También dijo que con el decreto las penitenciarías no se vaciarán y planteó un indulto para todos los privados de libertad, reduciendo en dos años la pena para todos ellos.

Maiber Rivero, delegado de los reos del PC4 de Palmasola, propuso al Ejecutivo encaminar una auditoría técnica jurídica a los jueces y fiscales que llevan adelante los procesos judiciales de los internos que se encuentran con detención preventiva.

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